Herritarron erantzuna krisiaren aurrean

Atravesamos una grave crisis, cuyo alcance y desenlace ha sumido en la incertidumbre a todo el planeta. Es preciso conocer su naturaleza, y el papel que deben desempeñar ante ella los movimientos sociales, en particular el vecinal.

El capitalismo es el sistema que domina las relaciones económicas en el mundo actual. Está basado en la búsqueda del lucro de unos pocos a costa de la explotación de la mayoría de la humanidad y del planeta. Este fundamento individualista e insolidario provoca unos desajustes que desembocan en crisis cíclicas, como la presente, siendo accidental o secundario el fenómeno concreto que lo desencadena (en este caso las llamadas hipotecas basura).

La crisis produce convulsiones en el sistema financiero (flujo de capitales, bolsas de valores) y destrucción del tejido productivo (cierres de empresas, despidos masivos), aumentando considerablemente el número, ya de por sí elevado, de los excluidos del sistema. El aumento de la pobreza, los desahucios de viviendas, las desestructuraciones familiares, la ruina de pequeños comercios, la competencia por unos recursos (laborales, formativos, servicios sociales) cada vez más escasos, etc. se refleja también en la vida de los barrios, lo que aviva las tensiones entre las comunidades, creando un caldo de cultivo para las actitudes excluyentes y xenófobas.
Se puede observar con claridad que, como en anteriores ocasiones, los responsables que han provocado la crisis (banqueros y grandes propietarios de los medios de producción y distribución) tratan de que el peso y consecuencias de la misma recaiga sobre las víctimas, es decir, los sectores de población explotados.

El capital, que domina casi todas las esferas de la vida social, controla también las instituciones (aunque estas sean elegidas por sistemas democráticos), bien colocando a sus representantes a través de los partidos de derecha, bien cercenando la capacidad de decisión cuando tratan de aplicar políticas que no se ajusten a sus estrictos intereses. En momentos de crisis como la actual, las instituciones adoptan tres tipos de medidas que son complementarias: 1. Disminución de los servicios y atenciones sociales; 2. aumento de tasas e impuestos indirectos que afectan al conjunto de la ciudadanía (al tiempo que disminuyen los de las grandes fortunas); 3. transferencia de recursos presupuestarios a las arcas de las élites financieras y empresariales.
Ante esta situación, no es sólo el movimiento obrero quien debe articular respuestas frente a la crisis y las políticas que pretenden cargar sobre los trabajadores sus consecuencias, sino que se hace imprescindible la contribución de otros movimientos como el vecinal.

La sociedad expresa un permanente conflicto de intereses entre los diversos grupos o clases sociales. En la actualidad son los intereses particulares de los poderosos los que se imponen al conjunto. Y en tales condiciones, frente a unas instituciones que no son neutrales, los movimientos populares no pueden ser ni colaboradores ni mediadores, sino decididos representantes de los intereses de la base popular de la que nacieron. La política subvencionadora y clientelar que algunas instituciones tienen puesta en marcha, ha cegado la vista a ciertos dirigentes que confunden totalmente su función.

Si en condiciones normales la función principal de las asociaciones de vecinos es la reivindicativa (no la de organización de actividades lúdicas o de ocio), en momentos de crisis su papel tampoco debe reducirse a amortiguar las consecuencias de la crisis, o a mediar en los conflictos que provoca (aunque esto no quiere decir que deban ignorarse estas posibles situaciones) y sus circunstancias. Para eso están otro tipo de asociaciones e instituciones.
El movimiento vecinal debe denunciar, en primer lugar, la naturaleza de la crisis. Debe oponerse, con toda la fuerza de que sea capaz, a los planes que pretenden imponer nuevas cargas a los trabajadores, vía impuestos indirectos, nuevas tasas municipales, subidas de precios, etc., exigiendo que la carga impositiva recaiga sobre las rentas más elevadas. Debe exigir de las instituciones mayores servicios públicos, para paliar los efectos de la crisis.

Pero además el movimiento vecinal, junto con otros movimientos populares, debe actuar con iniciativa y no limitarse a la mera defensa de unas condiciones de vida, ya de por sí precarias, que la crisis puede empeorar aún más. Para ello se precisa de una estrategia ofensiva, con un programa, una organización y métodos de lucha adecuados, para convertir la crisis en una oportunidad de transformación social radical o de mejora de la correlación de fuerzas a la salida de la crisis.

El programa reivindicativo debe contemplar, al menos, el derecho efectivo a una vivienda digna, a una renta básica, a unos servicios sociales universales públicos y gratuitos, a una participación efectiva en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la esfera política y productiva, a una justicia digna de tal nombre, etc. Se trata de condiciones mínimas para avanzar realmente.
Las organizaciones de base local o territorial adquieren gran importancia en la defensa de los intereses populares y la disputa del poder a los sectores dominantes. La lógica del sistema capitalista tiende a igualarnos a todos por lo bajo (disminución de salarios, reducción de la protección social, etc.), pero sus intelectuales diseñan métodos de diferenciación que dificultan la unidad de acción; es lo que fomentan con la gran precariedad y fragmentación de las condiciones laborales, incluso en el interior de una misma empresa, que actualmente alcanza unas dimensiones no conocidas anteriormente. Los barrios, que juntan a la población según su nivel de renta, pueden ser lugares de encuentro, de difusión de la conciencia de clase, de organización y lucha por unas condiciones dignas, no sólo locales sino laborales. En los barrios y pueblos existen también empresas susceptibles de sufrir conflictos laborales, en los que las organizaciones locales pueden jugar un papel importante de apoyo.

