La CAV presenta el tercer mayor índice de ocupabilidad del estado. Las mujeres, los inmigrantes y los de mayor edad son los que más difícil lo tienen para salir del desempleo
Noticias de Gipuzkoa. Madrid. e.p.
Sólo uno de cada cuatro parados registrados en el Inem tiene una probablidad alta de salir del desempleo, según el índice de ocupabilidad de parados registrados que elabora el Ministerio de Trabajo.
Más de 1,4 millones de personas, el equivalente al 39,5% de los más de 3,6 millones de desempleados que estaban registrados en el Inem a finales de agosto, tenían pocas o muy pocas probabilidades estadísticas de encontrar un empleo.
El índice de ocupabilidad de los parados registrados refleja que el 13,2% de los desempleados inscritos en el Inem (479.942) tenían muy pocas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, mientras que para el 26,3% (955.840 parados) las probabilidades eran bajas.
más fácil en navarra Por comunidades autónomas, Navarra sigue presentando el porcentaje más alto de desempleados que tienen una alta ocupabilidad. En la Comunidad Foral algo más de cuatro de cada diez parados, el 42,35%, es altamente ocupable, es decir, que tiene más posibilidades estadísticas de salir del desempleo. Le sigue de cerca Madrid, con un 39,4%.
En País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana y Asturias uno de cada tres desempleados tienen más probabilidades de abandonar las listas del Inem. En Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Melilla la ocupabilidad es alta para aproximadamente uno de cada cuatro parados.
En general, las posibilidades de salir del paro son menores para las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de mayor edad, los que tienen menor nivel de estudios, los demandantes de más antigüedad y los perceptores de prestaciones, especialmente los que cobran ayudas asistenciales, subsidios para mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción (RAI).
Cuanto más amplio es el ámbito territorial de búsqueda de empleo, más probabilidades hay de encontrar un puesto de trabajo.
Por sexos, el 36,4% de los 1,8 millones de parados varones registrados en agosto en las oficinas del Inem tenían pocas o muy pocas posibilidades de encontrar un empleo, porcentaje que repunta hasta el 42,7% en el caso de las mujeres, colectivo que concentra a casi la mitad de los desempleados a nivel nacional.
lunes, 7 de septiembre de 2009
Aralar denuncia trabas a los inmigrantes para cobrar la renta básica
Aralar ha denunciado la "execrable postura" de la Diputación de Vizcaya que "exige" a los inmigrantes que reclaman el pago de la renta básica y las ayudas de inserción "que demuestren que no tienen patrimonio en sus lugares de origen".
ADN. EFE. Bilbao
Iosu Murgia, representante de Aralar en las Juntas Generales de Vizcaya, a través de un comunicado, ha reprochado que esta actitud "está generando que en muchos inmigrantes, ante la imposibilidad de conseguir esos papeles o ante la tardanza de los mismos, estén entrando en situación de extrema pobreza".
El representante de Aralar ha señalado que los solicitantes reclaman ese dinero "para comer y poder pagar un pequeño alquiler", por lo que la actitud de la diputación, "acrecienta la exclusión social en este colectivo".
ADN. EFE. Bilbao
Iosu Murgia, representante de Aralar en las Juntas Generales de Vizcaya, a través de un comunicado, ha reprochado que esta actitud "está generando que en muchos inmigrantes, ante la imposibilidad de conseguir esos papeles o ante la tardanza de los mismos, estén entrando en situación de extrema pobreza".
El representante de Aralar ha señalado que los solicitantes reclaman ese dinero "para comer y poder pagar un pequeño alquiler", por lo que la actitud de la diputación, "acrecienta la exclusión social en este colectivo".
domingo, 6 de septiembre de 2009
Seguimiento del efecto de los 420 euros en el País Vasco
Una de las medidas estrella de Zapatero, la ayuda de 420 euros para los trabajadores que se han quedado sin prestación de desempleo, concita reacciones encontradas entre los sindicatos vascos.
Diario Vasco P. A.
UGT se congratula de que se haya extendido la misma hasta el 1 de enero y cuantifia los posibles receptores en la Comunidad Autónoma Vasca en 10.609 trabajadores. Considera que podrán beneficiarse bastantes personas, ya que la Renta Básica que se percibe en Euskadi -de 640 euros-, es más restrictiva, porque los requisitos para acceder a ella son más duros. «Puede haber muchas personas que no puedan acceder a dicho salario social».
CC OO, que también lo valora de forma positiva, cree que debería considerarse como un derecho subjetivo, de forma que todos los trabajadores que hubieran agotado la prestación tuvieran derecho a cobrarlo de forma generalizada. Y es que recuerda que la incompatibilidad de percibirlo con otras prestaciones como la Renta Básica o los Ingresos Mínimos dejan fuera a mucha gente. En cualquier caso, señal que realizarán un seguimiento de cuántos trabajadores vascos pueden acceder a esta ayuda.
Para ELA, sin embargo, más allá del debate de la fecha, es la cifra. Así, no considera lógico que se concedan 420 euros cuando el Salario Mínimo Interprofesional está por encima de los 600. En este sentido, recuerda que más de 1.200.000 trabajadores españoles no cobran nada.
LAB cree que se trata de otro «parche que pone en evidencia la falta de rumbo del ejecutivo de Zapatero». A su entender, lo preocupante es que los gobiernos del País Vasco y de Navarra están haciendo «seguidismo de las políticas económicas que lleva a cabo el Gobierno central». Además, considera que tan importante como la cobertura a los desempleados es el mantenimiento del empleo frente a los despidos, así como medidas para crear empleo de calidad.
Diario Vasco P. A.
UGT se congratula de que se haya extendido la misma hasta el 1 de enero y cuantifia los posibles receptores en la Comunidad Autónoma Vasca en 10.609 trabajadores. Considera que podrán beneficiarse bastantes personas, ya que la Renta Básica que se percibe en Euskadi -de 640 euros-, es más restrictiva, porque los requisitos para acceder a ella son más duros. «Puede haber muchas personas que no puedan acceder a dicho salario social».
CC OO, que también lo valora de forma positiva, cree que debería considerarse como un derecho subjetivo, de forma que todos los trabajadores que hubieran agotado la prestación tuvieran derecho a cobrarlo de forma generalizada. Y es que recuerda que la incompatibilidad de percibirlo con otras prestaciones como la Renta Básica o los Ingresos Mínimos dejan fuera a mucha gente. En cualquier caso, señal que realizarán un seguimiento de cuántos trabajadores vascos pueden acceder a esta ayuda.
Para ELA, sin embargo, más allá del debate de la fecha, es la cifra. Así, no considera lógico que se concedan 420 euros cuando el Salario Mínimo Interprofesional está por encima de los 600. En este sentido, recuerda que más de 1.200.000 trabajadores españoles no cobran nada.
LAB cree que se trata de otro «parche que pone en evidencia la falta de rumbo del ejecutivo de Zapatero». A su entender, lo preocupante es que los gobiernos del País Vasco y de Navarra están haciendo «seguidismo de las políticas económicas que lleva a cabo el Gobierno central». Además, considera que tan importante como la cobertura a los desempleados es el mantenimiento del empleo frente a los despidos, así como medidas para crear empleo de calidad.
miércoles, 5 de agosto de 2009
El salario mínimo se encuentra lejos de los países avanzados a nivel social
El salario mínimo interprofesional (SMI) del Estado español se mantiene lejos de los países más avanzados a nivel social de la UE. En 2009 está fijado en 728 euros, lo que supone una diferencia del 38,73% con Gran Bretaña y es un 81,45% menos que el existente en el Estado francés. Además, el SMI es un 90,52% menor que el belga; un 100,8% inferior al irlandés y un 125,5% menor al de Luxemburgo.
GARA. Juanjo BASTERRA
Los datos de Eurostat confirman que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el Estado español no se acerca al existente en los países más avanzados a nivel social de la Unión Europea. En veinte de los veintisiete estados está instaurado el salario mínimo, incluso la oficina estadística europea incluye datos de Estados Unidos y de Turquía, que sitúan esos niveles de rentas mínimas en niveles muy alejados también de los países punteros de la UE.
A la vista del análisis de los datos, se confirma que la brecha se mantiene y se prolonga en el tiempo, lo que supone perjudicar a miles de trabajadores que obtienen sus salarios en ese nivel económico bajo. Lo mismo ocurre con miles de pensionistas y perceptores de la renta básica en Hego Euskal Herria que tienen la referencia del salario mínimo para obtener las rentas mensuales.
En el Estado español el SMI alcanza los 728 euros al mes en doce pagas, según constata Eurostat. Esa cantidad es un 43% inferior a la cantidad económica que se establece para el umbral de la pobreza en Hego Euskal Herria, como año tras año reclama Elkartzen, movimiento en favor de los derechos sociales.
Grandes y graves diferencias
El SMI del Estado español es un 38,73% inferior al existente en Gran Bretaña, que rebasa los mil euros por poco. Es un 81,45% inferior al existente en el Estado francés o un 89,8% menor al de los Países Bajos. La diferencia se acrecienta con el salario mínimo que se paga en Bélgica, que es un 90,53% superior al del Estado español; el irlandés dobla los 728 euros mensuales que acordó el Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, y Luxemburgo paga un 125,5% más. Por debajo del SMI del Estado español se encuentran Grecia, Malta, Eslovenia y Portugal.
El Gobierno español tiene el objetivo de llegar a 800 euros al final de la legislatura, lo que sería insuficiente para garantizar el umbral mínimo de la pobreza y acercarse con fortaleza a los países más avanzados.
La paradoja en este tema se encuentra en la división territorial de Euskal Herria. Porque un vasco de Lapurdi, Nafarroa Beherea o Zuberoa percibe un SMI mensual de 1.321 euros al mes, es decir 593 euros más que otro de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa o Nafarroa.
Los empresarios son los que hasta la fecha han ganado la batalla para evitar que el salario mínimo aumente a niveles de los países destacados de la Unión Europea, porque tendría un efecto sobre los salarios de elevación. También la Administración pública se beneficia, porque de esa manera los recursos que destina al pago de cantidades a los más necesitados es inferior.
Industria y Servicios
El estudio de Eurostat compara lo que supone el salario mínimo frente a las ganancias de los trabajadores de los sectores de la Industria y Servicios. Muestra que el SMI representa desde un 29% del salario de un trabajador del sector industrial o de servicios hasta el 50,5%. En el Estado español representa un 42,1% del salario de un trabajador y de un 48,1% de un trabajador en el Estado francés.
En Estados Unidos el salario mínimo representa el 31,2% del sueldo de un trabajador de la industria o del sector servicios.
El riesgo de pobreza crece en la Unión Europea en época de crecimiento y de crisis económica
El anuario de Eurostat de 2008 confirma que, una consecuencia de los bajos salarios mínimos, es el aumento de la pobreza entre los habitantes de la UE, tanto en época de crecimiento desbocado de la economía como en recesión. Es ahora cuando se está elevando el número de afectados, por el crecimiento del desempleo y, sobre todo, porque la Europa del Bienestar Social, aquella que se diferenció de otros modelos más agresivos como el estadounidense, está perdiendo peso específico.
Entre el año 2000 y el 2005, en pleno apogeo económico, la UE de los Veinticinco mantuvo en un 16% la tasa de riesgo de la pobreza, pero los analista de la oficina estadística europea confirman que durante estos dos últimos años ha empeorado y «se ha elevado en, al menos, dos puntos, según los avances que se están registrando».
En el Estado español, sin embargo, en ese período de riqueza desmedida para algunos, el riesgo a la pobreza creció del 18% al 20% y, en estos momentos, algunos técnicos en la materia confirman que ese nivel se encuentra ya próximo al 30% debido al efecto del paro masivo que se está produciendo. En el Estado francés, se habría reducido del 16% al 13%, aunque los técnicos confirman que está creciendo más.
Eurostat explica que en 2005 un 10% de los trabajadores del Estado español estaba en riesgo de pobreza, en el Estado francés, un 6%. En la actualidad, ese nivel de riesgo se ha duplicado.
GARA. Juanjo BASTERRA
Los datos de Eurostat confirman que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el Estado español no se acerca al existente en los países más avanzados a nivel social de la Unión Europea. En veinte de los veintisiete estados está instaurado el salario mínimo, incluso la oficina estadística europea incluye datos de Estados Unidos y de Turquía, que sitúan esos niveles de rentas mínimas en niveles muy alejados también de los países punteros de la UE.
A la vista del análisis de los datos, se confirma que la brecha se mantiene y se prolonga en el tiempo, lo que supone perjudicar a miles de trabajadores que obtienen sus salarios en ese nivel económico bajo. Lo mismo ocurre con miles de pensionistas y perceptores de la renta básica en Hego Euskal Herria que tienen la referencia del salario mínimo para obtener las rentas mensuales.
En el Estado español el SMI alcanza los 728 euros al mes en doce pagas, según constata Eurostat. Esa cantidad es un 43% inferior a la cantidad económica que se establece para el umbral de la pobreza en Hego Euskal Herria, como año tras año reclama Elkartzen, movimiento en favor de los derechos sociales.
Grandes y graves diferencias
El SMI del Estado español es un 38,73% inferior al existente en Gran Bretaña, que rebasa los mil euros por poco. Es un 81,45% inferior al existente en el Estado francés o un 89,8% menor al de los Países Bajos. La diferencia se acrecienta con el salario mínimo que se paga en Bélgica, que es un 90,53% superior al del Estado español; el irlandés dobla los 728 euros mensuales que acordó el Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, y Luxemburgo paga un 125,5% más. Por debajo del SMI del Estado español se encuentran Grecia, Malta, Eslovenia y Portugal.
El Gobierno español tiene el objetivo de llegar a 800 euros al final de la legislatura, lo que sería insuficiente para garantizar el umbral mínimo de la pobreza y acercarse con fortaleza a los países más avanzados.
La paradoja en este tema se encuentra en la división territorial de Euskal Herria. Porque un vasco de Lapurdi, Nafarroa Beherea o Zuberoa percibe un SMI mensual de 1.321 euros al mes, es decir 593 euros más que otro de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa o Nafarroa.
Los empresarios son los que hasta la fecha han ganado la batalla para evitar que el salario mínimo aumente a niveles de los países destacados de la Unión Europea, porque tendría un efecto sobre los salarios de elevación. También la Administración pública se beneficia, porque de esa manera los recursos que destina al pago de cantidades a los más necesitados es inferior.
Industria y Servicios
El estudio de Eurostat compara lo que supone el salario mínimo frente a las ganancias de los trabajadores de los sectores de la Industria y Servicios. Muestra que el SMI representa desde un 29% del salario de un trabajador del sector industrial o de servicios hasta el 50,5%. En el Estado español representa un 42,1% del salario de un trabajador y de un 48,1% de un trabajador en el Estado francés.
En Estados Unidos el salario mínimo representa el 31,2% del sueldo de un trabajador de la industria o del sector servicios.
El riesgo de pobreza crece en la Unión Europea en época de crecimiento y de crisis económica
El anuario de Eurostat de 2008 confirma que, una consecuencia de los bajos salarios mínimos, es el aumento de la pobreza entre los habitantes de la UE, tanto en época de crecimiento desbocado de la economía como en recesión. Es ahora cuando se está elevando el número de afectados, por el crecimiento del desempleo y, sobre todo, porque la Europa del Bienestar Social, aquella que se diferenció de otros modelos más agresivos como el estadounidense, está perdiendo peso específico.
Entre el año 2000 y el 2005, en pleno apogeo económico, la UE de los Veinticinco mantuvo en un 16% la tasa de riesgo de la pobreza, pero los analista de la oficina estadística europea confirman que durante estos dos últimos años ha empeorado y «se ha elevado en, al menos, dos puntos, según los avances que se están registrando».
En el Estado español, sin embargo, en ese período de riqueza desmedida para algunos, el riesgo a la pobreza creció del 18% al 20% y, en estos momentos, algunos técnicos en la materia confirman que ese nivel se encuentra ya próximo al 30% debido al efecto del paro masivo que se está produciendo. En el Estado francés, se habría reducido del 16% al 13%, aunque los técnicos confirman que está creciendo más.
Eurostat explica que en 2005 un 10% de los trabajadores del Estado español estaba en riesgo de pobreza, en el Estado francés, un 6%. En la actualidad, ese nivel de riesgo se ha duplicado.
El paro crece otra vez en Hego Euskal Herria y se confirma la precariedad
En un año se han sumado 51.647 personas al desempleo
El paro aumentó en 755 personas en Hego Euskal Herria en julio y suma ya 154.434 desempleados, un 11,35% de la población activa. En doce meses, son 51.647 parados más en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Por contra, disminuyó la contratación laboral fija en un 35,14%.
GARA. Juanjo BASTERRA | BILBO
El desempleo creció en julio en Hego Euskal Herria después de dos meses de reducciones. El mercado laboral vasco es muy vulnerable, como lo demuestran los datos de los Servicios Públicos de Empleo, debido a la elevada precariedad laboral, que permite a los empresarios deshacerse de la mano de obra en el momento que disponga.
En julio, 755 personas se sumaron a las listas del paro en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Son ya 154.434 parados, pero en un año ha aumentado en un 50,24% en Hego Euskal Herria, ya que en estos doce meses han engrosado las listas un total de 51.647 personas más.
A estos datos hay que añadir el efecto negativo que se está produciendo en la contratación laboral. Hasta julio, se han firmado en Hego Euskal Herria un total de 485.719 contratos de trabajo, lo que supone una reducción de 61.869 contrataciones. Asimismo, el 91,73% de las contrataciones son temporales. Además, en ese periodo interanual se han firmado 21.741 contratos fijos menos, lo que supone una reducción del 35,14%.
La estadística oficial, por otro lado, recuerda que en Hego Euskal Herria hay 216.726 demandantes de empleo; de ellos 50.125 personas cuentan con un trabajo, pero desean cambiar.
También se conocieron ayer los datos de la afiliación a la Seguridad Social. En este caso, en Hego Euskal Herria se redujo el número de inscritos en 814 personas, pero en los últimos doce meses la caída de la afiliación suma ya 60.194 personas, lo que pone de manifiesto la gravedad de la repercusión de la crisis económica en el empleo.
Las perspectivas para el futuro inmediato no son positivas, como han tenido que reconocer los diferentes agentes sociales y los organismos públicos. El Gobierno de Gasteiz recordó que en julio «se inicia el ciclo de crecimiento de paro registrado, que suele durar hasta comienzos del siguente año», mientras que el Gobierno de Iruñea expresó que «es un dato negativo, aunque es un mes alcista».
Ciertamente, sólo Hego Euskal Herria, Murcia y Catalunya han cerrado julio con aumento en el número de desempleados. La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) adelantó, en ese sentido, que a la vuelta del verano los datos de desempleo serán más negativos también en el resto del Estado español, a pesar de que en julio redujo el número de parados en 20.794 personas.
Esta apreciación va en consonancia con las previsiones que han manifestado recientemente los dirigentes de las diferentes patronales, que han reconocido que los expedientes de regulación de empleo se van a recrudecer a partir de setiembre. En este caso, CCOO de Euskadi recordó ayer que «la crisis sigue muy presente» y lamentó «el deterioro progresivo del empleo». Cándido Méndez, secretario general de UGT en el Estado español, dijo que el paro a nivel estatal se redujo por «el efecto de la estacionalidad» y las «ayudas económicas a la contratación» para las administraciones locales, pero añadió que «es más que probable que el paro aumente después del verano».
