Las agencias de ráting, culpables sin condena en la crisis financiera

Sus calificaciones están en el origen de la crisis financiera pero hasta el momento no han asumido responsabilidad alguna por su actuación. Son las agencias de calificación crediticia o de ráting, que ya estuvieron de actualidad hace años tras las quiebras de empresas como Enron. De poco o nada han servido las recomendaciones, ya que estas agencias tienen una implicación directa en la crisis nacida de las hipotecas «subprime». Es un hecho irrefutable.

GARA. Alberto CASTRO Analista bursátil

Las agencias de calificación crediticia o de ráting han sido una parte importante en el origen de la crisis financiera, pero hasta la fecha no han sido penalizadas de ningún modo y aún siguen teniendo la sartén por el mango. Y lo que es peor, la historia se ha repetido.

Hasta las quiebras de Enron y Parmalat en 2003 su papel no había sido puesto en tela de juicio. En ese año, las tres grandes agencias que representan el 92% del sector -Moody's, Standard and Poor's y Fitch- mantuvieron el ráting de nivel de inversión hasta poco antes de la quiebra de Enron. Para muchos, aunque no quedó demostrado judicialmente, las agencias habían sucumbido a las presiones de la propia firma y de otros bancos de inversión que alentaban la compra de Enron por parte de otra compañía. También se puso de manifiesto la lentitud de estas agencias para responder al aumento del riesgo de crédito en la compañía. Es decir, ya se cuestionaba entonces su independencia del emisor y la calidad de sus calificaciones.

Es, por tanto, una historia que viene de lejos, y que no ha sido subsanada, a la vista de su directa implicación en la generación de la crisis financiera. Y en este último caso, además, no se podrían escudar en el hecho de que las compañías les entregaran información financiera falsa, tal como pudieron alegar en el caso de Enron. A raíz de esta quiebra, se abrió un periodo de revisión del funcionamiento de las agencias a ambos lados del Atlántico, con algunos cambios en las legislaciones y normas de conducta. En 2006, la Comisión Europea llegaba a la conclusión de que no era necesaria ninguna iniciativa legislativa nueva y el Comité de Reguladores Europeos de Valores (CESR) estaba satisfecho con el grado de cumplimiento de las agencias del código de conducta de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores), donde se dan pautas para asegurar la calidad e integridad del proceso de calificación, evitar conflictos de intereses y responsabilizarse ante emisores e inversores.

Calificaciones inapropiadas. Pero de poco o nada han servido estas recomendaciones, ya que las agencias tienen una implicación directa en la crisis nacida de las hipotecas `subprime'. Es algo irrefutable. Sus buenas calificaciones para productos estructurados con enorme riesgo de crédito -bonos de titulación hipotecaria sobre viviendas y obligaciones garantizadas por deuda, particularmente- son el detonante de lo acontecido desde 2007. Asimismo, Lehman Brothers, días antes de la quiebra, ostentaba una calificación A2 en Moody's, y A en Standard and Poor's, es decir se situaba todavía dentro del grado de inversión. Y, si como escribe Ramón Losada, técnico de la CNMV, «el objetivo último de la agencia es establecer la posibilidad de que el activo que representa una deuda pague sus obligaciones a sus poseedores dentro de un periodo determinado de tiempo», está bien claro que las agencias no cumplieron con su trabajo y, cuando menos, participaron activamente en la construcción de la gran burbuja crediticia que encendió la mecha de la crisis económica.

No se debe olvidar nunca que las agencias cobran su servicio de calificación a los emisores, una evidencia que pone en serio peligro la independencia de las decisiones. También se debe saber que, en muchos casos, son las propias agencias las que colaboran en la construcción de los productos para que obtengan mejores calificaciones. Es decir, hacen trajes a medida al ofrecer sus servicios en materia de inversión. Por tanto, ahora se trata de encontrar un modelo que impida, de forma definitiva, la dependencia de las agencias, aumente la calidad de sus certificaciones y tenga a la transparencia como una de sus normas más rígidas. Esta es, en principio, una de las tareas principales del G-20 para devolver la confianza al sistema financiero.

Nueva regulación. A pesar de todos los errores de las agencias de calificación y la negativa a entonar un mea culpa rotundo, se admite por principio que son esenciales para el funcionamiento de los mercados financieros y que ahora se trata de dar con ese modelo más justo. Por el momento, en la última reunión del mes de abril en Londres, los miembros del G-20 sólo nos dejaron sus buenas intenciones al precisar que quieren ampliar la supervisión y el registro regulador a las Agencias de Calificación de Crédito para garantizar que cumplen el código internacional de buenas prácticas, en especial para impedir conflictos de interés inaceptables. El próximo mes de septiembre en Estados Unidos se verá, dentro de la nueva reunión del G-20, el grado de cumplimiento de ese propósito.