Los barrios son también los lugares de encuentro de “esa misma clase obrera, nativa o extranjera”, cuya alianza se ve continuamente amenazada por los mensajes xenófobos fomentados por los medios de comunicación y las instituciones, que buscan enfrentamientos por la disputa de recursos (trabajo, vivienda, servicios en general), cada vez más escasos. Debemos convertir las contradicciones en motor de cambio, superando las actitudes meramente asistencialistas.

No debe olvidarse tampoco el papel decisivo que han tenido a lo largo de la historia algunos movimientos locales populares, que fueron capaces de provocar caídas de gobiernos e impulsar procesos revolucionarios, como ocurrió con las Juntas Vecinales en Bolivia. En otras ocasiones se han convertido en apoyo a la actividad de gobiernos populares amenazados por sabotajes provocados por las fuerzas reaccionarias (cordones chilenos). Las organizaciones de base territorial, en colaboración con otras organizaciones sectoriales, deben estar preparadas para combates más decisivos, que sin duda llegarán.

La demanda de estas ayudas se disparará este año un 25%, hasta alcanzar las 38.000 solicitudes.

Deia. Txus Díez. Gasteiz.

El Gobierno vasco aprobó ayer incrementar en un 60% el dinero destinado a las Ayudas de Emergencia Social (AES) en 2009, después de constatar que los ayuntamientos se han quedado ya sin fondos para sufragar alquileres e hipotecas. La crisis económica se ha cebado con las capas más desfavorecidas de la sociedad, lo que se ha traducido en un incremento muy importante en la demanda de este tipo de ayudas. Así, se espera que este año haya 38.000 perceptores, un 25% más que los 27.300 registrados en 2008, cuando la coyuntura económica ya era claramente negativa.

Según explicó la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, la cuantía destinada por el Gobierno vasco a estas prestaciones se incrementará en 20 millones de euros, para pasar de los 34,5 millones actuales a 54,5, con lo que se cubrirá el 85% de la demanda prevista de 63,6 millones de euros. La partida inicial sólo cubría el 55% de las solicitudes, con lo que se cargaba en los ayuntamientos la financiación de prácticamente la mitad de unas ayudas, las AES, que a partir del próximo 1 de enero de 2009 Lakua sufragará al 100%, tal y como le exige la Ley de Garantía de Ingresos Mínimos aprobada el pasado 23 de diciembre.

Así, la "importantísima cuantía" liberada ayer supone una "medida transitoria" hasta que las ayudas a los gastos de vivienda se conviertan en un "derecho subjetivo perfecto" en virtud de una ley que la propia Zabaleta trabajó desde la oposición. Así, la consejera afirmó que ahora le corresponde completar desde el Gobierno una ampliación de las ayudas que en su día exigió al anterior Ejecutivo.

polémicas La consejera destacó en ese sentido que, una vez en el Gobierno, era obligado hacerse cargo de unas partidas que nunca se han entendido como una obligación de la Administración. De ahí vienen las habituales polémicas surgidas en los últimos años entre el Gobierno vasco y los consistorios, que o bien cerraban la ventanilla cuando se acababan las partidas de Lakua, o bien ponían dinero de sus arcas para no dejar a la gente en la calle.

Ya este año el Ejecutivo cubrirá el citado 85% de las cuantías demandadas, un porcentaje que no se alcanzaba desde 2006, cuando "las circunstancias eran radicalmente distintas", explicó Zabaleta. Por ello, la consejera afirmó que la partida aprobada tiene como destinatarios, además de a los propios perceptores, a unos ayuntamientos "que soportan una carga que no les corresponde y que están en su propia situación de crisis y endeudamiento".

Efectivamente, en los últimos ocho años el número de perceptores se ha incrementado en más del doble, pasando de los 16.512 de 2002 a los 38.000 previstos este año, y el gasto ha evolucionado en el último lustro de los 24 millones gastados por el Ejecutivo en 2004 a los 54,5 que de momento se van a invertir en 2009.

En este tiempo el papel de los municipios a la hora de completar las ayudas que restaban por cubrir ha sido desigual, aunque en los dos últimos ejercicios rondó el 25%. El 2009 iba a ser el año en el que los ayuntamientos se iban a ver más acogotados por estas partidas, precisamente en un momento en el que la liquidez brilla por su ausencia en estas instituciones. La cantidad aprobada ayer se ha obtenido tras efectuar "un barrido de los diferentes departamentos", según Gemma Zabaleta.