Las diferentes organizaciones representativas de los trabajadores autónomos recordaron, por otro lado, que se está produciendo una pérdida elevada de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, «más preocupante que los efectos negativos del aumento del paro».
Un 33% de los desempleados no recibe prestación económica para sobrevivir
Los datos oficiales confirman que uno de cada tres parados de Hego Euskal Herria no percibe prestación económica ni subsidio por desempleo. En total, son 50.544 personas que no cuentan con unos ingresos de las arcas públicas. De los 154.434 desempleados de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa perciben prestación o subsidio un total de 103.890, según los datos del Ministerio español de Trabajo e Inmigración.
En este sentido, hay que recordar que, aunque el Gobierno español ha aprobado entregar durante seis meses 420 euros, cantidad inferior al salario mínimo interprofesional, a quienes hayan agotado el período de prestación o subsidio, fue en una de las reformas laborales de la década de los noventa cuando se elevaron los períodos de contratación para tener acceso a prestación y, a su vez, ésta se redujo.
Por herrialdes las diferencias son notables. En Bizkaia sólo uno de cada cuatro parados percibe prestación económica (24,5%); y en Nafarroa, el 27,2%. Mientras que en Gipuzkoa se eleva al 31% y en Araba, al 32%. Según los datos oficiales, el gasto para el pago de prestaciones, que se recauda de las cotizaciones, es de 137 millones al mes.
El paro aumentó en 755 personas en Hego Euskal Herria en julio y suma ya 154.434 desempleados, un 11,35% de la población activa. En doce meses, son 51.647 parados más en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Por contra, disminuyó la contratación laboral fija en un 35,14%.
GARA. Juanjo BASTERRA | BILBO
El desempleo creció en julio en Hego Euskal Herria después de dos meses de reducciones. El mercado laboral vasco es muy vulnerable, como lo demuestran los datos de los Servicios Públicos de Empleo, debido a la elevada precariedad laboral, que permite a los empresarios deshacerse de la mano de obra en el momento que disponga.
En julio, 755 personas se sumaron a las listas del paro en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Son ya 154.434 parados, pero en un año ha aumentado en un 50,24% en Hego Euskal Herria, ya que en estos doce meses han engrosado las listas un total de 51.647 personas más.
A estos datos hay que añadir el efecto negativo que se está produciendo en la contratación laboral. Hasta julio, se han firmado en Hego Euskal Herria un total de 485.719 contratos de trabajo, lo que supone una reducción de 61.869 contrataciones. Asimismo, el 91,73% de las contrataciones son temporales. Además, en ese periodo interanual se han firmado 21.741 contratos fijos menos, lo que supone una reducción del 35,14%.
La estadística oficial, por otro lado, recuerda que en Hego Euskal Herria hay 216.726 demandantes de empleo; de ellos 50.125 personas cuentan con un trabajo, pero desean cambiar.
También se conocieron ayer los datos de la afiliación a la Seguridad Social. En este caso, en Hego Euskal Herria se redujo el número de inscritos en 814 personas, pero en los últimos doce meses la caída de la afiliación suma ya 60.194 personas, lo que pone de manifiesto la gravedad de la repercusión de la crisis económica en el empleo.
Las perspectivas para el futuro inmediato no son positivas, como han tenido que reconocer los diferentes agentes sociales y los organismos públicos. El Gobierno de Gasteiz recordó que en julio «se inicia el ciclo de crecimiento de paro registrado, que suele durar hasta comienzos del siguente año», mientras que el Gobierno de Iruñea expresó que «es un dato negativo, aunque es un mes alcista».
Ciertamente, sólo Hego Euskal Herria, Murcia y Catalunya han cerrado julio con aumento en el número de desempleados. La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) adelantó, en ese sentido, que a la vuelta del verano los datos de desempleo serán más negativos también en el resto del Estado español, a pesar de que en julio redujo el número de parados en 20.794 personas.
Esta apreciación va en consonancia con las previsiones que han manifestado recientemente los dirigentes de las diferentes patronales, que han reconocido que los expedientes de regulación de empleo se van a recrudecer a partir de setiembre. En este caso, CCOO de Euskadi recordó ayer que «la crisis sigue muy presente» y lamentó «el deterioro progresivo del empleo». Cándido Méndez, secretario general de UGT en el Estado español, dijo que el paro a nivel estatal se redujo por «el efecto de la estacionalidad» y las «ayudas económicas a la contratación» para las administraciones locales, pero añadió que «es más que probable que el paro aumente después del verano».
Las diferentes organizaciones representativas de los trabajadores autónomos recordaron, por otro lado, que se está produciendo una pérdida elevada de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, «más preocupante que los efectos negativos del aumento del paro».
Un 33% de los desempleados no recibe prestación económica para sobrevivir
Los datos oficiales confirman que uno de cada tres parados de Hego Euskal Herria no percibe prestación económica ni subsidio por desempleo. En total, son 50.544 personas que no cuentan con unos ingresos de las arcas públicas. De los 154.434 desempleados de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa perciben prestación o subsidio un total de 103.890, según los datos del Ministerio español de Trabajo e Inmigración.
En este sentido, hay que recordar que, aunque el Gobierno español ha aprobado entregar durante seis meses 420 euros, cantidad inferior al salario mínimo interprofesional, a quienes hayan agotado el período de prestación o subsidio, fue en una de las reformas laborales de la década de los noventa cuando se elevaron los períodos de contratación para tener acceso a prestación y, a su vez, ésta se redujo.
Por herrialdes las diferencias son notables. En Bizkaia sólo uno de cada cuatro parados percibe prestación económica (24,5%); y en Nafarroa, el 27,2%. Mientras que en Gipuzkoa se eleva al 31% y en Araba, al 32%. Según los datos oficiales, el gasto para el pago de prestaciones, que se recauda de las cotizaciones, es de 137 millones al mes.
Abstracción de una realidad muy cruda
GARA. Editorial
Dentro del sistema socioeconómico imperante en Occidente, el capitalismo contemporáneo, el pleno empleo hace tiempo que dejó de ser un objetivo político para convertirse en una consecuencia más del crecimiento económico. Una consecuencia por así decirlo matemática, supuestamente garantizada por la consecución de los objetivos marcados por la perspectiva neoliberal. Incluso aquellos partidos considerados socialdemócratas abandonaron ese objetivo político, dejándolo en manos del mercado. Ahora mismo, en plena crisis, sus políticas están dirigidas a lograr la reactivación económica, es decir, a volver a tasas de crecimiento pasadas que traigan como efecto colateral la bajada de un paro que amenaza con generar diferentes grados de conflictividad social. Esta perspectiva para afrontar una crisis que es estructural al sistema muestra la miseria moral del mismo. Lo vital, el bienestar, la riqueza, el desarrollo, la igualdad y la justicia es considerado un efecto secundario benigno más que objetivo central de la política y la economía.
Los datos del paro publicados ayer reflejan la cara más dura de la crisis actual. No sólo los escandalosos datos del desempleo -¡un 50% más en un año en Hego Euskal Herria!-, sino la precariedad que los acompaña, el desamparo que generan en amplios sectores sociales -que son, además, los más vulnerables-. El paro femenino, el paro de familias enteras, el paro juvenil, el progresivo agotamiento de los subsidios por desempleo, la falta de estos en muchos casos... Los datos, por fríos que sean, representan esas tragedias humanas.
Y es ahí donde está el peligro de esos números. Como representación que son, tienen el peligro de matizar la realidad, de mostrar una abstracción que si bien en un primer momento puede escandalizar, a medio plazo no alcanza a representar la verdadera crudeza de la realidad. Por eso, más allá de los números, hay que mirar a las tendencias que éstos marcan. Por eso, más que leer las reacciones oficiales hay que proyectar una respuesta en el plano estructural. Es necesaria una alternativa a un sistema que asume esos datos como algo natural.
Dentro del sistema socioeconómico imperante en Occidente, el capitalismo contemporáneo, el pleno empleo hace tiempo que dejó de ser un objetivo político para convertirse en una consecuencia más del crecimiento económico. Una consecuencia por así decirlo matemática, supuestamente garantizada por la consecución de los objetivos marcados por la perspectiva neoliberal. Incluso aquellos partidos considerados socialdemócratas abandonaron ese objetivo político, dejándolo en manos del mercado. Ahora mismo, en plena crisis, sus políticas están dirigidas a lograr la reactivación económica, es decir, a volver a tasas de crecimiento pasadas que traigan como efecto colateral la bajada de un paro que amenaza con generar diferentes grados de conflictividad social. Esta perspectiva para afrontar una crisis que es estructural al sistema muestra la miseria moral del mismo. Lo vital, el bienestar, la riqueza, el desarrollo, la igualdad y la justicia es considerado un efecto secundario benigno más que objetivo central de la política y la economía.
Los datos del paro publicados ayer reflejan la cara más dura de la crisis actual. No sólo los escandalosos datos del desempleo -¡un 50% más en un año en Hego Euskal Herria!-, sino la precariedad que los acompaña, el desamparo que generan en amplios sectores sociales -que son, además, los más vulnerables-. El paro femenino, el paro de familias enteras, el paro juvenil, el progresivo agotamiento de los subsidios por desempleo, la falta de estos en muchos casos... Los datos, por fríos que sean, representan esas tragedias humanas.
Y es ahí donde está el peligro de esos números. Como representación que son, tienen el peligro de matizar la realidad, de mostrar una abstracción que si bien en un primer momento puede escandalizar, a medio plazo no alcanza a representar la verdadera crudeza de la realidad. Por eso, más allá de los números, hay que mirar a las tendencias que éstos marcan. Por eso, más que leer las reacciones oficiales hay que proyectar una respuesta en el plano estructural. Es necesaria una alternativa a un sistema que asume esos datos como algo natural.
Se eleva a 112 el número de personas y empresas declaradas insolventes en tres meses en Hego Euskal Herria
El número de empresas y personas que se han declarado en concurso de acreedores en Hego Euskal Herria se ha elevado a 112 en el segundo trimestre del año frente a los 63 registrados en el mismo período del pasado ejercicio.
GARA. BILBO-.
Los datos dados a conocer por el instituto de estadística español muestran que el número de deudores concursados –antigua suspensión de pagos– ha aumentado en 49 en un año, pasando de 63 a 112.
Del total de concursos, 110 fueron voluntarios y dos necesarios. Un total de trece de los procedimientos fueron ordinarios y 99 abreviados.
La gran mayoría de las 103 empresas que han presentado suspensión de pagos son pequeñas. Del total, 58 tienen plantillas que oscilan entre uno y veinte trabajadores; otras 28 emplean a entre 50 y 99 trabajadores y sólo una supera la centena.
La mayoría de las empresas pertenecen al sector de Industria y Energía, así como a la Construcción y Promoción Inmobiliaria, al Comercio al por Mayor y a actividades profesionales y administrativas en menor medida.
En el Estado español, el número de empresas y personas que se declararon suspensión de pagos alcanzó la cifra récord de 3.285 en el primer semestre, el triple que en igual período de 2008, tras marcar un nuevo máximo entre abril y junio.
El presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, señala que el aumento de los autónomos insolventes es "un reflejo del drama" que vive este colectivo por la falta de financiación y la fuerte morosidad tanto pública como privada.
"El día a día de los tres millones de autónomos es, para muchos, realmente complicado, como prueba el hecho de que el 300.000 trabajadores por cuenta propia y microempresas se hayan visto obligadas a cesar su actividad en el último año", indica en un comunicado.
GARA. BILBO-.
Los datos dados a conocer por el instituto de estadística español muestran que el número de deudores concursados –antigua suspensión de pagos– ha aumentado en 49 en un año, pasando de 63 a 112.
Del total de concursos, 110 fueron voluntarios y dos necesarios. Un total de trece de los procedimientos fueron ordinarios y 99 abreviados.
La gran mayoría de las 103 empresas que han presentado suspensión de pagos son pequeñas. Del total, 58 tienen plantillas que oscilan entre uno y veinte trabajadores; otras 28 emplean a entre 50 y 99 trabajadores y sólo una supera la centena.
La mayoría de las empresas pertenecen al sector de Industria y Energía, así como a la Construcción y Promoción Inmobiliaria, al Comercio al por Mayor y a actividades profesionales y administrativas en menor medida.
En el Estado español, el número de empresas y personas que se declararon suspensión de pagos alcanzó la cifra récord de 3.285 en el primer semestre, el triple que en igual período de 2008, tras marcar un nuevo máximo entre abril y junio.
El presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, señala que el aumento de los autónomos insolventes es "un reflejo del drama" que vive este colectivo por la falta de financiación y la fuerte morosidad tanto pública como privada.
"El día a día de los tres millones de autónomos es, para muchos, realmente complicado, como prueba el hecho de que el 300.000 trabajadores por cuenta propia y microempresas se hayan visto obligadas a cesar su actividad en el último año", indica en un comunicado.
martes, 28 de julio de 2009
Trabajo asalariado y autónomo ¿confluencia de intereses?
Las relaciones laborales de Hego Euskal Herria están cambiando, y según el economista Isidro Esnaola plantean serios problemas a los sindicatos para organizar a una clase trabajadora cada vez más dividida, desprotegida y precarizada. Una situación actual caracterizada por la precarización de los asalariados, y la difícil situación de los autónomos, que no es «fruto de la casualidad». Una diversidad, que puede ser una gran oportunidad para aglutinar diferentes sectores y fortalecer la lucha para que los trabajadores no paguen «todas las facturas de la crisis».La mayoría de las personas que han perdido su empleo son trabajadores eventuales, que simplemente no les han renovado el contrato Cuando llegue el siguiente ciclo alcista de actividad económica, las empresas volverán a contratar nuevos trabajadores, pero será con contratos más precarios, profundizando la división de la clase obrera
GARA. Isidro Esnaola Economista
La crisis económica está en pleno apogeo. A las caídas de la producción y de la recaudación hay que sumar los cambios que se están produciendo en las relaciones laborales. Una visión panorámica del mundo del trabajo, que ha de ser necesariamente parcial porque las estadísticas no recogen datos sobre el trabajo doméstico por ejemplo, nos ayudará a situar los efectos de la crisis en nuestro entorno más cercano.
Revisando las estadísticas vemos que el empleo alcanzo su cota más alta en mayo del pasado año con 1.267.300 personas de alta en la seguridad social en Hego Euskal Herria. A partir de aquí empezó la caída en el empleo hasta doblar el número de parados que había hace un año. En cuanto a la estructura del empleo, durante la fase de crecimiento del ciclo económico destaca que la proporción entre asalariados y autónomos no ha dejado de crecer a favor de los primeros, que ha pasado de un 76% a principios de la década hasta el 79% en mayo de 2008.
Parece que a pesar de los continuos discursos sobre el autoempleo y la gran cantidad de recursos que se destinan a este tipo de programas, la realidad es que continúan proletarizándose las relaciones laborales frente a otras actividades más autónomas, cuestión que invita a la reflexión y que pone sobre la mesa las dificultades que comporta trabajar de forma autónoma en nuestra sociedad. Al contrario, con la crisis la situación es la inversa, el número de personas asalariados desciende mucho más rápidamente que el de autónomos. Esta situación requiere un análisis que nos permita descubrir los elementos que encierra esta dinámica.
Los Expedientes de Regulación de Empleo más conocidos como EREs han tenido un crecimiento espectacular si en el año 2007 fuero 509 con 8.634 trabajadores afectados en el 2008 han sido 760 con 23833 trabajadores afectados y de enero a mayo del 2009 son 1567 expedientes que afectan a 52.148 trabajadores. Si comparamos los cinco primeros meses del 2008 con los del 2009 el salto es de 153 que afectaba a 2229 trabajadores a los 1567 y 52.148 trabajadores afectados. Sin embargo la mayoría de expedientes son por reducción o suspensión. Los expedientes relacionados con la extinción de la actividad afectan a 3.037 trabajadores en el 2008 y a 2.652 en lo que llevamos de 2009 lo que no explica por si solo el gran aumento del paro que se ha producido durante el último año.
Precariedad
De esta situación podemos deducir, en primer lugar, que la pérdida de empleo es fundamentalmente consecuencia de la precariedad en las relaciones laborales. Teniendo en cuenta el porcentaje de trabajadores que han perdido su empleo por efecto de los EREs, la mayoría de las personas que han perdido su empleo son trabajadores eventuales, a los que simplemente no se les ha renovado el contrato. El trabajo precario se convierte en paro rapidamente.
Siendo esto así, resulta llamativa la centralidad que tienen los EREs tanto en el discurso político como en las movilizaciones. Es posible que en torno a los expedientes de regulación de empleo se haya dado una cierta confluencia de intereses. Por una parte, los EREs esconden el verdadero problema de las relaciones laborales en nuestro país, el trabajo precario y sin derechos, que es donde, por lo menos hasta ahora, se pierde el trabajo. Así, se desvía el debate político hacia otros parámetros ocultando la responsabilidad de todos aquellos grupos de presión, fundamentalmente las asociaciones empresariales, que han impulsado las sucesivas reformas laborales que hemos padecido. Y de paso, se abre el debate sobre la necesidad de nuevas reformas.
Por otro lado, el recurso a hablar de los ERE permite a la administración, sobre todo, en el caso del anterior consejero de empleo del gobierno de Gasteiz, el señor Azkarraga, aparecer como actor en una obra en la que no actúa por falta de papel que representar, de soberanía al fin y al cabo.
Por último, los trabajadores afectados por los EREs son trabajadores con derechos, que son los que conforman la parte fundamental de la base social de los sindicatos, lo que obliga a éstos a posicionarse en su defensa, acentuando la impresión de que el problema son los EREs y no las relaciones labores cada vez más precarias. Lo que nos lleva a concluir que los sindicatos tienen un serio problema para organizar y defender a una clase trabajadora cada vez más dividida, más individualizada, más desprotegida y más precarizada.
De los datos sobre los ERE se deduce que las empresas no tienen pedidos, no tienen trabajo y tienen que parar la producción reducir gastos. En estos casos, la original idea que se les ocurre siempre es mandar primero a la gente a la calle. Este aumento espectacular de los EREs da idea de la profundidad de la crisis y buena cuenta de las actitudes triunfalistas de algunos dirigentes políticos hace solo unos meses que no se cansaban de repetir que esa crisis no iba con nosotros y nosotras.
En la fase ascendente del ciclo económico el trabajo autónomo aumenta más lentamente que el trabajo asalariado, mientras que en la fase descendente ocurre lo contrario, los autónomos resisten mejor la caída de la actividad. Más que resistir mejor, lo que ocurre es que cuando se han hecho ciertas inversiones y se ha montado un negocio, a las primeras de cambio no se puede cerrar, hay que responder a los créditos, liquidarlas existencias, etc., y además en caso de cierre, la o el profesional se queda sin sustento. Por todo ello, todos estos negocios tienden a reducir gastos, a atender sus obligaciones con los bancos y haciendo algunas «chapuzas» para sobrevivir a la espera de que la situacón mejore. Dentro de esta estrategia de supervivencia, otra opción suele ser intentar curarse esos problemas de salud que durante las épocas de bonanza no han podido atender por el trabajo y ahora que éste falta se pueden atender dejando el negocio en stand by. Es posible que las bajas por enfermedad hayan aumentado mucho en los últimos tiempos entre las personas de este colectivo.