Mientras tanto, y a la espera de ese acuerdo a nivel mundial, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta que destaca, entre otros puntos, la defensa de la independencia y la eliminación de los conflictos de interés; la mejora en la calidad de las calificaciones; el aumento de la transparencia y la organización del registro y de la supervisión de las agencias de calificación crediticia.

Pero el camino de esta nueva regulación no será fácil, puesto que es difícil reorganizar un sector que participa activamente en las diferentes políticas públicas de compras de activos financieros y que, por tanto, hay que contar con ellas para disponer de sus calificaciones. Es evidente, sin embargo, que la larga lista de fallos cometidos por las agencias ha provocado una pérdida profunda de credibilidad y que sólo una reforma audaz podría devolverles el prestigio.

Las crisis económicas provocan un aumento de suicidios y de muertes violentas en los países afectados

Un estudio publicado en la versión digital de la conocida revista «The Lancet» indica que las crisis económicas provocan un aumento de los suicidios y de los asesinatos en los países afectados -casi todos en una recesión global como la que vivimos-, mientras los accidentes de tráfico se reducen.

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Según los autores del estudio, en el que se recomienda la aplicación de políticas efectivas de empleo para contribuir a reducir esta tendencia, el paro, la pérdida del empleo, es una de las causas principales del incremento de esas muertes, por lo que se considera necesario implementar programas de formación y de reinserción laboral que ayuden a «mitigar» los efectos del desempleo entre los trabajadores afectados.

Los autores del estudio -David Stuckler, profesor de la universidad de Oxford, y Martin McKee, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres- examinan cómo las diferentes crisis económicas sucedidas en las últimas tres décadas han afectado a la mortalidad de la población en 26 países que forman parte de la Unión Europea.

El objetivo de este trabajo era determinar qué políticas sanitarias públicas pueden servir mejor para contrarrestar los efectos de las recesiones. A este respecto, explican que existen diferentes teorías sobre las consecuencias de las crisis en las poblaciones: una corriente sostiene que provocan un aumento de las enfermedades mentales, el estrés y las adicciones; mientras, otra asegura que las personas se inclinan a adoptar estilos de vida más sanos, andando en lugar de coger el coche o consumiento menos alcohol.

Sin embargo, el estudio de los dos profesores ingleses apoya empíricamente la tesis de que las dificultades económicas, y en particular el paro, guardan una relación directa con el incremento de los suicidios y los homicidios. De esta forma, la investigación concluye que por cada 1% de aumento del desempleo en los países analizados, ascendían un 0,8% los suicidios entre menores de 65 años, en mismo porcentaje que los asesinatos. En cambio, los accidentes de tráfico se reducían un 1,4%.

Hasta un 28% en muertes por alcohol

Asimismo, si en los estados analizados la tasa de desempleo subía más de un 3%, los suicidios de los menores de 65 años se incrementaban un 4,5% -un aumento proporcionalmente mayor-, mientras que las muertes por abuso de alcohol ascendían hasta un 28%. Stuckler y McKee, en cualquier caso, no hallaron pruebas de que el desempleo provocara un aumento general de la mortalidad en la UE, aunque las respuestas variaban según las poblaciones, dependiendo sobre todo de sus sistemas de protección social.

De esta forma, en los países de Europa Central y del Este, donde hoy día hay menos ayudas contra el paro, la población está muy expuesta a problemas de salud cuando el desempleo aumenta drásticamente.

Los autores del estudio publicado en The Lancet apuntan que ellos se centraron en analizar concretamente la mortandad, sin entrar a valorar los efectos de la recesión en los riesgos o incidencia de las enfermedades. En este sentido, una de sus conclusiones, y también una advertencia, es que los efectos de la crisis en la salud, como cuadros de miedo y ansiedad, pueden ser duraderos, lo que puede coger «desprevenidos» a los sistemas de salud pública.

A partir de su investigación, en la que señalan que el comportamiento arriesgado del sector financiero tiene efectos claros en toda la población, los expertos recomiendan a los gobiernos que protejan a sus poblaciones, sobre todo invirtiendo para mantener a la gente en sus empleos y, en su caso, ayudando a los parados a conseguir otros trabajos, como forma de hacer frente a situaciones de riesgo.

Según observaron Stuckler y McKee, una inversión en programas laborales mayor de 190 dólares por cabeza mitigaba el efecto del paro en las tasas de mortalidad por suicidio, lo que ofrece «la oportunidad de crear paquetes de estímulo que alineen inversiones en el mercado laboral con la promoción de la salud».