Desgaste de los autónomos
Todas estas características hacen que el trabajo autónomo se mantenga en una mayor proporción que el trabajo asalariado, aunque esto provoque un importante desgaste y prácticamente ningún beneficio a las personas con este tipo de negocios. Es más, cuando uno de estos negocios se cierra muchas veces no se vuelve a abrir nunca más, lo que se refleja por ejemplo en los locales comerciales y de servicios vacíos ubicados en los cascos urbanos de nuestros pueblos y ciudades.
Por otra parte, una mayor resistencia no significa que no se cierren. Como se observa en las estadísticas el goteo de bajas es constante. Y es que hay otro aspecto que dificulta todavía más la supervivencia. Antes, prácticamente toda clase de autónomos tenía una amplia red de clientes, lo que les proporcionaba cierta seguridad, un cliente perdido no suponía una gran pérdida y podía compensarse con otros nuevos. Además, aquellas relaciones económicas iban acompañadas de relaciones sociales, quién no charlaba por ejemplo con el baserritarra que traía la leche a casa, enriqueciendo la vida social y multiplicando el conocimiento mutuo, cosas que no recogen las estadísticas pero que proporcionan eso que solemos llamar calidad de vida.
Sin embargo, hoy en día, gran parte de los autónomos, los oficios relacionados con la construcción, el transporte de mercancías, los baserritarras, etc., han pasado a tener un cliente importante, un contratista en el caso de la construcción, una empresa que les compra la leche en el caso de los baserritarras, para el que trabajan. Así, cuando este cliente importante falla o impone sus precios, los autónomos se encentran en una situación de total dependencia y con grandes dificultades para seguir adelante con su negocio. Se ha producido un empobrecimiento de las relaciones económicas que ha traído aparejado un aumento de la dependencia de los autónomos hacia el capital. Muchos autónomos siguen siendo formalmente independientes, pero en realidad dependientes, funcionando como un eslabón más en la larga cadena del capital. En muchos aspectos el trabajo autónomo se ha proletarizado. Sin olvidar, el empobrecimiento de las relaciones sociales que ha traído dicha transformación.
Esto no es fruto de la casualidad, sino de las políticas públicas impulsadas desde la administración que ha permitido por ejemplo, la apertura indiscriminada de grandes superficies, el fomento de la nueva construcción de viviendas frente a la rehabilitacón que requiere una mayor cantidad de trabajo, la imposición de requisitos sanitarios y formales muchas veces desproporcionados que obligaban al cierre de negocios artesanales, etc. Una supuesta modernización que ha provocado dependencia y el empobrecimiento de las relaciones sociales.
La relación capital trabajo
En un año prácticamente se ha doblado el número de paradas y parados en Hego Euskal Herria y posiblemente la situación continuará empeorando todavía algún tiempo. La relación entre capital y trabajo continúa siendo favorable al capital que está resolviendo sus problemas, como siempre, a costa del trabajo, no renovando los contratos eventuales y despidiendo a la gente.
Por el lado del trabajo, las cosas están realmente difíciles. A los continuos despidos de trabajadores precarios posiblemente se sumarán en el futuro muchos trabajadores y trabajadoras afectados por expedientes de regulación de empleo, con lo que cuando llegue el siguiente ciclo alcista de actividad económica, las empresas volverán a contratar nuevos trabajadores, pero esta vez, será con contratos más precarios que los que tienen en la actualidad, profundizando así la división en el seno de la clase obrera, lo que a su vez dificultará cualquier planteamiento de organización y lucha.
Por otra parte, entre los autónomos se dan cada vez más situaciones de dependencia hacia el capital. De alguna manera, se está produciendo una proletarización del trabajo autónomo, que aunque formalmente independiente está cada vez más atrapado en las sutiles redes tejidas por el gran capital. Por lo tanto, a la división en el seno de la clase obrera se suman ahora nuevos segmentos de trabajadores autónomos que por su situación en el engranaje productivo pueden compartir los intereses de dicha clase.
Esta diversidad dificulta la organización y la lucha, pero a su vez es una gran oportunidad para aglutinar diferentes sectores, enriquecer la acción con nuevas perspectivas y fortalecer la lucha. Este es el reto que tiene ante sí la clase trabajadora de este país para que no acabemos pagando todas las facturas de la crisis.
GARA. Isidro Esnaola Economista
La crisis económica está en pleno apogeo. A las caídas de la producción y de la recaudación hay que sumar los cambios que se están produciendo en las relaciones laborales. Una visión panorámica del mundo del trabajo, que ha de ser necesariamente parcial porque las estadísticas no recogen datos sobre el trabajo doméstico por ejemplo, nos ayudará a situar los efectos de la crisis en nuestro entorno más cercano.
Revisando las estadísticas vemos que el empleo alcanzo su cota más alta en mayo del pasado año con 1.267.300 personas de alta en la seguridad social en Hego Euskal Herria. A partir de aquí empezó la caída en el empleo hasta doblar el número de parados que había hace un año. En cuanto a la estructura del empleo, durante la fase de crecimiento del ciclo económico destaca que la proporción entre asalariados y autónomos no ha dejado de crecer a favor de los primeros, que ha pasado de un 76% a principios de la década hasta el 79% en mayo de 2008.
Parece que a pesar de los continuos discursos sobre el autoempleo y la gran cantidad de recursos que se destinan a este tipo de programas, la realidad es que continúan proletarizándose las relaciones laborales frente a otras actividades más autónomas, cuestión que invita a la reflexión y que pone sobre la mesa las dificultades que comporta trabajar de forma autónoma en nuestra sociedad. Al contrario, con la crisis la situación es la inversa, el número de personas asalariados desciende mucho más rápidamente que el de autónomos. Esta situación requiere un análisis que nos permita descubrir los elementos que encierra esta dinámica.
Los Expedientes de Regulación de Empleo más conocidos como EREs han tenido un crecimiento espectacular si en el año 2007 fuero 509 con 8.634 trabajadores afectados en el 2008 han sido 760 con 23833 trabajadores afectados y de enero a mayo del 2009 son 1567 expedientes que afectan a 52.148 trabajadores. Si comparamos los cinco primeros meses del 2008 con los del 2009 el salto es de 153 que afectaba a 2229 trabajadores a los 1567 y 52.148 trabajadores afectados. Sin embargo la mayoría de expedientes son por reducción o suspensión. Los expedientes relacionados con la extinción de la actividad afectan a 3.037 trabajadores en el 2008 y a 2.652 en lo que llevamos de 2009 lo que no explica por si solo el gran aumento del paro que se ha producido durante el último año.
Precariedad
De esta situación podemos deducir, en primer lugar, que la pérdida de empleo es fundamentalmente consecuencia de la precariedad en las relaciones laborales. Teniendo en cuenta el porcentaje de trabajadores que han perdido su empleo por efecto de los EREs, la mayoría de las personas que han perdido su empleo son trabajadores eventuales, a los que simplemente no se les ha renovado el contrato. El trabajo precario se convierte en paro rapidamente.
Siendo esto así, resulta llamativa la centralidad que tienen los EREs tanto en el discurso político como en las movilizaciones. Es posible que en torno a los expedientes de regulación de empleo se haya dado una cierta confluencia de intereses. Por una parte, los EREs esconden el verdadero problema de las relaciones laborales en nuestro país, el trabajo precario y sin derechos, que es donde, por lo menos hasta ahora, se pierde el trabajo. Así, se desvía el debate político hacia otros parámetros ocultando la responsabilidad de todos aquellos grupos de presión, fundamentalmente las asociaciones empresariales, que han impulsado las sucesivas reformas laborales que hemos padecido. Y de paso, se abre el debate sobre la necesidad de nuevas reformas.
Por otro lado, el recurso a hablar de los ERE permite a la administración, sobre todo, en el caso del anterior consejero de empleo del gobierno de Gasteiz, el señor Azkarraga, aparecer como actor en una obra en la que no actúa por falta de papel que representar, de soberanía al fin y al cabo.
Por último, los trabajadores afectados por los EREs son trabajadores con derechos, que son los que conforman la parte fundamental de la base social de los sindicatos, lo que obliga a éstos a posicionarse en su defensa, acentuando la impresión de que el problema son los EREs y no las relaciones labores cada vez más precarias. Lo que nos lleva a concluir que los sindicatos tienen un serio problema para organizar y defender a una clase trabajadora cada vez más dividida, más individualizada, más desprotegida y más precarizada.
De los datos sobre los ERE se deduce que las empresas no tienen pedidos, no tienen trabajo y tienen que parar la producción reducir gastos. En estos casos, la original idea que se les ocurre siempre es mandar primero a la gente a la calle. Este aumento espectacular de los EREs da idea de la profundidad de la crisis y buena cuenta de las actitudes triunfalistas de algunos dirigentes políticos hace solo unos meses que no se cansaban de repetir que esa crisis no iba con nosotros y nosotras.
En la fase ascendente del ciclo económico el trabajo autónomo aumenta más lentamente que el trabajo asalariado, mientras que en la fase descendente ocurre lo contrario, los autónomos resisten mejor la caída de la actividad. Más que resistir mejor, lo que ocurre es que cuando se han hecho ciertas inversiones y se ha montado un negocio, a las primeras de cambio no se puede cerrar, hay que responder a los créditos, liquidarlas existencias, etc., y además en caso de cierre, la o el profesional se queda sin sustento. Por todo ello, todos estos negocios tienden a reducir gastos, a atender sus obligaciones con los bancos y haciendo algunas «chapuzas» para sobrevivir a la espera de que la situacón mejore. Dentro de esta estrategia de supervivencia, otra opción suele ser intentar curarse esos problemas de salud que durante las épocas de bonanza no han podido atender por el trabajo y ahora que éste falta se pueden atender dejando el negocio en stand by. Es posible que las bajas por enfermedad hayan aumentado mucho en los últimos tiempos entre las personas de este colectivo.
Desgaste de los autónomos
Todas estas características hacen que el trabajo autónomo se mantenga en una mayor proporción que el trabajo asalariado, aunque esto provoque un importante desgaste y prácticamente ningún beneficio a las personas con este tipo de negocios. Es más, cuando uno de estos negocios se cierra muchas veces no se vuelve a abrir nunca más, lo que se refleja por ejemplo en los locales comerciales y de servicios vacíos ubicados en los cascos urbanos de nuestros pueblos y ciudades.
Por otra parte, una mayor resistencia no significa que no se cierren. Como se observa en las estadísticas el goteo de bajas es constante. Y es que hay otro aspecto que dificulta todavía más la supervivencia. Antes, prácticamente toda clase de autónomos tenía una amplia red de clientes, lo que les proporcionaba cierta seguridad, un cliente perdido no suponía una gran pérdida y podía compensarse con otros nuevos. Además, aquellas relaciones económicas iban acompañadas de relaciones sociales, quién no charlaba por ejemplo con el baserritarra que traía la leche a casa, enriqueciendo la vida social y multiplicando el conocimiento mutuo, cosas que no recogen las estadísticas pero que proporcionan eso que solemos llamar calidad de vida.
Sin embargo, hoy en día, gran parte de los autónomos, los oficios relacionados con la construcción, el transporte de mercancías, los baserritarras, etc., han pasado a tener un cliente importante, un contratista en el caso de la construcción, una empresa que les compra la leche en el caso de los baserritarras, para el que trabajan. Así, cuando este cliente importante falla o impone sus precios, los autónomos se encentran en una situación de total dependencia y con grandes dificultades para seguir adelante con su negocio. Se ha producido un empobrecimiento de las relaciones económicas que ha traído aparejado un aumento de la dependencia de los autónomos hacia el capital. Muchos autónomos siguen siendo formalmente independientes, pero en realidad dependientes, funcionando como un eslabón más en la larga cadena del capital. En muchos aspectos el trabajo autónomo se ha proletarizado. Sin olvidar, el empobrecimiento de las relaciones sociales que ha traído dicha transformación.
Esto no es fruto de la casualidad, sino de las políticas públicas impulsadas desde la administración que ha permitido por ejemplo, la apertura indiscriminada de grandes superficies, el fomento de la nueva construcción de viviendas frente a la rehabilitacón que requiere una mayor cantidad de trabajo, la imposición de requisitos sanitarios y formales muchas veces desproporcionados que obligaban al cierre de negocios artesanales, etc. Una supuesta modernización que ha provocado dependencia y el empobrecimiento de las relaciones sociales.
La relación capital trabajo
En un año prácticamente se ha doblado el número de paradas y parados en Hego Euskal Herria y posiblemente la situación continuará empeorando todavía algún tiempo. La relación entre capital y trabajo continúa siendo favorable al capital que está resolviendo sus problemas, como siempre, a costa del trabajo, no renovando los contratos eventuales y despidiendo a la gente.
Por el lado del trabajo, las cosas están realmente difíciles. A los continuos despidos de trabajadores precarios posiblemente se sumarán en el futuro muchos trabajadores y trabajadoras afectados por expedientes de regulación de empleo, con lo que cuando llegue el siguiente ciclo alcista de actividad económica, las empresas volverán a contratar nuevos trabajadores, pero esta vez, será con contratos más precarios que los que tienen en la actualidad, profundizando así la división en el seno de la clase obrera, lo que a su vez dificultará cualquier planteamiento de organización y lucha.
Por otra parte, entre los autónomos se dan cada vez más situaciones de dependencia hacia el capital. De alguna manera, se está produciendo una proletarización del trabajo autónomo, que aunque formalmente independiente está cada vez más atrapado en las sutiles redes tejidas por el gran capital. Por lo tanto, a la división en el seno de la clase obrera se suman ahora nuevos segmentos de trabajadores autónomos que por su situación en el engranaje productivo pueden compartir los intereses de dicha clase.
Esta diversidad dificulta la organización y la lucha, pero a su vez es una gran oportunidad para aglutinar diferentes sectores, enriquecer la acción con nuevas perspectivas y fortalecer la lucha. Este es el reto que tiene ante sí la clase trabajadora de este país para que no acabemos pagando todas las facturas de la crisis.
El Gobierno español concede otros 64.000 millones en avales a la banca
El Gobierno español concederá avales a la banca por un valor de 64.000 millones de euros para sus emisiones de deuda. La decisión se acordó el pasado viernes con las patronales de bancos y cajas, que han expresado su satisfacción por la medida.
GARA
El Estado concederá este año nuevos avales a la banca por importe de 64.000 millones de euros para sus emisiones de deuda y permitirá ampliar el plazo de estas operaciones de tres a cinco años.
Según confirmaron fuentes del Ministerio español de Economía, la Dirección del Tesoro Público ha firmado ya la autorización y se ha enviado al Boletín Oficial del Estado con la intención de que sea publicada esta semana. La decisión final se adoptó el viernes pasado a última hora tras una reunión entre las patronales de bancos y cajas y el Tesoro en un Comité Técnico que trató y acordó la nueva medida.
Fuentes de ambas patronales alabaron la nueva medida, al considerar que beneficia tanto a la banca, que podrá disfrutar de facilidades para un suministro extra de liquidez, como el Estado, que seguirá cobrando comisiones por la concesión de los avales.
Tranquilidad
En concreto, la patronal bancaria calificó la decisión de «positiva», sobre todo en lo que a ampliaciones de plazo se refiere, mientras que las cajas aseguraron que es bienvenida en la medida en la que aporta más tranquilidad.
El diario económico «Expansión» adelantó este acuerdo la semana pasada e informó de que las nuevas colocaciones de deuda se podrán llevar a cabo hasta el próximo 15 de diciembre. El Estado anunció en octubre de 2008 que concedería un máximo de 100.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones y otras operaciones de deuda no subordinada que realizaran bancos y cajas para permitirles afrontar mejor la difícil situación de los mercados. Finalmente se concedieron avales por importe de 90.000 millones de euros y se señaló que se asignarían otros 100.000 millones si la situación lo requiriese.
No obstante, no se ha podido volver a conceder esta cantidad íntegra, ya que ha habido que descontar los 9.000 millones de euros destinados al rescate de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y los 27.000 millones de euros dedicados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Aunque las entidades han utilizado hasta la fecha aproximadamente un tercio de los 90.000 millones que les fueron concedidos el año pasado, podrán seguir haciéndolo incluso después del 15 de diciembre establecido para la emisión de las nuevas operaciones avaladas. Las entidades podrán solicitar los nuevos avales desde el día siguiente a la publicación de la medida en el BOE y hasta principios de setiembre.
GARA
El Estado concederá este año nuevos avales a la banca por importe de 64.000 millones de euros para sus emisiones de deuda y permitirá ampliar el plazo de estas operaciones de tres a cinco años.
Según confirmaron fuentes del Ministerio español de Economía, la Dirección del Tesoro Público ha firmado ya la autorización y se ha enviado al Boletín Oficial del Estado con la intención de que sea publicada esta semana. La decisión final se adoptó el viernes pasado a última hora tras una reunión entre las patronales de bancos y cajas y el Tesoro en un Comité Técnico que trató y acordó la nueva medida.
Fuentes de ambas patronales alabaron la nueva medida, al considerar que beneficia tanto a la banca, que podrá disfrutar de facilidades para un suministro extra de liquidez, como el Estado, que seguirá cobrando comisiones por la concesión de los avales.
Tranquilidad
En concreto, la patronal bancaria calificó la decisión de «positiva», sobre todo en lo que a ampliaciones de plazo se refiere, mientras que las cajas aseguraron que es bienvenida en la medida en la que aporta más tranquilidad.
El diario económico «Expansión» adelantó este acuerdo la semana pasada e informó de que las nuevas colocaciones de deuda se podrán llevar a cabo hasta el próximo 15 de diciembre. El Estado anunció en octubre de 2008 que concedería un máximo de 100.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones y otras operaciones de deuda no subordinada que realizaran bancos y cajas para permitirles afrontar mejor la difícil situación de los mercados. Finalmente se concedieron avales por importe de 90.000 millones de euros y se señaló que se asignarían otros 100.000 millones si la situación lo requiriese.
No obstante, no se ha podido volver a conceder esta cantidad íntegra, ya que ha habido que descontar los 9.000 millones de euros destinados al rescate de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y los 27.000 millones de euros dedicados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Aunque las entidades han utilizado hasta la fecha aproximadamente un tercio de los 90.000 millones que les fueron concedidos el año pasado, podrán seguir haciéndolo incluso después del 15 de diciembre establecido para la emisión de las nuevas operaciones avaladas. Las entidades podrán solicitar los nuevos avales desde el día siguiente a la publicación de la medida en el BOE y hasta principios de setiembre.
jueves, 16 de julio de 2009
Los trabajadores de Porcelanas no hallaron soluciones en su cita con el alcalde
ELA, único sindicato con representación en el comité, acudió también a la cita. Los portavoces de los grupos municipales acompañaron al primer edil, Santano
Diario Vasco IÑIGO MORONDO
El alcalde de Irun, José Antonio Santano, y los portavoces del resto de los grupos municipales se reunieron ayer por la tarde con el comité de empresa de Porcelanas Bidasoa, el responsable de ELA Igor San José y varios trabajadores en representación del resto de la plantilla.
San José explicó, antes de subir a la cita con los munícipes, que «no venimos a que nos cuenten historias. Venimos a pedir soluciones, a que el alcalde y los corporativos den soluciones a estos 47 trabajadores de Porcelanas Bidasoa». Llevaba en mano un texto firmado «por la práctica totalidad de la plantilla, no todos, porque algunos no estuvieron en la asamblea». En él, se exponía de forma clara la premisa por la que se están movilizando los empleados de Porcelanas. Argumentaba el texto que tras el proceso de recalificaciones y las intenciones de trasladar la empresa, «ahora nos dicen que no es viable y nos sentimos engañados». La demanda que trasladaban es «sumamente sencilla: trabajo. Si puede ser en Porcelanas Bidasoa, porque creemos que si hay voluntad política e institucional, todavía se puede salvar». Si no, «en otro hipotético proyecto empresarial que acabe por ocupar el hoy vacío solar de Araso». Aseguraban que no está en el interés de los trabajadores discutir sobre quién es el culpable de esta situación. Lo que quieren «como trabajadores y trabajadoras» es «trabajar donde se nos había garantizado».
Sin la respuesta anhelada
Al salir del encuentro, San José explicó que el alcalde «ha contado todo el proceso, cómo se han sucedido las cosas, pero eso no nos vale. Dice que el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible por mantener la empresa y los empleos y que se sienten engañados también. Le hemos dicho que los engañados somos nosotros y que 'todo lo posible' hubiera sido llegar a abrir la nueva planta en Araso, pero eso no parece que vaya a ocurrir».
Por su parte, el alcalde, José Antonio Santano, que afirmó que la reunión se desarrolló «en un tono correcto», destacó la propia iniciativa de convocar a los trabajadores a esta reunión «porque, aunque no hayan venido todos, sí han estado doce o catorce y hemos podido explicarles todo el proceso desde 2004».
Explicó que había insistido en que «el Ayuntamiento intervino aquel año, con la empresa en quiebra, con una deuda muy importante a Hacienda y Seguridad Social y con un juez que puso en marcha este proceso. Desde el principio, el objetivo que perseguimos fue salvar la empresa y sus puestos de trabajo y salvar esas deudas a instituciones públicas. Si el proyecto empresarial resulta no ser viable, no puede ser responsabilidad de este Ayuntamiento». Santano quiso aclarar que «aún no hemos recibido ninguna comunicación formal sobre el cierre de la empresa», sólo informaciones orales que no tienen un valor defnitivo.
Diario Vasco IÑIGO MORONDO
El alcalde de Irun, José Antonio Santano, y los portavoces del resto de los grupos municipales se reunieron ayer por la tarde con el comité de empresa de Porcelanas Bidasoa, el responsable de ELA Igor San José y varios trabajadores en representación del resto de la plantilla.
San José explicó, antes de subir a la cita con los munícipes, que «no venimos a que nos cuenten historias. Venimos a pedir soluciones, a que el alcalde y los corporativos den soluciones a estos 47 trabajadores de Porcelanas Bidasoa». Llevaba en mano un texto firmado «por la práctica totalidad de la plantilla, no todos, porque algunos no estuvieron en la asamblea». En él, se exponía de forma clara la premisa por la que se están movilizando los empleados de Porcelanas. Argumentaba el texto que tras el proceso de recalificaciones y las intenciones de trasladar la empresa, «ahora nos dicen que no es viable y nos sentimos engañados». La demanda que trasladaban es «sumamente sencilla: trabajo. Si puede ser en Porcelanas Bidasoa, porque creemos que si hay voluntad política e institucional, todavía se puede salvar». Si no, «en otro hipotético proyecto empresarial que acabe por ocupar el hoy vacío solar de Araso». Aseguraban que no está en el interés de los trabajadores discutir sobre quién es el culpable de esta situación. Lo que quieren «como trabajadores y trabajadoras» es «trabajar donde se nos había garantizado».
Sin la respuesta anhelada
Al salir del encuentro, San José explicó que el alcalde «ha contado todo el proceso, cómo se han sucedido las cosas, pero eso no nos vale. Dice que el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible por mantener la empresa y los empleos y que se sienten engañados también. Le hemos dicho que los engañados somos nosotros y que 'todo lo posible' hubiera sido llegar a abrir la nueva planta en Araso, pero eso no parece que vaya a ocurrir».
Por su parte, el alcalde, José Antonio Santano, que afirmó que la reunión se desarrolló «en un tono correcto», destacó la propia iniciativa de convocar a los trabajadores a esta reunión «porque, aunque no hayan venido todos, sí han estado doce o catorce y hemos podido explicarles todo el proceso desde 2004».
Explicó que había insistido en que «el Ayuntamiento intervino aquel año, con la empresa en quiebra, con una deuda muy importante a Hacienda y Seguridad Social y con un juez que puso en marcha este proceso. Desde el principio, el objetivo que perseguimos fue salvar la empresa y sus puestos de trabajo y salvar esas deudas a instituciones públicas. Si el proyecto empresarial resulta no ser viable, no puede ser responsabilidad de este Ayuntamiento». Santano quiso aclarar que «aún no hemos recibido ninguna comunicación formal sobre el cierre de la empresa», sólo informaciones orales que no tienen un valor defnitivo.
Continúa la movilización de la plantilla
Diario Vasco. I.M.
Mientras sus representantes se entrevistaban con el alcalde y los portavoces de los grupos municipales, una treintena de los trabajadores de la empresa porcelanística esperaban en el exterior del Consistorio.
Volvieron a dejarse oír, exclamando lemas que, tristemente, se han oído mucho en los últimos meses. «Irun sin trabajo se va al carajo», «ez, ez, ez, despidorik ez» y «Porcelanas no se cierra» fueron los más repetidos, mientras sostenían una pancarta que reforzaba esas tesis: «No al cierre de Porcelanas. Despidorik ez». Todo esto mientras exhibían multitud de platos decorados con la imagen corporativa de la firma irundarra. Fue la segunda protesta pública de los empleados de la empresa esta semana, que el lunes acudieron a la calle Escuelas para concentrarse frente al Museo Oiasso durante la primera jornada de los Cursos de Verano de la UPV.
Mientras sus representantes se entrevistaban con el alcalde y los portavoces de los grupos municipales, una treintena de los trabajadores de la empresa porcelanística esperaban en el exterior del Consistorio.
Volvieron a dejarse oír, exclamando lemas que, tristemente, se han oído mucho en los últimos meses. «Irun sin trabajo se va al carajo», «ez, ez, ez, despidorik ez» y «Porcelanas no se cierra» fueron los más repetidos, mientras sostenían una pancarta que reforzaba esas tesis: «No al cierre de Porcelanas. Despidorik ez». Todo esto mientras exhibían multitud de platos decorados con la imagen corporativa de la firma irundarra. Fue la segunda protesta pública de los empleados de la empresa esta semana, que el lunes acudieron a la calle Escuelas para concentrarse frente al Museo Oiasso durante la primera jornada de los Cursos de Verano de la UPV.
martes, 14 de julio de 2009
La irundarra Cycobask prevé cerrar definitivamente a finales de este mes
La firma de componentes electrónicos tiene 57 empleados y está en proceso concursal. El comité de empresa cree que la producción se ha desviado a China en detrimento de la factoría irundarra
Noticias de Gipuzkoa. Donostia.
La empresa irundarra Cycobask, perteneciente al grupo catalán Eurocir, prevé cerrar definitivamente a finales de este mes después de haberse acogido a un proceso concursal. Fuentes del comité de empresa informaron a NOTICIAS DE GIPUZKOA de que la clausura de la fábrica es inminente, después de que algunas secciones ya hayan cesado en su actividad.
De esta forma, 57 empleados perderán su puesto laboral en la firma dedicada a la fabricación de componentes electrónicos para vehículos y circuitos impresos para teléfonos y electrodomésticos.
El final de esta firma se produce tras "cuatro años y medio de larga agonía", si bien la facturación de la factoría guipuzcoana rondaba los 500.000 euros mensuales, según las mismas fuentes.
Los problemas económicos se evidenciaron en enero, cuando la dirección decidió aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) finalizado en junio.
El grupo catalán tomó esta medida con el argumento de la existencia de pérdidas insostenibles por la fuerte caída de pedidos en el sector de la automoción, su cliente principal. Sin embargo, la representación sindical censuró que desde 2007 asistió a "una continua apropiación de la cartera de clientes de Irun por la otra fábrica de Barcelona", lo que propició que la facturación mensual "cayese a la mitad de lo habitual".
Fuentes del comité manifestaron que, tras la entrada del grupo catalán en un holding de empresas en Shanghai (China) con la adquisición del 20% de las acciones en 2007, la producción se ha desviado al país asiático en detrimento de las fábricas de Irun y Barcelona.
Paradójicamente, los pedidos se han multiplicado en las últimas semanas, lo que ha motivado la contratación temporal de personas que ya se encontraban fuera de las instalaciones, según estas mismas fuentes del comité de la empresa bidasoarra.
Con todo, se trata de un momentáneo impulso de la actividad, toda vez que algunos clientes han pedido más productos para contar con stock suficiente ante el cercano cierre de Cycobask.
Los problemas de esta compañía se habían convertido en cíclicos, como demuestran los dos ERE aplicados en años anteriores, mientras que su plantilla ha pasado de 200 a los actuales 47 empleados.
La misma fuente recuerda que los sucesivos ERE redujeron de forma considerable las plantillas de las fábricas de Irun y Barcelona, mientras ambas "gozaron de subvenciones y lo siguen haciendo», por parte del Gobierno Vasco y la Generalitat de Catalunya.
Además de ello, en el año 2005, la dirección tomó la decisión de congelar los sueldos ante la caída de la demanda, que posteriormente se recuperó, lo que motivó que el grupo Eurocir mantuviera sus inversiones en la empresa irundarra.
Este periódico intentó, sin éxito, ponerse en contacto con la dirección de la firma en varias ocasiones para completar esta información.
Noticias de Gipuzkoa. Donostia.
La empresa irundarra Cycobask, perteneciente al grupo catalán Eurocir, prevé cerrar definitivamente a finales de este mes después de haberse acogido a un proceso concursal. Fuentes del comité de empresa informaron a NOTICIAS DE GIPUZKOA de que la clausura de la fábrica es inminente, después de que algunas secciones ya hayan cesado en su actividad.
De esta forma, 57 empleados perderán su puesto laboral en la firma dedicada a la fabricación de componentes electrónicos para vehículos y circuitos impresos para teléfonos y electrodomésticos.
El final de esta firma se produce tras "cuatro años y medio de larga agonía", si bien la facturación de la factoría guipuzcoana rondaba los 500.000 euros mensuales, según las mismas fuentes.
Los problemas económicos se evidenciaron en enero, cuando la dirección decidió aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) finalizado en junio.
El grupo catalán tomó esta medida con el argumento de la existencia de pérdidas insostenibles por la fuerte caída de pedidos en el sector de la automoción, su cliente principal. Sin embargo, la representación sindical censuró que desde 2007 asistió a "una continua apropiación de la cartera de clientes de Irun por la otra fábrica de Barcelona", lo que propició que la facturación mensual "cayese a la mitad de lo habitual".
Fuentes del comité manifestaron que, tras la entrada del grupo catalán en un holding de empresas en Shanghai (China) con la adquisición del 20% de las acciones en 2007, la producción se ha desviado al país asiático en detrimento de las fábricas de Irun y Barcelona.
Paradójicamente, los pedidos se han multiplicado en las últimas semanas, lo que ha motivado la contratación temporal de personas que ya se encontraban fuera de las instalaciones, según estas mismas fuentes del comité de la empresa bidasoarra.
Con todo, se trata de un momentáneo impulso de la actividad, toda vez que algunos clientes han pedido más productos para contar con stock suficiente ante el cercano cierre de Cycobask.
Los problemas de esta compañía se habían convertido en cíclicos, como demuestran los dos ERE aplicados en años anteriores, mientras que su plantilla ha pasado de 200 a los actuales 47 empleados.
La misma fuente recuerda que los sucesivos ERE redujeron de forma considerable las plantillas de las fábricas de Irun y Barcelona, mientras ambas "gozaron de subvenciones y lo siguen haciendo», por parte del Gobierno Vasco y la Generalitat de Catalunya.
Además de ello, en el año 2005, la dirección tomó la decisión de congelar los sueldos ante la caída de la demanda, que posteriormente se recuperó, lo que motivó que el grupo Eurocir mantuviera sus inversiones en la empresa irundarra.
Este periódico intentó, sin éxito, ponerse en contacto con la dirección de la firma en varias ocasiones para completar esta información.
Trabajadores de Porcelanas Bidasoa denuncian el cierre de la empresa
GARA
Los trabajadores de Porcelanas Bidasoa, empresa irunesa que ha anunciado su cierre, se concentraron ayer frente al Museo Romano Oiasso de Irun, con motivo de la celebración de un curso de verano, para denunciar la situación que atraviesan, que va a dejar a medio centenar de personas en el paro. Durante la concentración, los trabajadores gritaron lemas como «Estamos en Oiasso para que nos hagan caso» y repartieron un comunicado entre los participantes en el curso. Mañana, los trabajadores se concentrarán ante el Ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana con motivo de la reunión que la representación sindical mantendrá con el alcalde y los portavoces de otros grupos municipales.
Los trabajadores de Porcelanas Bidasoa, empresa irunesa que ha anunciado su cierre, se concentraron ayer frente al Museo Romano Oiasso de Irun, con motivo de la celebración de un curso de verano, para denunciar la situación que atraviesan, que va a dejar a medio centenar de personas en el paro. Durante la concentración, los trabajadores gritaron lemas como «Estamos en Oiasso para que nos hagan caso» y repartieron un comunicado entre los participantes en el curso. Mañana, los trabajadores se concentrarán ante el Ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana con motivo de la reunión que la representación sindical mantendrá con el alcalde y los portavoces de otros grupos municipales.
domingo, 12 de julio de 2009
Las agencias de ráting, culpables sin condena en la crisis financiera
Sus calificaciones están en el origen de la crisis financiera pero hasta el momento no han asumido responsabilidad alguna por su actuación. Son las agencias de calificación crediticia o de ráting, que ya estuvieron de actualidad hace años tras las quiebras de empresas como Enron. De poco o nada han servido las recomendaciones, ya que estas agencias tienen una implicación directa en la crisis nacida de las hipotecas «subprime». Es un hecho irrefutable.
GARA. Alberto CASTRO Analista bursátil
Las agencias de calificación crediticia o de ráting han sido una parte importante en el origen de la crisis financiera, pero hasta la fecha no han sido penalizadas de ningún modo y aún siguen teniendo la sartén por el mango. Y lo que es peor, la historia se ha repetido.
Hasta las quiebras de Enron y Parmalat en 2003 su papel no había sido puesto en tela de juicio. En ese año, las tres grandes agencias que representan el 92% del sector -Moody's, Standard and Poor's y Fitch- mantuvieron el ráting de nivel de inversión hasta poco antes de la quiebra de Enron. Para muchos, aunque no quedó demostrado judicialmente, las agencias habían sucumbido a las presiones de la propia firma y de otros bancos de inversión que alentaban la compra de Enron por parte de otra compañía. También se puso de manifiesto la lentitud de estas agencias para responder al aumento del riesgo de crédito en la compañía. Es decir, ya se cuestionaba entonces su independencia del emisor y la calidad de sus calificaciones.
Es, por tanto, una historia que viene de lejos, y que no ha sido subsanada, a la vista de su directa implicación en la generación de la crisis financiera. Y en este último caso, además, no se podrían escudar en el hecho de que las compañías les entregaran información financiera falsa, tal como pudieron alegar en el caso de Enron. A raíz de esta quiebra, se abrió un periodo de revisión del funcionamiento de las agencias a ambos lados del Atlántico, con algunos cambios en las legislaciones y normas de conducta. En 2006, la Comisión Europea llegaba a la conclusión de que no era necesaria ninguna iniciativa legislativa nueva y el Comité de Reguladores Europeos de Valores (CESR) estaba satisfecho con el grado de cumplimiento de las agencias del código de conducta de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores), donde se dan pautas para asegurar la calidad e integridad del proceso de calificación, evitar conflictos de intereses y responsabilizarse ante emisores e inversores.
Calificaciones inapropiadas. Pero de poco o nada han servido estas recomendaciones, ya que las agencias tienen una implicación directa en la crisis nacida de las hipotecas `subprime'. Es algo irrefutable. Sus buenas calificaciones para productos estructurados con enorme riesgo de crédito -bonos de titulación hipotecaria sobre viviendas y obligaciones garantizadas por deuda, particularmente- son el detonante de lo acontecido desde 2007. Asimismo, Lehman Brothers, días antes de la quiebra, ostentaba una calificación A2 en Moody's, y A en Standard and Poor's, es decir se situaba todavía dentro del grado de inversión. Y, si como escribe Ramón Losada, técnico de la CNMV, «el objetivo último de la agencia es establecer la posibilidad de que el activo que representa una deuda pague sus obligaciones a sus poseedores dentro de un periodo determinado de tiempo», está bien claro que las agencias no cumplieron con su trabajo y, cuando menos, participaron activamente en la construcción de la gran burbuja crediticia que encendió la mecha de la crisis económica.
No se debe olvidar nunca que las agencias cobran su servicio de calificación a los emisores, una evidencia que pone en serio peligro la independencia de las decisiones. También se debe saber que, en muchos casos, son las propias agencias las que colaboran en la construcción de los productos para que obtengan mejores calificaciones. Es decir, hacen trajes a medida al ofrecer sus servicios en materia de inversión. Por tanto, ahora se trata de encontrar un modelo que impida, de forma definitiva, la dependencia de las agencias, aumente la calidad de sus certificaciones y tenga a la transparencia como una de sus normas más rígidas. Esta es, en principio, una de las tareas principales del G-20 para devolver la confianza al sistema financiero.
Nueva regulación. A pesar de todos los errores de las agencias de calificación y la negativa a entonar un mea culpa rotundo, se admite por principio que son esenciales para el funcionamiento de los mercados financieros y que ahora se trata de dar con ese modelo más justo. Por el momento, en la última reunión del mes de abril en Londres, los miembros del G-20 sólo nos dejaron sus buenas intenciones al precisar que quieren ampliar la supervisión y el registro regulador a las Agencias de Calificación de Crédito para garantizar que cumplen el código internacional de buenas prácticas, en especial para impedir conflictos de interés inaceptables. El próximo mes de septiembre en Estados Unidos se verá, dentro de la nueva reunión del G-20, el grado de cumplimiento de ese propósito.
Mientras tanto, y a la espera de ese acuerdo a nivel mundial, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta que destaca, entre otros puntos, la defensa de la independencia y la eliminación de los conflictos de interés; la mejora en la calidad de las calificaciones; el aumento de la transparencia y la organización del registro y de la supervisión de las agencias de calificación crediticia.
Pero el camino de esta nueva regulación no será fácil, puesto que es difícil reorganizar un sector que participa activamente en las diferentes políticas públicas de compras de activos financieros y que, por tanto, hay que contar con ellas para disponer de sus calificaciones. Es evidente, sin embargo, que la larga lista de fallos cometidos por las agencias ha provocado una pérdida profunda de credibilidad y que sólo una reforma audaz podría devolverles el prestigio.
GARA. Alberto CASTRO Analista bursátil
Las agencias de calificación crediticia o de ráting han sido una parte importante en el origen de la crisis financiera, pero hasta la fecha no han sido penalizadas de ningún modo y aún siguen teniendo la sartén por el mango. Y lo que es peor, la historia se ha repetido.
Hasta las quiebras de Enron y Parmalat en 2003 su papel no había sido puesto en tela de juicio. En ese año, las tres grandes agencias que representan el 92% del sector -Moody's, Standard and Poor's y Fitch- mantuvieron el ráting de nivel de inversión hasta poco antes de la quiebra de Enron. Para muchos, aunque no quedó demostrado judicialmente, las agencias habían sucumbido a las presiones de la propia firma y de otros bancos de inversión que alentaban la compra de Enron por parte de otra compañía. También se puso de manifiesto la lentitud de estas agencias para responder al aumento del riesgo de crédito en la compañía. Es decir, ya se cuestionaba entonces su independencia del emisor y la calidad de sus calificaciones.
Es, por tanto, una historia que viene de lejos, y que no ha sido subsanada, a la vista de su directa implicación en la generación de la crisis financiera. Y en este último caso, además, no se podrían escudar en el hecho de que las compañías les entregaran información financiera falsa, tal como pudieron alegar en el caso de Enron. A raíz de esta quiebra, se abrió un periodo de revisión del funcionamiento de las agencias a ambos lados del Atlántico, con algunos cambios en las legislaciones y normas de conducta. En 2006, la Comisión Europea llegaba a la conclusión de que no era necesaria ninguna iniciativa legislativa nueva y el Comité de Reguladores Europeos de Valores (CESR) estaba satisfecho con el grado de cumplimiento de las agencias del código de conducta de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores), donde se dan pautas para asegurar la calidad e integridad del proceso de calificación, evitar conflictos de intereses y responsabilizarse ante emisores e inversores.
Calificaciones inapropiadas. Pero de poco o nada han servido estas recomendaciones, ya que las agencias tienen una implicación directa en la crisis nacida de las hipotecas `subprime'. Es algo irrefutable. Sus buenas calificaciones para productos estructurados con enorme riesgo de crédito -bonos de titulación hipotecaria sobre viviendas y obligaciones garantizadas por deuda, particularmente- son el detonante de lo acontecido desde 2007. Asimismo, Lehman Brothers, días antes de la quiebra, ostentaba una calificación A2 en Moody's, y A en Standard and Poor's, es decir se situaba todavía dentro del grado de inversión. Y, si como escribe Ramón Losada, técnico de la CNMV, «el objetivo último de la agencia es establecer la posibilidad de que el activo que representa una deuda pague sus obligaciones a sus poseedores dentro de un periodo determinado de tiempo», está bien claro que las agencias no cumplieron con su trabajo y, cuando menos, participaron activamente en la construcción de la gran burbuja crediticia que encendió la mecha de la crisis económica.
No se debe olvidar nunca que las agencias cobran su servicio de calificación a los emisores, una evidencia que pone en serio peligro la independencia de las decisiones. También se debe saber que, en muchos casos, son las propias agencias las que colaboran en la construcción de los productos para que obtengan mejores calificaciones. Es decir, hacen trajes a medida al ofrecer sus servicios en materia de inversión. Por tanto, ahora se trata de encontrar un modelo que impida, de forma definitiva, la dependencia de las agencias, aumente la calidad de sus certificaciones y tenga a la transparencia como una de sus normas más rígidas. Esta es, en principio, una de las tareas principales del G-20 para devolver la confianza al sistema financiero.
Nueva regulación. A pesar de todos los errores de las agencias de calificación y la negativa a entonar un mea culpa rotundo, se admite por principio que son esenciales para el funcionamiento de los mercados financieros y que ahora se trata de dar con ese modelo más justo. Por el momento, en la última reunión del mes de abril en Londres, los miembros del G-20 sólo nos dejaron sus buenas intenciones al precisar que quieren ampliar la supervisión y el registro regulador a las Agencias de Calificación de Crédito para garantizar que cumplen el código internacional de buenas prácticas, en especial para impedir conflictos de interés inaceptables. El próximo mes de septiembre en Estados Unidos se verá, dentro de la nueva reunión del G-20, el grado de cumplimiento de ese propósito.
Mientras tanto, y a la espera de ese acuerdo a nivel mundial, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta que destaca, entre otros puntos, la defensa de la independencia y la eliminación de los conflictos de interés; la mejora en la calidad de las calificaciones; el aumento de la transparencia y la organización del registro y de la supervisión de las agencias de calificación crediticia.
Pero el camino de esta nueva regulación no será fácil, puesto que es difícil reorganizar un sector que participa activamente en las diferentes políticas públicas de compras de activos financieros y que, por tanto, hay que contar con ellas para disponer de sus calificaciones. Es evidente, sin embargo, que la larga lista de fallos cometidos por las agencias ha provocado una pérdida profunda de credibilidad y que sólo una reforma audaz podría devolverles el prestigio.
Las crisis económicas provocan un aumento de suicidios y de muertes violentas en los países afectados
Un estudio publicado en la versión digital de la conocida revista «The Lancet» indica que las crisis económicas provocan un aumento de los suicidios y de los asesinatos en los países afectados -casi todos en una recesión global como la que vivimos-, mientras los accidentes de tráfico se reducen.
GARA
Según los autores del estudio, en el que se recomienda la aplicación de políticas efectivas de empleo para contribuir a reducir esta tendencia, el paro, la pérdida del empleo, es una de las causas principales del incremento de esas muertes, por lo que se considera necesario implementar programas de formación y de reinserción laboral que ayuden a «mitigar» los efectos del desempleo entre los trabajadores afectados.
Los autores del estudio -David Stuckler, profesor de la universidad de Oxford, y Martin McKee, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres- examinan cómo las diferentes crisis económicas sucedidas en las últimas tres décadas han afectado a la mortalidad de la población en 26 países que forman parte de la Unión Europea.
El objetivo de este trabajo era determinar qué políticas sanitarias públicas pueden servir mejor para contrarrestar los efectos de las recesiones. A este respecto, explican que existen diferentes teorías sobre las consecuencias de las crisis en las poblaciones: una corriente sostiene que provocan un aumento de las enfermedades mentales, el estrés y las adicciones; mientras, otra asegura que las personas se inclinan a adoptar estilos de vida más sanos, andando en lugar de coger el coche o consumiento menos alcohol.
Sin embargo, el estudio de los dos profesores ingleses apoya empíricamente la tesis de que las dificultades económicas, y en particular el paro, guardan una relación directa con el incremento de los suicidios y los homicidios. De esta forma, la investigación concluye que por cada 1% de aumento del desempleo en los países analizados, ascendían un 0,8% los suicidios entre menores de 65 años, en mismo porcentaje que los asesinatos. En cambio, los accidentes de tráfico se reducían un 1,4%.
Hasta un 28% en muertes por alcohol
Asimismo, si en los estados analizados la tasa de desempleo subía más de un 3%, los suicidios de los menores de 65 años se incrementaban un 4,5% -un aumento proporcionalmente mayor-, mientras que las muertes por abuso de alcohol ascendían hasta un 28%. Stuckler y McKee, en cualquier caso, no hallaron pruebas de que el desempleo provocara un aumento general de la mortalidad en la UE, aunque las respuestas variaban según las poblaciones, dependiendo sobre todo de sus sistemas de protección social.
De esta forma, en los países de Europa Central y del Este, donde hoy día hay menos ayudas contra el paro, la población está muy expuesta a problemas de salud cuando el desempleo aumenta drásticamente.
Los autores del estudio publicado en The Lancet apuntan que ellos se centraron en analizar concretamente la mortandad, sin entrar a valorar los efectos de la recesión en los riesgos o incidencia de las enfermedades. En este sentido, una de sus conclusiones, y también una advertencia, es que los efectos de la crisis en la salud, como cuadros de miedo y ansiedad, pueden ser duraderos, lo que puede coger «desprevenidos» a los sistemas de salud pública.
A partir de su investigación, en la que señalan que el comportamiento arriesgado del sector financiero tiene efectos claros en toda la población, los expertos recomiendan a los gobiernos que protejan a sus poblaciones, sobre todo invirtiendo para mantener a la gente en sus empleos y, en su caso, ayudando a los parados a conseguir otros trabajos, como forma de hacer frente a situaciones de riesgo.
Según observaron Stuckler y McKee, una inversión en programas laborales mayor de 190 dólares por cabeza mitigaba el efecto del paro en las tasas de mortalidad por suicidio, lo que ofrece «la oportunidad de crear paquetes de estímulo que alineen inversiones en el mercado laboral con la promoción de la salud».
GARA
Según los autores del estudio, en el que se recomienda la aplicación de políticas efectivas de empleo para contribuir a reducir esta tendencia, el paro, la pérdida del empleo, es una de las causas principales del incremento de esas muertes, por lo que se considera necesario implementar programas de formación y de reinserción laboral que ayuden a «mitigar» los efectos del desempleo entre los trabajadores afectados.
Los autores del estudio -David Stuckler, profesor de la universidad de Oxford, y Martin McKee, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres- examinan cómo las diferentes crisis económicas sucedidas en las últimas tres décadas han afectado a la mortalidad de la población en 26 países que forman parte de la Unión Europea.
El objetivo de este trabajo era determinar qué políticas sanitarias públicas pueden servir mejor para contrarrestar los efectos de las recesiones. A este respecto, explican que existen diferentes teorías sobre las consecuencias de las crisis en las poblaciones: una corriente sostiene que provocan un aumento de las enfermedades mentales, el estrés y las adicciones; mientras, otra asegura que las personas se inclinan a adoptar estilos de vida más sanos, andando en lugar de coger el coche o consumiento menos alcohol.
Sin embargo, el estudio de los dos profesores ingleses apoya empíricamente la tesis de que las dificultades económicas, y en particular el paro, guardan una relación directa con el incremento de los suicidios y los homicidios. De esta forma, la investigación concluye que por cada 1% de aumento del desempleo en los países analizados, ascendían un 0,8% los suicidios entre menores de 65 años, en mismo porcentaje que los asesinatos. En cambio, los accidentes de tráfico se reducían un 1,4%.
Hasta un 28% en muertes por alcohol
Asimismo, si en los estados analizados la tasa de desempleo subía más de un 3%, los suicidios de los menores de 65 años se incrementaban un 4,5% -un aumento proporcionalmente mayor-, mientras que las muertes por abuso de alcohol ascendían hasta un 28%. Stuckler y McKee, en cualquier caso, no hallaron pruebas de que el desempleo provocara un aumento general de la mortalidad en la UE, aunque las respuestas variaban según las poblaciones, dependiendo sobre todo de sus sistemas de protección social.
De esta forma, en los países de Europa Central y del Este, donde hoy día hay menos ayudas contra el paro, la población está muy expuesta a problemas de salud cuando el desempleo aumenta drásticamente.
Los autores del estudio publicado en The Lancet apuntan que ellos se centraron en analizar concretamente la mortandad, sin entrar a valorar los efectos de la recesión en los riesgos o incidencia de las enfermedades. En este sentido, una de sus conclusiones, y también una advertencia, es que los efectos de la crisis en la salud, como cuadros de miedo y ansiedad, pueden ser duraderos, lo que puede coger «desprevenidos» a los sistemas de salud pública.
A partir de su investigación, en la que señalan que el comportamiento arriesgado del sector financiero tiene efectos claros en toda la población, los expertos recomiendan a los gobiernos que protejan a sus poblaciones, sobre todo invirtiendo para mantener a la gente en sus empleos y, en su caso, ayudando a los parados a conseguir otros trabajos, como forma de hacer frente a situaciones de riesgo.
Según observaron Stuckler y McKee, una inversión en programas laborales mayor de 190 dólares por cabeza mitigaba el efecto del paro en las tasas de mortalidad por suicidio, lo que ofrece «la oportunidad de crear paquetes de estímulo que alineen inversiones en el mercado laboral con la promoción de la salud».
jueves, 9 de julio de 2009
Continuan las protestas de los empleados
Diaro Vasco I.M.
El sindicato ELA de Oarso-Bidasoa, por su parte, ha anunciado que las movilizaciones de la actual plantilla de Porcelanas Bidasoa continuarán la semana que viene. En primer lugar, para el lunes próximo, está convocada una concentración frente al Museo Oiasso, que acogerá ese día la primera de dos jornadas organizadas por la UNED. «Haremos, dicen desde ELA, una escenificación teatral de la vajilla romana desenterrada en Irun, del siglo I», en contraste con «la actual vajilla de Porcelanas Bidasoa... ¿A enterrar?», se preguntan.
Dos días después, el miércoles, se ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de la ciudad a las seis de la tarde. La cita tiene como telón de fondo una reunión «entre la representación sindical con el alcalde y los demás grupos políticos municipales». Ésta es la reunión a la que el alcalde quiere que asistan los 47 trabajadores actuales de la empresa.
El sindicato ELA de Oarso-Bidasoa, por su parte, ha anunciado que las movilizaciones de la actual plantilla de Porcelanas Bidasoa continuarán la semana que viene. En primer lugar, para el lunes próximo, está convocada una concentración frente al Museo Oiasso, que acogerá ese día la primera de dos jornadas organizadas por la UNED. «Haremos, dicen desde ELA, una escenificación teatral de la vajilla romana desenterrada en Irun, del siglo I», en contraste con «la actual vajilla de Porcelanas Bidasoa... ¿A enterrar?», se preguntan.
Dos días después, el miércoles, se ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de la ciudad a las seis de la tarde. La cita tiene como telón de fondo una reunión «entre la representación sindical con el alcalde y los demás grupos políticos municipales». Ésta es la reunión a la que el alcalde quiere que asistan los 47 trabajadores actuales de la empresa.
Los pedidos a Porcelanas Bidasoa se disparan antes del cierre
El País. EFE - Irún
Dos semanas después de que Porcelanas Bidasoa anunciara su cierre, la compañía irundarra ha recibido un notable incremento de pedidos por parte de los clientes que no quieren quedarse sin las vajillas de esta histórica marca, según explicó Xabier Pérez, responsable en la zona del sindicato ELA, mayoritario en el comité de empresa.
Pérez aseguró que se ha producido "una psicosis" ante el cierre de la empresa, por lo que "hay muchos establecimientos alarmados pidiendo más cantidad de vajillas de lo habitual". También afirmó que esto demuestra que la empresa es viable, por lo que pidió a las instituciones que salven "este proyecto empresarial en el que están implicadas 47 familias". El sindicalista anunció nuevas protestas y pidió al Ayuntamiento que los trabajadores afectados tengan prioridad en el proyecto que se instale en el pabellón de Araso al que se iba a trasladar la compañía.
Dos semanas después de que Porcelanas Bidasoa anunciara su cierre, la compañía irundarra ha recibido un notable incremento de pedidos por parte de los clientes que no quieren quedarse sin las vajillas de esta histórica marca, según explicó Xabier Pérez, responsable en la zona del sindicato ELA, mayoritario en el comité de empresa.
Pérez aseguró que se ha producido "una psicosis" ante el cierre de la empresa, por lo que "hay muchos establecimientos alarmados pidiendo más cantidad de vajillas de lo habitual". También afirmó que esto demuestra que la empresa es viable, por lo que pidió a las instituciones que salven "este proyecto empresarial en el que están implicadas 47 familias". El sindicalista anunció nuevas protestas y pidió al Ayuntamiento que los trabajadores afectados tengan prioridad en el proyecto que se instale en el pabellón de Araso al que se iba a trasladar la compañía.
miércoles, 8 de julio de 2009
El inminente cierre de Porcelanas Bidasoa dispara los pedidos de los clientes
Los trabajadores han defendido siempre que Porcelanas Bidasoa es una empresa viable, «como lo demuestran los pedidos que sigue teniendo».
IRUN | DV | EFE
La empresa Porcelanas Bidasoa, ubicada en Irun y cuya dirección anunció hace dos semanas la liquidación de la compañía, ha recibido en estos días un notable incremento de pedidos por parte de los clientes que no quieren quedarse sin las vajillas de esta histórica marca.
Xabier Pérez, responsable en la zona del sindicato ELA, mayoritario en el comité de empresa, ha explicado hoy a Efe que se ha producido "una psicosis" ante el cierre de la empresa, por lo que "hay muchos establecimientos alarmados pidiendo más cantidad de vajillas de lo habitual".
Los trabajadores han defendido siempre que Porcelanas Bidasoa es una empresa viable, "como lo demuestran los pedidos que sigue teniendo", y han solicitado a las instituciones que "se pongan manos a las obra para salvar este proyecto empresarial en el que están implicadas 47 familias".
La semana que viene han convocado nuevas protestas, la primera de ellas el lunes frente al Museo romano Oiasso donde harán una escenificación teatral comparando las vajillas "desenterradas" en esa zona y la actual vajilla de Porcelanas Bidasoa que "está a punto de ser enterrada".
El miércoles han organizado una concentración frente al Ayuntamiento de Irun con motivo de la reunión que va a mantener los representantes sindicales con el alcalde y miembros de los grupos políticos municipales.
Xabier Pérez ha comentado que "en caso de que Porcelanas Bidasoa no tenga futuro", en esa reunión van a solicitar que los trabajadores "tengan preferencia en el proyecto que se instale en el pabellón de Araso al que se iba a trasladar la sede Porcelanas, ya que han dado plusvalías para el desarrollo de ese edificio".
Porcelanas Bidasoa se ha visto obligada a cerrar sus puertas por la deuda acumulada, y es que finalmente no ha salido adelante el proyecto urbanístico para recalificar los terrenos actuales de la empresa que, además de solventar los problemas económicos, contemplaba el trasladado de la actividad al polígono de Araso.
IRUN | DV | EFE
La empresa Porcelanas Bidasoa, ubicada en Irun y cuya dirección anunció hace dos semanas la liquidación de la compañía, ha recibido en estos días un notable incremento de pedidos por parte de los clientes que no quieren quedarse sin las vajillas de esta histórica marca.
Xabier Pérez, responsable en la zona del sindicato ELA, mayoritario en el comité de empresa, ha explicado hoy a Efe que se ha producido "una psicosis" ante el cierre de la empresa, por lo que "hay muchos establecimientos alarmados pidiendo más cantidad de vajillas de lo habitual".
Los trabajadores han defendido siempre que Porcelanas Bidasoa es una empresa viable, "como lo demuestran los pedidos que sigue teniendo", y han solicitado a las instituciones que "se pongan manos a las obra para salvar este proyecto empresarial en el que están implicadas 47 familias".
La semana que viene han convocado nuevas protestas, la primera de ellas el lunes frente al Museo romano Oiasso donde harán una escenificación teatral comparando las vajillas "desenterradas" en esa zona y la actual vajilla de Porcelanas Bidasoa que "está a punto de ser enterrada".
El miércoles han organizado una concentración frente al Ayuntamiento de Irun con motivo de la reunión que va a mantener los representantes sindicales con el alcalde y miembros de los grupos políticos municipales.
Xabier Pérez ha comentado que "en caso de que Porcelanas Bidasoa no tenga futuro", en esa reunión van a solicitar que los trabajadores "tengan preferencia en el proyecto que se instale en el pabellón de Araso al que se iba a trasladar la sede Porcelanas, ya que han dado plusvalías para el desarrollo de ese edificio".
Porcelanas Bidasoa se ha visto obligada a cerrar sus puertas por la deuda acumulada, y es que finalmente no ha salido adelante el proyecto urbanístico para recalificar los terrenos actuales de la empresa que, además de solventar los problemas económicos, contemplaba el trasladado de la actividad al polígono de Araso.
sábado, 27 de junio de 2009
CIERRE DE PORCELANAS «No estamos de fiesta»
La plantilla de Porcelanas Bidasoa se reunió ayer en la plaza de San Juan para informar sobre su situación. Los trabajadores se han sentido engañados
MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. DV.
El grupo francés Happy Stars (Estrellas felices) preparaba su espectáculo circense en la plaza de San Juan. Los bares de la calle Mayor se llenaban de clientes, que salían al fresco con sus cañas. El ferial proyectaba de forma incesante su particular ruido.
«Por favor, id a decirle al de la tómbola que esté en silencio unos minutos». Era el ruego de Xabier Pérez Herrero, secretario comarcal de ELA, el sindicato mayoritario en el comité de empresa de Porcelanas Bidasoa. «No es porque no se nos oiga. Es por respeto», añadía. Los trabajadores de la emblemática empresa irundarra no están para fiestas. El jueves, les comunicaron el cierre inminente de la planta de la avenida de Elizatxo. Son 47 familias que se quedan sin ingresos.
La plantilla de Porcelanas Bidasoa eligió ayer el escenario de la plaza de San Juan para informar sobre su situación. «Lamentamos venir a aguar la fiesta, pero esta es la auténtica realidad de Irun, al margen del fútbol y otros entretenimientos. Y la realidad es que a los 4.253 parados y paradas de Irun pueden sumarse en breve estas 47 familias», dijo Pérez Herrero.
La rueda de prensa de los trabajadores de Porcelanas tuvo lugar tras una mesa decorada con vajilla de calidad, moderna y clásica. Una mesa que simbolizaba los 75 años de historia de una firma puntera que llegó a tener 250 empleados, que colaboró con artistas y diseñadores de renombre internacional, que estuvo en las mesas de los mejores restaurantes y en las de muchas casas, los días especiales.
En los seis últimos años, Porcelanas Bidasoa ha perdido alrededor de 200 puestos de trabajo. Ahora quedan 47. Sus titulares estuvieron ayer en la plaza de San Juan, sujetando dos pancartas con los lemas 'Irun, líder en paro. 4.253 parados ¿+47 ?' y 'Porcelanas Bidasoa+Hacienda+Seguridad Social+Ayuntamiento+Constructora=Pelotazo'.
El sentimiento generalizado entre la plantilla es el del engaño. Del proyecto para trasladar la planta a Araso, recalificando el terreno de la fábrica para construir viviendas y, con las plusvalías, cubrir deudas y mantener la actividad, los trabajadores han sido los peor parados. «Hacienda ya tiene su parte, la Seguridad Social la suya, la promotora inmobiliaria un buen negocio y el Ayuntamiento su anhelado diseño urbanístico». Pero los puestos de trabajo no se han mantenido. A día de hoy, los trabajadores ni siquiera tienen la garantía de percibir el sueldo de junio y la paga extra de verano. Sólo confían en que Kutxa acceda a adelantar 360.000 euros de producto ya vendido, que se cobra a los clientes a 90 días.
A pesar de la difícil situación en la que se encuentran, los trabajadores de Porcelanas van a luchar por sus puestos de trabajo, porque creen que la firma tiene mucho peso y no renuncian a su supervivencia. Si finalmente la empresa cierra, los trabajadores están convencidos «de que reaparecerá en otro lugar, como ha ocurrido con Elgorriaga».
JUANTXO ARRARAS, 13 AÑOS EN LA EMPRESA
«El dinero de los pagarés debe ser para la plantilla»
«Entré en Porcelanas Bidasoa hace 13 años. Estoy en las máquinas que realizan los platos. Me he sentido engañado en todo este proceso. Aunque la mayoría de la gente lo veíamos venir, en el fondo no queríamos verlo. Siempre nos decían que la actividad iba a continuar. Aunque yo, sinceramente, creo que Porcelanas Bidasoa no muere aquí. El sello es muy jugoso. Tengo muy claro que el que se haga con él va a seguir funcionando. Estoy convencido de que los platos de Porcelanas Bidasoa acabarán haciéndose fuera.
La actividad podría seguir en Irun, pero sólo si las instituciones quisieran. Si no es así, pelear contra la Seguridad Social o el Ayuntamiento es muy difícil. Lo vamos a intentar, evidentemente, porque un puesto de trabajo hay que pelearlo hasta las últimas consecuencias, pero es muy difícil porque es pelear contra gigantes.
En principio, el primer paso que vamos a dar, es ir este lunes a Kutxa porque hay un dinero, 360.000 euros, que están retenidos y con eso podría hacerse frente a la nómina de junio y la paga extra de verano. A ver de qué manera podemos presionar a la Kutxa para ver si suelta la gallina, como se suele decir».
ANTONIO VILLORIA, 34 AÑOS EN LA EMPRESA
«Temo que ni siquiera nos liquiden lo que nos deben»
«Empecé en Porcelanas con 16 años y he estado trabajando en la empresa hasta ahora, que voy a cumplir 52. La mayor parte del tiempo he estado en embalaje, pero en los últimos tiempos, andamos por todas las secciones, adaptándonos a lo que la empresa requiere. Ahora hacemos trabajos múltiples. En mi opinión personal, el problema de Porcelanas ha sido una falta de planificación a corto, medio y a largo plazo. Cuando yo entré en la empresa, la producción era de vajillas y juegos de café. Luego cambió el mercado y empezó a moverse la hostelería. Ahí perdimos cuatro años acusando a Porcelanas del Norte de recibir subvenciones y empezaron a acumularse las deudas. No soy optimista con respecto a la continuidad. Si las cosas no se hacen en un periodo económico bueno, menos se van a hacer en tiempos de crisis. Para mí, lo de Araso solo ha tenido un objetivo: han estado engañándonos un par de años más».
Tengo el temor de que ni siquiera nos puedan liquidar lo que nos deben. Estoy en una edad muy difícil y además no tengo titulación. Para mí, se ha ido todo al traste».
CONCHI MARÍN, 10 AÑOS EN LA EMPRESA
«La firma pesa mucho. No debería salir de Irun»
«Entré en Porcelanas hace diez años. Estaba en decoración. Soy calcadora y, en estos últimos años, he estado adaptándome a a todas las necesidades de la empresa, como mis compañeros. Me siento muy engañada porque los trabajadores hemos puesto mucho esfuerzo por levantar la empresa, por continuar con el trabajo, para que no saliera de Irun. No esperábamos el cierre, máxime cuando en todas las reuniones siempre se nos ha hablado de continuidad».
«Nos tememos que no vamos a cobrar estos meses que quedan y la paga extra de julio. Estamos a expensas de unos pagarés que están retenidos en Kutxa. Yo pediría a las instituciones que se lo replanteasen, que vean la tasa de desempleo que tiene Irun. Cuando cierras una empresa, cierras toda posibilidad de recuperar puestos de trabajo. Si se cierra, creo que pasará como con Elgorriaga, que reaparecerá en otro sitio. La firma pesa mucho. No deberíamos dejarla escapar. Nosotros vamos a pelear por nuestros puestos de trabajo hasta el final».
MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. DV.
El grupo francés Happy Stars (Estrellas felices) preparaba su espectáculo circense en la plaza de San Juan. Los bares de la calle Mayor se llenaban de clientes, que salían al fresco con sus cañas. El ferial proyectaba de forma incesante su particular ruido.
«Por favor, id a decirle al de la tómbola que esté en silencio unos minutos». Era el ruego de Xabier Pérez Herrero, secretario comarcal de ELA, el sindicato mayoritario en el comité de empresa de Porcelanas Bidasoa. «No es porque no se nos oiga. Es por respeto», añadía. Los trabajadores de la emblemática empresa irundarra no están para fiestas. El jueves, les comunicaron el cierre inminente de la planta de la avenida de Elizatxo. Son 47 familias que se quedan sin ingresos.
La plantilla de Porcelanas Bidasoa eligió ayer el escenario de la plaza de San Juan para informar sobre su situación. «Lamentamos venir a aguar la fiesta, pero esta es la auténtica realidad de Irun, al margen del fútbol y otros entretenimientos. Y la realidad es que a los 4.253 parados y paradas de Irun pueden sumarse en breve estas 47 familias», dijo Pérez Herrero.
La rueda de prensa de los trabajadores de Porcelanas tuvo lugar tras una mesa decorada con vajilla de calidad, moderna y clásica. Una mesa que simbolizaba los 75 años de historia de una firma puntera que llegó a tener 250 empleados, que colaboró con artistas y diseñadores de renombre internacional, que estuvo en las mesas de los mejores restaurantes y en las de muchas casas, los días especiales.
En los seis últimos años, Porcelanas Bidasoa ha perdido alrededor de 200 puestos de trabajo. Ahora quedan 47. Sus titulares estuvieron ayer en la plaza de San Juan, sujetando dos pancartas con los lemas 'Irun, líder en paro. 4.253 parados ¿+47 ?' y 'Porcelanas Bidasoa+Hacienda+Seguridad Social+Ayuntamiento+Constructora=Pelotazo'.
El sentimiento generalizado entre la plantilla es el del engaño. Del proyecto para trasladar la planta a Araso, recalificando el terreno de la fábrica para construir viviendas y, con las plusvalías, cubrir deudas y mantener la actividad, los trabajadores han sido los peor parados. «Hacienda ya tiene su parte, la Seguridad Social la suya, la promotora inmobiliaria un buen negocio y el Ayuntamiento su anhelado diseño urbanístico». Pero los puestos de trabajo no se han mantenido. A día de hoy, los trabajadores ni siquiera tienen la garantía de percibir el sueldo de junio y la paga extra de verano. Sólo confían en que Kutxa acceda a adelantar 360.000 euros de producto ya vendido, que se cobra a los clientes a 90 días.
A pesar de la difícil situación en la que se encuentran, los trabajadores de Porcelanas van a luchar por sus puestos de trabajo, porque creen que la firma tiene mucho peso y no renuncian a su supervivencia. Si finalmente la empresa cierra, los trabajadores están convencidos «de que reaparecerá en otro lugar, como ha ocurrido con Elgorriaga».
JUANTXO ARRARAS, 13 AÑOS EN LA EMPRESA
«El dinero de los pagarés debe ser para la plantilla»
«Entré en Porcelanas Bidasoa hace 13 años. Estoy en las máquinas que realizan los platos. Me he sentido engañado en todo este proceso. Aunque la mayoría de la gente lo veíamos venir, en el fondo no queríamos verlo. Siempre nos decían que la actividad iba a continuar. Aunque yo, sinceramente, creo que Porcelanas Bidasoa no muere aquí. El sello es muy jugoso. Tengo muy claro que el que se haga con él va a seguir funcionando. Estoy convencido de que los platos de Porcelanas Bidasoa acabarán haciéndose fuera.
La actividad podría seguir en Irun, pero sólo si las instituciones quisieran. Si no es así, pelear contra la Seguridad Social o el Ayuntamiento es muy difícil. Lo vamos a intentar, evidentemente, porque un puesto de trabajo hay que pelearlo hasta las últimas consecuencias, pero es muy difícil porque es pelear contra gigantes.
En principio, el primer paso que vamos a dar, es ir este lunes a Kutxa porque hay un dinero, 360.000 euros, que están retenidos y con eso podría hacerse frente a la nómina de junio y la paga extra de verano. A ver de qué manera podemos presionar a la Kutxa para ver si suelta la gallina, como se suele decir».
ANTONIO VILLORIA, 34 AÑOS EN LA EMPRESA
«Temo que ni siquiera nos liquiden lo que nos deben»
«Empecé en Porcelanas con 16 años y he estado trabajando en la empresa hasta ahora, que voy a cumplir 52. La mayor parte del tiempo he estado en embalaje, pero en los últimos tiempos, andamos por todas las secciones, adaptándonos a lo que la empresa requiere. Ahora hacemos trabajos múltiples. En mi opinión personal, el problema de Porcelanas ha sido una falta de planificación a corto, medio y a largo plazo. Cuando yo entré en la empresa, la producción era de vajillas y juegos de café. Luego cambió el mercado y empezó a moverse la hostelería. Ahí perdimos cuatro años acusando a Porcelanas del Norte de recibir subvenciones y empezaron a acumularse las deudas. No soy optimista con respecto a la continuidad. Si las cosas no se hacen en un periodo económico bueno, menos se van a hacer en tiempos de crisis. Para mí, lo de Araso solo ha tenido un objetivo: han estado engañándonos un par de años más».
Tengo el temor de que ni siquiera nos puedan liquidar lo que nos deben. Estoy en una edad muy difícil y además no tengo titulación. Para mí, se ha ido todo al traste».
CONCHI MARÍN, 10 AÑOS EN LA EMPRESA
«La firma pesa mucho. No debería salir de Irun»
«Entré en Porcelanas hace diez años. Estaba en decoración. Soy calcadora y, en estos últimos años, he estado adaptándome a a todas las necesidades de la empresa, como mis compañeros. Me siento muy engañada porque los trabajadores hemos puesto mucho esfuerzo por levantar la empresa, por continuar con el trabajo, para que no saliera de Irun. No esperábamos el cierre, máxime cuando en todas las reuniones siempre se nos ha hablado de continuidad».
«Nos tememos que no vamos a cobrar estos meses que quedan y la paga extra de julio. Estamos a expensas de unos pagarés que están retenidos en Kutxa. Yo pediría a las instituciones que se lo replanteasen, que vean la tasa de desempleo que tiene Irun. Cuando cierras una empresa, cierras toda posibilidad de recuperar puestos de trabajo. Si se cierra, creo que pasará como con Elgorriaga, que reaparecerá en otro sitio. La firma pesa mucho. No deberíamos dejarla escapar. Nosotros vamos a pelear por nuestros puestos de trabajo hasta el final».
ELA denuncia un "pelotazo urbanístico" tras la operación de Porcelanas Bidasoa
Acusa del cierre de la firma a las instituciones. El sindicato denuncia que Irun es, con el 15%, la ciudad de Euskadi con la tasa más alta de paro
Noticias de Gipuzkoa. Irun.
El sindicato ELA denunció ayer que tras el cierre de la empresa Porcelanas Bidasoa de Irun, que afectará a 47 trabajadores, hay un "pelotazo urbanístico", ya que el solar que ocupa la planta fue "recientemente recalificado de suelo industrial a residencial" donde se prevé construir viviendas.
El responsable de ELA en la comarca de Oarso-Bidasoa, Xabier Pérez Herrero, recordó ayer en una rueda de prensa en la plaza de San Juan de Irun que el Ayuntamiento irundarra recientemente "recalificó los terrenos" de la actual ubicación de la factoría Porcelanas Bidasoa al objeto de "generar las suficientes plusvalías que permitieran pagar las deudas contraídas" por la dirección y construir una "redimensionada fábrica en suelo rural en la zona de Araso, calificado para el caso en industrial".
En el encuentro con los medios -en el que estuvieron presentes trabajadores de Porcelanas Bidasoa con una pancarta y también sentados a una mesa en la que mostraban platos de la empresa- Pérez Herrero señaló que la condición del convenio entre la firma y el consistorio irundarra era que los 47 puestos de trabajo con los que cuenta actualmente la compañía quedaran "asegurados" a través de esta operación, pero al final "todo se va a quedar en nada". A su juicio, "se ha engañado miserablemente a los trabajadores con un acuerdo a tres (Ayuntamiento, Hacienda y Seguridad Social) en el que se decía una cosa de puertas afuera y se trabajaba con otra hipótesis de puertas adentro".
"El Ayuntamiento de Irún construirá viviendas donde no se preveían levantar, Hacienda pillará su parte, todo el mundo lo hará y con alevosía, puesto que llevan reuniéndose bastante tiempo", denunció Pérez Herrero.
En ese sentido, insistió en que "instituciones, Ayuntamiento y los demás organismos ya han llegado a un acuerdo por el que dan por finiquitada la empresa y, en definitiva, los trabajadores se quedan en la calle". El sindicalista de ELA (central mayoritaria en el comité de empresa) opinó que la situación de los empleados de esta fábrica de vajillas y porcelanas es especialmente "preocupante", ya que Irún "es la ciudad con la tasa de paro más alta de toda Euskadi, un cifrada en un 15%".
La política llevada a cabo por el Gobierno municipal fue el centro de las críticas de Pérez Herrero, quien consideró que el alcalde, el socialista José Antonio Santano, es "uno de los actores que se ha pronunciado a favor de este lamentable desenlace".
El sindicalista aseguró que hay en una entidad financiera guipuzcoana 360.000 euros "retenidos" de producto vendido, "que se niega a adelantar dentro de la línea de crédito habitual, y eso está provocando que los trabajadores dejen de cobrar la paga extra de junio". El responsable de ELA en la comarca del Bidasoa anunció que la plantilla va a "seguir luchando" por los puestos de trabajo porque "la empresa todavía tiene futuro". Asimismo, Pérez Herrero se mostró convencido de que "esta prestigiosa marca acabará por volver al mercado como ya ocurriera con Chocolates Elgorriaga", otra conocida firma que cesó su actividad en Irun.
La dirección de Porcelanas Bidasoa, firma creada en 1934, anunció el jueves a sus trabajadores, a los que el pasado 30 de marzo se aplicó ya un expediente de Regulación de Empleo ERE temporal, sus perspectivas de liquidación y cierre a "corto plazo". >n.g./efe/e.p.
Noticias de Gipuzkoa. Irun.
El sindicato ELA denunció ayer que tras el cierre de la empresa Porcelanas Bidasoa de Irun, que afectará a 47 trabajadores, hay un "pelotazo urbanístico", ya que el solar que ocupa la planta fue "recientemente recalificado de suelo industrial a residencial" donde se prevé construir viviendas.
El responsable de ELA en la comarca de Oarso-Bidasoa, Xabier Pérez Herrero, recordó ayer en una rueda de prensa en la plaza de San Juan de Irun que el Ayuntamiento irundarra recientemente "recalificó los terrenos" de la actual ubicación de la factoría Porcelanas Bidasoa al objeto de "generar las suficientes plusvalías que permitieran pagar las deudas contraídas" por la dirección y construir una "redimensionada fábrica en suelo rural en la zona de Araso, calificado para el caso en industrial".
En el encuentro con los medios -en el que estuvieron presentes trabajadores de Porcelanas Bidasoa con una pancarta y también sentados a una mesa en la que mostraban platos de la empresa- Pérez Herrero señaló que la condición del convenio entre la firma y el consistorio irundarra era que los 47 puestos de trabajo con los que cuenta actualmente la compañía quedaran "asegurados" a través de esta operación, pero al final "todo se va a quedar en nada". A su juicio, "se ha engañado miserablemente a los trabajadores con un acuerdo a tres (Ayuntamiento, Hacienda y Seguridad Social) en el que se decía una cosa de puertas afuera y se trabajaba con otra hipótesis de puertas adentro".
"El Ayuntamiento de Irún construirá viviendas donde no se preveían levantar, Hacienda pillará su parte, todo el mundo lo hará y con alevosía, puesto que llevan reuniéndose bastante tiempo", denunció Pérez Herrero.
En ese sentido, insistió en que "instituciones, Ayuntamiento y los demás organismos ya han llegado a un acuerdo por el que dan por finiquitada la empresa y, en definitiva, los trabajadores se quedan en la calle". El sindicalista de ELA (central mayoritaria en el comité de empresa) opinó que la situación de los empleados de esta fábrica de vajillas y porcelanas es especialmente "preocupante", ya que Irún "es la ciudad con la tasa de paro más alta de toda Euskadi, un cifrada en un 15%".
La política llevada a cabo por el Gobierno municipal fue el centro de las críticas de Pérez Herrero, quien consideró que el alcalde, el socialista José Antonio Santano, es "uno de los actores que se ha pronunciado a favor de este lamentable desenlace".
El sindicalista aseguró que hay en una entidad financiera guipuzcoana 360.000 euros "retenidos" de producto vendido, "que se niega a adelantar dentro de la línea de crédito habitual, y eso está provocando que los trabajadores dejen de cobrar la paga extra de junio". El responsable de ELA en la comarca del Bidasoa anunció que la plantilla va a "seguir luchando" por los puestos de trabajo porque "la empresa todavía tiene futuro". Asimismo, Pérez Herrero se mostró convencido de que "esta prestigiosa marca acabará por volver al mercado como ya ocurriera con Chocolates Elgorriaga", otra conocida firma que cesó su actividad en Irun.
La dirección de Porcelanas Bidasoa, firma creada en 1934, anunció el jueves a sus trabajadores, a los que el pasado 30 de marzo se aplicó ya un expediente de Regulación de Empleo ERE temporal, sus perspectivas de liquidación y cierre a "corto plazo". >n.g./efe/e.p.
miércoles, 24 de junio de 2009
Informe bianual sobre el futuro de las pensiones. La pobreza asalta a los pensionistas en los países más ricos
La OCDE reconoce que el modelo actual de pensiones ni es seguro ni capaz de eliminar la pobreza. Un 13,3% de los pensionistas de los 30 países más industrializados sufren la pobreza, pero esa cifra se eleva al 23% en el Estado español y al 9% en el francés. La OCDE defiende los fondos de pensiones privados, pero en 2008 perdieron un 23% de su capital, por lo que admite que el sistema público es más eficaz ante la crisis.
GARA. Juanjo BASTERRA | BILBO
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció en la edición de 2007 del estudio sobre las pensiones que su cuantía se redujo en un 25% en dieciséis años y que ese hecho arrastró a una pérdida de salario de los pensionistas de entre un 32,5% y un 41%, según los diferentes países. Sólo en el último período cayó en torno a un 12,5% por el efecto de la crisis, que ha reducido el patrimonio de los fondos de pensión en un 23%.
En la nueva edición del estudio, presentada ayer en París, confirma que un 13,3% de media de quienes perciben pensión se encuentran en situación de pobreza, a pesar de vivir dentro de los treinta países que componen el club de las economías más desarrolladas del mundo. La horquilla de la desigualdad y la pobreza va del 45% de los pensionistas de Corea hasta el 2% de Nueva Zelanda y de Holanda. Las pensiones en el Estado español generan pobreza entre el 23% de sus perceptores, ya que, según el análisis de la OCDE, perciben salarios por debajo del umbral de la pobreza. En el Estado francés, la soporta el 9% de los pensionistas, según explica el estudio «Análisis de las pensiones 2009».
El informe de la OCDE insiste en avanzar hacia un modelo más privado que público, pero, a la vez, reconoce que el sistema público está aguantando mejor los embates de la crisis que los mecanismos de los sistemas privados. De hecho, insiste en que los fondos de pensiones perdieron un 23% de su capitalización durante el año pasado, lo que significa casi cuatro billones de euros menos durante el pasado ejercicio económico.
Dudas sobre el futuro
Sin embargo, manifiesta que se deben producir reformas tanto en el sistema público como en el privado de pensiones. «La prioridad va, en particular, a un examen meticuloso del sistema público de jubilación con el fin de garantizar que ofrece una protección eficaz contra la pobreza. Porque, en algunos países, la crisis ha revelado que las redes de protección social eran muy insuficientes y que el tipo de pobreza era muy elevado entre los más ancianos». La jefa de la división de Políticas Sociales, Monika Queisser, reconoció que «hacen falta sistemas públicos que ofrezcan un ingreso de base» a los pensionistas, pero, según añadió, también se tiene que mantener un reparto entre los dispositivos públicos y privados para «garantizar la sostenibilidad a largo plazo».
El organismo internacional recomienda al conjunto de los países que lleven adelante reformas en los sistemas de seguridad social para que no colapsen la actividad económica pública en un futuro del que reconoce, por otra parte, no estar seguro de las consecuencias «porque no sabemos cómo va a evolucionar realmente el mercado de trabajo dentro de cuarenta años».
El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, declaró en el debate del estudio que «los gobiernos deben proseguir las reformas de las pensiones con el fin de garantizar la viabilidad financiera y social de los sistemas de jubilación públicos y privados». A juicio de Gurría, el aumento del desempleo hasta el 10% en la OCDE, como está previsto para 2010, y la reducción de los ingresos fiscales «ponen a la hacienda pública ante una dura prueba, ya que las economías de la OCDE tendrán un déficit presupuestario por término medio de la renta nacional del 9% en 2010». La OCDE calla, sin embargo, que esa pérdida de ingresos de las arcas públicas se debe a la política neoliberal que los gobiernos más desarrollados están aplicando para beneficiar a la élite económica para que pague menos impuestos.
Más pobreza
Bajo ese análisis, el club de los países más desarrollados insiste en que «esa situación, derivada de la crisis económica y financiera y que se ha convertido en una crisis económica y social, apenas dejará la posibilidad a los gobiernos de efectuar una política de jubilación más generosa». Por lo que agregó que «las reformas deberían permitir una mejor reglamentación, una gestión más eficaz, una información transparente sobre los riesgos y el rendimiento de las distintas opciones, así como un cambio automático hacia inversiones menos aventuradas a medida que la edad de la jubilación se acerque».
Según Gurría, «al reformar hoy los sistemas de jubilación para volverlos accesibles y suficientemente sólidos para proteger a los particulares contra las fluctuaciones de los mercados, los gobiernos se ahorrarán muchas dificultades mañana sobre los planes financieros».
Edward Whitehouse, experto en pensiones de la OCDE, reconoció que los sistemas de pensiones privados se han visto perjudicados por la crisis, pero añadió que ese problema mundial se extiende al sistema público porque la caída del 23% del patrimonio de los fondos de pensiones, que sobrepasa esta tasa en Irlanda, Australia, Estados Unidos, Islandia y Bélgica, también ha provocado «un recrudecimiento de la pobreza entre las personas mayores».
El experto del club de los treinta países más desarrollados señaló que sólo en el último año provocó una caída en los ingresos de los pensionistas en torno al 12,5%. A juicio de la OCDE, las rentas de ahorro, incluidas las pensiones privadas, representan por término medio «un 25% de las rentas de los pensionistas de la OCDE», por lo que la estrepitosa caída de los fondos privados ha generado, a juicio de Martine Durand, directora adjunta de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, que «numerosas personas perdieran una parte no desdeñable de su ahorro-jubilación invertido en planes de pensiones o en otros activos financieros».
Es por ello que la OCDE recomienda «reforzar temporalmente» las medidas de protección social con el fin de superar la crisis actual, aunque alerta de que «las presiones políticas a corto plazo ejercida sobre las autoridades públicas para que aporten una ayuda inmediata son considerables y van más allá de una simple prevención de la pobreza de los ancianos».
Hacia lo público
La OCDE reconoce, en el fondo, que la crisis económica ha puesto en primera línea la vulnerabilidad del sistema privado de pensiones, por lo que algunos países están variando sus estrategias, lo que preocupa a ese organismo internacional. «En varios países de la OCDE se elevan cada vez más voces a favor del abandono de los regímenes mixtos de jubilación o para un recurso exclusivo a un sistema público, como ya ha ocurrido en la República Eslovaca, que ha autorizado a los asalariados afiliados a los nuevos dispositivos de jubilación a reinstalarse en el régimen público».
También reconoce que «otras economías de Europa Oriental prevén volver de nuevo al servicio público». El informe, firmado por Angel Gurría y Martine Durand, concluye en este caso que «será necesario restablecer la confianza en el sistema de pensiones privado. La crisis ha puesto de manifiesto que es imprescindible modificar su funcionamiento. Si las autoridades fallan en este camino, los esfuerzos que han desplegado durante los últimos años para preservar la prosperidad de la sociedad que envejece, corren el riesgo de reducirse a nada».
El fondo de reserva cuenta con 57.223,18 millones de euros
La oposición que suscitó el proyecto del Gobierno español de invertir en bolsa una parte muy importante del fondo de reserva de la Seguridad Social ha permitido que no haya sufrido la caída que se ha producido en el mercado financiero, del 23% en el conjunto de la OCDE. El fondo cuenta con un total de 57.223,18 millones .
23% de pérdida
media en el conjunto de la OCDE en el capital de los fondos de pensiones privados durante el 2008 debido a la crisis financiera. Supone, en conjunto, una pérdida de unos cuatro billones del patrimonio de esos fondos, lo que demuestra que no son infalibles ante los problemas.
12,5% de pérdida
de salarios de los pensionistas se ha producido en el último año por la pérdida del 23% del patrimonio de los fondos privados de pensiones, que en el conjunto del Club de los países más industrializados supuso una pérdida de 4 billones de euros en 2008.
El alza del paro y la excesiva rotación laboral provocará la merma de las pensiones futuras
La OCDE dice que el Estado español «debe desincentivar» las jubilaciones anticipadas porque «dificultan el equilibrio de ese sistema, en particular, en un contexto de aumento del desempleo por la crisis», según dijo Edward Whitehouse.
También reconoció que el desempleo y la rotación laboral impiden cubrir los períodos necesarios de cotización para tener derecho a la pensión futura. Lamentó que «el sistema español sigue alentando las jubilaciones anticipadas».
Ante el incremento del paro que se espera para los próximos meses y que puede situarse cerca del 20% de la población activa, dijo que «la dificultad se encuentra en que, en primer lugar, tendrá un impacto sobre el presupuesto público por el pago de los subsidios» y señaló que la rotación que se está produciendo en el mercado laboral genera un problema añadido «ya que resultará más difícil cubrir el periodo completo de cotizaciones y podría traducirse en una disminución de sus pensiones».
En cuanto al sistema francés, la OCDE recomienda que se reforme el sistema de pensiones tanto público como privado, puesto que las perspectivas económicas «no permiten mantener una situación de descontrol como la actual, ya que se están disparando los gastos»
GARA. Juanjo BASTERRA | BILBO
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció en la edición de 2007 del estudio sobre las pensiones que su cuantía se redujo en un 25% en dieciséis años y que ese hecho arrastró a una pérdida de salario de los pensionistas de entre un 32,5% y un 41%, según los diferentes países. Sólo en el último período cayó en torno a un 12,5% por el efecto de la crisis, que ha reducido el patrimonio de los fondos de pensión en un 23%.
En la nueva edición del estudio, presentada ayer en París, confirma que un 13,3% de media de quienes perciben pensión se encuentran en situación de pobreza, a pesar de vivir dentro de los treinta países que componen el club de las economías más desarrolladas del mundo. La horquilla de la desigualdad y la pobreza va del 45% de los pensionistas de Corea hasta el 2% de Nueva Zelanda y de Holanda. Las pensiones en el Estado español generan pobreza entre el 23% de sus perceptores, ya que, según el análisis de la OCDE, perciben salarios por debajo del umbral de la pobreza. En el Estado francés, la soporta el 9% de los pensionistas, según explica el estudio «Análisis de las pensiones 2009».
El informe de la OCDE insiste en avanzar hacia un modelo más privado que público, pero, a la vez, reconoce que el sistema público está aguantando mejor los embates de la crisis que los mecanismos de los sistemas privados. De hecho, insiste en que los fondos de pensiones perdieron un 23% de su capitalización durante el año pasado, lo que significa casi cuatro billones de euros menos durante el pasado ejercicio económico.
Dudas sobre el futuro
Sin embargo, manifiesta que se deben producir reformas tanto en el sistema público como en el privado de pensiones. «La prioridad va, en particular, a un examen meticuloso del sistema público de jubilación con el fin de garantizar que ofrece una protección eficaz contra la pobreza. Porque, en algunos países, la crisis ha revelado que las redes de protección social eran muy insuficientes y que el tipo de pobreza era muy elevado entre los más ancianos». La jefa de la división de Políticas Sociales, Monika Queisser, reconoció que «hacen falta sistemas públicos que ofrezcan un ingreso de base» a los pensionistas, pero, según añadió, también se tiene que mantener un reparto entre los dispositivos públicos y privados para «garantizar la sostenibilidad a largo plazo».
El organismo internacional recomienda al conjunto de los países que lleven adelante reformas en los sistemas de seguridad social para que no colapsen la actividad económica pública en un futuro del que reconoce, por otra parte, no estar seguro de las consecuencias «porque no sabemos cómo va a evolucionar realmente el mercado de trabajo dentro de cuarenta años».
El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, declaró en el debate del estudio que «los gobiernos deben proseguir las reformas de las pensiones con el fin de garantizar la viabilidad financiera y social de los sistemas de jubilación públicos y privados». A juicio de Gurría, el aumento del desempleo hasta el 10% en la OCDE, como está previsto para 2010, y la reducción de los ingresos fiscales «ponen a la hacienda pública ante una dura prueba, ya que las economías de la OCDE tendrán un déficit presupuestario por término medio de la renta nacional del 9% en 2010». La OCDE calla, sin embargo, que esa pérdida de ingresos de las arcas públicas se debe a la política neoliberal que los gobiernos más desarrollados están aplicando para beneficiar a la élite económica para que pague menos impuestos.
Más pobreza
Bajo ese análisis, el club de los países más desarrollados insiste en que «esa situación, derivada de la crisis económica y financiera y que se ha convertido en una crisis económica y social, apenas dejará la posibilidad a los gobiernos de efectuar una política de jubilación más generosa». Por lo que agregó que «las reformas deberían permitir una mejor reglamentación, una gestión más eficaz, una información transparente sobre los riesgos y el rendimiento de las distintas opciones, así como un cambio automático hacia inversiones menos aventuradas a medida que la edad de la jubilación se acerque».
Según Gurría, «al reformar hoy los sistemas de jubilación para volverlos accesibles y suficientemente sólidos para proteger a los particulares contra las fluctuaciones de los mercados, los gobiernos se ahorrarán muchas dificultades mañana sobre los planes financieros».
Edward Whitehouse, experto en pensiones de la OCDE, reconoció que los sistemas de pensiones privados se han visto perjudicados por la crisis, pero añadió que ese problema mundial se extiende al sistema público porque la caída del 23% del patrimonio de los fondos de pensiones, que sobrepasa esta tasa en Irlanda, Australia, Estados Unidos, Islandia y Bélgica, también ha provocado «un recrudecimiento de la pobreza entre las personas mayores».
El experto del club de los treinta países más desarrollados señaló que sólo en el último año provocó una caída en los ingresos de los pensionistas en torno al 12,5%. A juicio de la OCDE, las rentas de ahorro, incluidas las pensiones privadas, representan por término medio «un 25% de las rentas de los pensionistas de la OCDE», por lo que la estrepitosa caída de los fondos privados ha generado, a juicio de Martine Durand, directora adjunta de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, que «numerosas personas perdieran una parte no desdeñable de su ahorro-jubilación invertido en planes de pensiones o en otros activos financieros».
Es por ello que la OCDE recomienda «reforzar temporalmente» las medidas de protección social con el fin de superar la crisis actual, aunque alerta de que «las presiones políticas a corto plazo ejercida sobre las autoridades públicas para que aporten una ayuda inmediata son considerables y van más allá de una simple prevención de la pobreza de los ancianos».
Hacia lo público
La OCDE reconoce, en el fondo, que la crisis económica ha puesto en primera línea la vulnerabilidad del sistema privado de pensiones, por lo que algunos países están variando sus estrategias, lo que preocupa a ese organismo internacional. «En varios países de la OCDE se elevan cada vez más voces a favor del abandono de los regímenes mixtos de jubilación o para un recurso exclusivo a un sistema público, como ya ha ocurrido en la República Eslovaca, que ha autorizado a los asalariados afiliados a los nuevos dispositivos de jubilación a reinstalarse en el régimen público».
También reconoce que «otras economías de Europa Oriental prevén volver de nuevo al servicio público». El informe, firmado por Angel Gurría y Martine Durand, concluye en este caso que «será necesario restablecer la confianza en el sistema de pensiones privado. La crisis ha puesto de manifiesto que es imprescindible modificar su funcionamiento. Si las autoridades fallan en este camino, los esfuerzos que han desplegado durante los últimos años para preservar la prosperidad de la sociedad que envejece, corren el riesgo de reducirse a nada».
El fondo de reserva cuenta con 57.223,18 millones de euros
La oposición que suscitó el proyecto del Gobierno español de invertir en bolsa una parte muy importante del fondo de reserva de la Seguridad Social ha permitido que no haya sufrido la caída que se ha producido en el mercado financiero, del 23% en el conjunto de la OCDE. El fondo cuenta con un total de 57.223,18 millones .
23% de pérdida
media en el conjunto de la OCDE en el capital de los fondos de pensiones privados durante el 2008 debido a la crisis financiera. Supone, en conjunto, una pérdida de unos cuatro billones del patrimonio de esos fondos, lo que demuestra que no son infalibles ante los problemas.
12,5% de pérdida
de salarios de los pensionistas se ha producido en el último año por la pérdida del 23% del patrimonio de los fondos privados de pensiones, que en el conjunto del Club de los países más industrializados supuso una pérdida de 4 billones de euros en 2008.
El alza del paro y la excesiva rotación laboral provocará la merma de las pensiones futuras
La OCDE dice que el Estado español «debe desincentivar» las jubilaciones anticipadas porque «dificultan el equilibrio de ese sistema, en particular, en un contexto de aumento del desempleo por la crisis», según dijo Edward Whitehouse.
También reconoció que el desempleo y la rotación laboral impiden cubrir los períodos necesarios de cotización para tener derecho a la pensión futura. Lamentó que «el sistema español sigue alentando las jubilaciones anticipadas».
Ante el incremento del paro que se espera para los próximos meses y que puede situarse cerca del 20% de la población activa, dijo que «la dificultad se encuentra en que, en primer lugar, tendrá un impacto sobre el presupuesto público por el pago de los subsidios» y señaló que la rotación que se está produciendo en el mercado laboral genera un problema añadido «ya que resultará más difícil cubrir el periodo completo de cotizaciones y podría traducirse en una disminución de sus pensiones».
En cuanto al sistema francés, la OCDE recomienda que se reforme el sistema de pensiones tanto público como privado, puesto que las perspectivas económicas «no permiten mantener una situación de descontrol como la actual, ya que se están disparando los gastos»
sábado, 13 de junio de 2009
La crisis descuelga a niveles de pobreza en Gipuzkoa a 5.000 familias en un año
Se dispara un 36% el número de personas atendidas en cáritas. Los servicios atienden a familias autóctonas que nunca antes habían requerido este tipo de ayuda
Noticias de Gipuzkoa. Donostia.
El zarpazo de la crisis económica no deja de magullar a la sociedad guipuzcoana. Son ya cerca de 20.000 las personas que acuciadas por la necesidad se han visto obligadas a pedir ayuda en Cáritas durante el último año, un salto cuantitativo que se traduce en una realidad dramática: más de 5.000 familias comenzaron a traspasar entre 2007 y 2008 el umbral de la pobreza, lo que supone un aumento del 36% durante ese mismo periodo de tiempo, con una tendencia que se mantiene en el primer semestre de este año.
La mitad de ellos son inmigrantes que hasta ahora sobrevivían con unos empleos precarios que han acabado por desaparecer debido a la recesión. Del mismo modo, Cáritas ha detectado un no menos preocupante aumento de familias autóctonas que nunca antes habían requerido de este tipo de ayudas.
Se trata de un fenómeno desconocido. El desempleo y la carestía de la vivienda han acabado por descolgar a centenares de familias guipuzcoanas que "acuden por primera vez" a este tipo de servicios. Hasta ahora, no habían acudido a Cáritas, pero la pérdida de trabajo de alguno de los miembros de la unidad familiar provoca que la balanza entre ingresos y gastos se vea descompensada de un modo preocupante. La situación se antoja agobiante. Necesitan ayudas de manera urgente.
Estos datos han podido ser recogidos gracias a ese "observatorio privilegiado" que conforman las más de 180 parroquias de la Diócesis de Donostia.
Cáritas hizo suyo hace unos meses el compromiso de realizar un pormenorizado estudio de los efectos reales de la crisis. Su delegado episcopal, Joserra Treviño; el secretario general, José Emilio Lafuente; y su director, Juan Carlos Olano informaron ayer de la fotografía real que deja la recesión en las maltrechas economías de un número creciente de familias guipuzcoanas.
campaña Los responsables aprovecharon la ocasión para dar cuenta de los detalles de la campaña que se desarrollará mañana en todas las parroquias, en torno a la fiesta del Corpus Christi. Bajo el lema En tiempos de crisis mayor solidaridad por parte de todos , apelaron al compromiso de la sociedad guipuzcoana ante esta difícil coyuntura. "Hace falta sensibilizar a la ciudadanía para acercarnos a esta realidad emergente y animar a concretar la solidaridad en todos los niveles", expresó Treviño.
Durante el año pasado, las ayudas económicas que ofreció Cáritas en Gipuzkoa ascendieron a 2,5 millones de euros, que prácticamente se destinaron a la ayuda directa, esto es, a responder a situaciones de "subsistencia y necesidades de vivienda"
El delegado episcopal animó ayer a adoptar una postura más activa y, en este sentido, se dirigió a "todas las personas de buena voluntad" para que donen el salario de un día al mes. Un total de 2.000 familias guipuzcoanas ya lo hacen, con unas aportaciones que suponen unos ingresos de 450.000 euros anuales.
Cáritas entiende que la mayor parte de quienes disponen de empleo estable pueden prestar su colaboración desde "la sensibilidad y la conciencia solidaria" con quienes carecen de los más necesario.
En este sentido, Treviño estimó que, cualquier aportación, por pequeña que pueda parecer, es importante porque supone sumar recursos. "Serían necesarios al menos otros 2.000 donantes más en el territorio", calculó, para cubrir las necesidades que se han planteado por culpa de la crisis en los tiempos más recientes.
incremento nada habitual Lo cierto es que todos los años se registra un incremento "contenido" de familias en precario, pero sumar en un mismo ejercicio 5.000 personas no resulta nada habitual. "Se trata de un aumento que se ha dado en el último semestre de 2008, desde verano hasta diciembre, coincidiendo con la época más virulenta de la crisis", precisó Lafuente.
Y las cosas, por el momento, no parece que vayan a cambiar, al menos, a tenor de lo que se viene observando durante los primeros meses de 2009, en los que la tendencia se mantiene inalterable.
Uno de los efectos más visibles de esta creciente situación de necesidad se palpa día a día en los centros de acogida y comedores sociales de Donostialdea, que se encuentran "al borde de sus posibilidades" durante los últimos meses.
Lafuente aseguró que la situación es tan compleja que ha sido preciso ajustar algunos criterios en la relación de ayuda que hasta ahora mantenían en estos servicios, todo ello, con el fin de poder responder de la mejor manera posible a todos los demandantes.
A diario, unas 200 personas comen gracias a estos recursos asistenciales, la mitad dentro de los propios comedores sociales y, el resto, a través de un sistema de entrega de bocadillos.
colectivos más afectados El secretario general de Cáritas subrayó que la población inmigrante está padeciendo como nadie los efectos de la crisis, pero no son los únicos. Las familias monoparentales, especialmente mujeres con niños a su cargo, sufren en los últimos meses una situación que comienza a resultar insostenible.
Hay otros muchos sectores afectados, como el de guipuzcoanos que tenían hasta ahora trabajos temporales y precarios y que se están viendo inmersos en una situación de dificultad sobrevenida. Lafuente constató un número creciente de "personas que habían llevado a cabo un proceso de inserción social e iban cumpliendo con los objetivos", con una vida normalizada que ahora vive un serio retroceso debido a la pérdida de empleo.
Para los responsables de Cáritas, la crisis que afecta a Gipuzkoa "no es nada nuevo". La lectura que hacen rehuye de análisis coyunturales para remontarla tiempo atrás. "La crisis que conocemos tiene su origen y razón de ser en el propio sistema. Se trata de un mal estructural que viene de años atrás. De alguna manera, hay un injusto reparto de la riqueza, una avaricia que ha afectado negativamente a la economía y el empleo", juzgó Lafuente.
los datos
Atenciones. Cáritas de Gipuzkoa atendió durante 2008 a cerca de 20.000 personas, lo que significa un incremento del 36% respecto al año anterior, una tendencia originada por la crisis económica que se está manteniendo en el presente ejercicio.
Incremento. La recesión ha provocado que el pasado año se incrementaran en 5.000 las personas que acudieron a Cáritas a solicitar ayuda, sobre todo a partir del verano, cuando comenzaron a sentirse con más virulencia en el territorio los efectos de la crisis actual.
Colectivos afectados. La población inmigrante está padeciendo como nadie los efectos de la crisis, pero no son los únicos. Las familias monoparentales, especialmente mujeres con niños a su cargo, sufren en los últimos meses una situación que comienza a resultar insostenible. Hay otros sectores afectados, como el de guipuzcoanos que tenían hasta ahora trabajos temporales y precarios y que se están viendo inmersos en una situación de dificultad sobrevenida.
Comedores sociales. Ante esta situación, los centros de acogida y los comedores sociales de Cáritas, en los que diariamente comen 200 personas, se encuentran "saturados", mientras que algunas parroquias han duplicado el número de atenciones con respecto a ejercicios anteriores.
Ayudas económicas. Durante el pasado año, las ayudas económicas que ofreció Cáritas en el territorio guipuzcoano ascendieron a 2,5 millones de euros, que "fundamentalmente se han destinado a la subsistencia y a las necesidades de vivienda".
La campaña. Cáritas ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para que los ciudadanos que lo deseen donen un día de su sueldo al mes para ayudar "a los que pierden el empleo". Actualmente 2.000 guipuzcoanos destinan a Cáritas esta ayuda, que ha sumado 450.000 euros el pasado año, aunque Treviño estimó que serían necesarios al menos otros 2.000 para cubrir las necesidades que se han planteado por culpa de la crisis.
LAS FRASES
Cáritas pone en marcha una campaña de solidaridad para que los ciudadanos donen un día de salario al mes
Los centros de acogida y comedores sociales de Donostia se encuentran actualmente "saturados"
Noticias de Gipuzkoa. Donostia.
El zarpazo de la crisis económica no deja de magullar a la sociedad guipuzcoana. Son ya cerca de 20.000 las personas que acuciadas por la necesidad se han visto obligadas a pedir ayuda en Cáritas durante el último año, un salto cuantitativo que se traduce en una realidad dramática: más de 5.000 familias comenzaron a traspasar entre 2007 y 2008 el umbral de la pobreza, lo que supone un aumento del 36% durante ese mismo periodo de tiempo, con una tendencia que se mantiene en el primer semestre de este año.
La mitad de ellos son inmigrantes que hasta ahora sobrevivían con unos empleos precarios que han acabado por desaparecer debido a la recesión. Del mismo modo, Cáritas ha detectado un no menos preocupante aumento de familias autóctonas que nunca antes habían requerido de este tipo de ayudas.
Se trata de un fenómeno desconocido. El desempleo y la carestía de la vivienda han acabado por descolgar a centenares de familias guipuzcoanas que "acuden por primera vez" a este tipo de servicios. Hasta ahora, no habían acudido a Cáritas, pero la pérdida de trabajo de alguno de los miembros de la unidad familiar provoca que la balanza entre ingresos y gastos se vea descompensada de un modo preocupante. La situación se antoja agobiante. Necesitan ayudas de manera urgente.
Estos datos han podido ser recogidos gracias a ese "observatorio privilegiado" que conforman las más de 180 parroquias de la Diócesis de Donostia.
Cáritas hizo suyo hace unos meses el compromiso de realizar un pormenorizado estudio de los efectos reales de la crisis. Su delegado episcopal, Joserra Treviño; el secretario general, José Emilio Lafuente; y su director, Juan Carlos Olano informaron ayer de la fotografía real que deja la recesión en las maltrechas economías de un número creciente de familias guipuzcoanas.
campaña Los responsables aprovecharon la ocasión para dar cuenta de los detalles de la campaña que se desarrollará mañana en todas las parroquias, en torno a la fiesta del Corpus Christi. Bajo el lema En tiempos de crisis mayor solidaridad por parte de todos , apelaron al compromiso de la sociedad guipuzcoana ante esta difícil coyuntura. "Hace falta sensibilizar a la ciudadanía para acercarnos a esta realidad emergente y animar a concretar la solidaridad en todos los niveles", expresó Treviño.
Durante el año pasado, las ayudas económicas que ofreció Cáritas en Gipuzkoa ascendieron a 2,5 millones de euros, que prácticamente se destinaron a la ayuda directa, esto es, a responder a situaciones de "subsistencia y necesidades de vivienda"
El delegado episcopal animó ayer a adoptar una postura más activa y, en este sentido, se dirigió a "todas las personas de buena voluntad" para que donen el salario de un día al mes. Un total de 2.000 familias guipuzcoanas ya lo hacen, con unas aportaciones que suponen unos ingresos de 450.000 euros anuales.
Cáritas entiende que la mayor parte de quienes disponen de empleo estable pueden prestar su colaboración desde "la sensibilidad y la conciencia solidaria" con quienes carecen de los más necesario.
En este sentido, Treviño estimó que, cualquier aportación, por pequeña que pueda parecer, es importante porque supone sumar recursos. "Serían necesarios al menos otros 2.000 donantes más en el territorio", calculó, para cubrir las necesidades que se han planteado por culpa de la crisis en los tiempos más recientes.
incremento nada habitual Lo cierto es que todos los años se registra un incremento "contenido" de familias en precario, pero sumar en un mismo ejercicio 5.000 personas no resulta nada habitual. "Se trata de un aumento que se ha dado en el último semestre de 2008, desde verano hasta diciembre, coincidiendo con la época más virulenta de la crisis", precisó Lafuente.
Y las cosas, por el momento, no parece que vayan a cambiar, al menos, a tenor de lo que se viene observando durante los primeros meses de 2009, en los que la tendencia se mantiene inalterable.
Uno de los efectos más visibles de esta creciente situación de necesidad se palpa día a día en los centros de acogida y comedores sociales de Donostialdea, que se encuentran "al borde de sus posibilidades" durante los últimos meses.
Lafuente aseguró que la situación es tan compleja que ha sido preciso ajustar algunos criterios en la relación de ayuda que hasta ahora mantenían en estos servicios, todo ello, con el fin de poder responder de la mejor manera posible a todos los demandantes.
A diario, unas 200 personas comen gracias a estos recursos asistenciales, la mitad dentro de los propios comedores sociales y, el resto, a través de un sistema de entrega de bocadillos.
colectivos más afectados El secretario general de Cáritas subrayó que la población inmigrante está padeciendo como nadie los efectos de la crisis, pero no son los únicos. Las familias monoparentales, especialmente mujeres con niños a su cargo, sufren en los últimos meses una situación que comienza a resultar insostenible.
Hay otros muchos sectores afectados, como el de guipuzcoanos que tenían hasta ahora trabajos temporales y precarios y que se están viendo inmersos en una situación de dificultad sobrevenida. Lafuente constató un número creciente de "personas que habían llevado a cabo un proceso de inserción social e iban cumpliendo con los objetivos", con una vida normalizada que ahora vive un serio retroceso debido a la pérdida de empleo.
Para los responsables de Cáritas, la crisis que afecta a Gipuzkoa "no es nada nuevo". La lectura que hacen rehuye de análisis coyunturales para remontarla tiempo atrás. "La crisis que conocemos tiene su origen y razón de ser en el propio sistema. Se trata de un mal estructural que viene de años atrás. De alguna manera, hay un injusto reparto de la riqueza, una avaricia que ha afectado negativamente a la economía y el empleo", juzgó Lafuente.
los datos
Atenciones. Cáritas de Gipuzkoa atendió durante 2008 a cerca de 20.000 personas, lo que significa un incremento del 36% respecto al año anterior, una tendencia originada por la crisis económica que se está manteniendo en el presente ejercicio.
Incremento. La recesión ha provocado que el pasado año se incrementaran en 5.000 las personas que acudieron a Cáritas a solicitar ayuda, sobre todo a partir del verano, cuando comenzaron a sentirse con más virulencia en el territorio los efectos de la crisis actual.
Colectivos afectados. La población inmigrante está padeciendo como nadie los efectos de la crisis, pero no son los únicos. Las familias monoparentales, especialmente mujeres con niños a su cargo, sufren en los últimos meses una situación que comienza a resultar insostenible. Hay otros sectores afectados, como el de guipuzcoanos que tenían hasta ahora trabajos temporales y precarios y que se están viendo inmersos en una situación de dificultad sobrevenida.
Comedores sociales. Ante esta situación, los centros de acogida y los comedores sociales de Cáritas, en los que diariamente comen 200 personas, se encuentran "saturados", mientras que algunas parroquias han duplicado el número de atenciones con respecto a ejercicios anteriores.
Ayudas económicas. Durante el pasado año, las ayudas económicas que ofreció Cáritas en el territorio guipuzcoano ascendieron a 2,5 millones de euros, que "fundamentalmente se han destinado a la subsistencia y a las necesidades de vivienda".
La campaña. Cáritas ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para que los ciudadanos que lo deseen donen un día de su sueldo al mes para ayudar "a los que pierden el empleo". Actualmente 2.000 guipuzcoanos destinan a Cáritas esta ayuda, que ha sumado 450.000 euros el pasado año, aunque Treviño estimó que serían necesarios al menos otros 2.000 para cubrir las necesidades que se han planteado por culpa de la crisis.
LAS FRASES
Cáritas pone en marcha una campaña de solidaridad para que los ciudadanos donen un día de salario al mes
Los centros de acogida y comedores sociales de Donostia se encuentran actualmente "saturados"
Cáritas reclama un incremento del gasto social en el territorio
La organización solicita una intervención especial en materia de empleo y vivienda. El delegado episcopal alerta de la necesidad de "evitar los atrasos" acumulados en la adjudicación de ayudas
Noticas de Gipuzkoa. Donostia. j.n.
El delegado episcopal de Cáritas, Joserra Treviño, reclamó ayer un incremento del gasto social ante la actual coyuntura de crisis, que incluso les ha abocado a adelantar partidas de dinero debido a los retrasos que se vienen acumulando en los pagos de algunas prestaciones.
Viene siendo recurrente en los últimos meses una reclamación unidireccional de las organizaciones sociales, que se resume en una frase: "A más necesidades, más recursos". Desde Cáritas creen que no se están dando todos los pasos necesarios para solventar las necesidades que vienen surgiendo y, en este sentido, reclaman una intervención especial en materia de empleo y vivienda. Sobre todo, pensando en las personas y familias en riesgo de exclusión social, "porque constituyen el vértice de la pobreza y la marginación", precisó Treviño.
El delegado episcopal hizo especial hincapié en la necesidad de "evitar los atrasos" que se vienen registrando en la adjudicación de rentas básicas y ayudas de emergencia social. "Los tiempos de tramitación de algo tan fundamental y esencial como la renta básica, que es un derecho y se dirige hacia la supervivencia de las personas, están sufriendo retrasos, y cada vez es más frecuente que vengan a Cáritas a que se les adelante un dinero tan esencial", explicó Treviño.
empadronamiento En tercer lugar, la organización humanitaria solicitó una mayor facilidad para cumplimentar el trámite del empadronamiento, de modo que no se pongan las trabas que actualmente existen, ya que "es un requisito imprescindible para demandar ayudas sociales".
Noticas de Gipuzkoa. Donostia. j.n.
El delegado episcopal de Cáritas, Joserra Treviño, reclamó ayer un incremento del gasto social ante la actual coyuntura de crisis, que incluso les ha abocado a adelantar partidas de dinero debido a los retrasos que se vienen acumulando en los pagos de algunas prestaciones.
Viene siendo recurrente en los últimos meses una reclamación unidireccional de las organizaciones sociales, que se resume en una frase: "A más necesidades, más recursos". Desde Cáritas creen que no se están dando todos los pasos necesarios para solventar las necesidades que vienen surgiendo y, en este sentido, reclaman una intervención especial en materia de empleo y vivienda. Sobre todo, pensando en las personas y familias en riesgo de exclusión social, "porque constituyen el vértice de la pobreza y la marginación", precisó Treviño.
El delegado episcopal hizo especial hincapié en la necesidad de "evitar los atrasos" que se vienen registrando en la adjudicación de rentas básicas y ayudas de emergencia social. "Los tiempos de tramitación de algo tan fundamental y esencial como la renta básica, que es un derecho y se dirige hacia la supervivencia de las personas, están sufriendo retrasos, y cada vez es más frecuente que vengan a Cáritas a que se les adelante un dinero tan esencial", explicó Treviño.
empadronamiento En tercer lugar, la organización humanitaria solicitó una mayor facilidad para cumplimentar el trámite del empadronamiento, de modo que no se pongan las trabas que actualmente existen, ya que "es un requisito imprescindible para demandar ayudas sociales".
jueves, 11 de junio de 2009
Aumentan en un 82% los demandantes de renta básica en Nafarroa
El número de personas que demandó la renta básica en Nafarroa aumentó un 82% entre abril de 2008 y el mismo mes de este año, según los datos facilitados ayer por la consejera de Asuntos Sociales, Isabel García Malo.
GARA
En rueda de prensa, explicó que en abril 2.496 personas percibieron la renta básica en este herrialde, una prestación garantizada para todas las familias de al menos el 90% del salario mínimo interprofesional, según señaló.
García Malo apuntó que el perfil de las personas y familias que están entrando en el sistema de cobertura social está variando, de modo que al objeto de dar «una respuesta más rápida y adecuada a la situación», anunció que simplificarán los trámites para agilizar el cobro.
GARA
En rueda de prensa, explicó que en abril 2.496 personas percibieron la renta básica en este herrialde, una prestación garantizada para todas las familias de al menos el 90% del salario mínimo interprofesional, según señaló.
García Malo apuntó que el perfil de las personas y familias que están entrando en el sistema de cobertura social está variando, de modo que al objeto de dar «una respuesta más rápida y adecuada a la situación», anunció que simplificarán los trámites para agilizar el cobro.
miércoles, 10 de junio de 2009
Jubilados de la organización Helduak, de LAB, denuncian su precaria situación económica
M. I. IRUN. DV.
Una veintena de personas de la organización de jubilados Helduak, del sindicato LAB, se concentró ayer en la plaza de Jenaro-Etxeandia para denunciar la situación que viven los jubilados y viudas en el País Vasco. Según explicó Miguel González, de LAB, «seguimos sintiendo los problemas de los trabajadores. Estamos comprobando que nuestro poder adquisitivo está mermando a marchas preocupantes. Nos damos cuenta de que el pacto de Toledo ha servido para ir dejando este estatuto de los trabajadores sin contenido. Aun siendo jubilados, tenemos que seguir en activo».
Una veintena de personas de la organización de jubilados Helduak, del sindicato LAB, se concentró ayer en la plaza de Jenaro-Etxeandia para denunciar la situación que viven los jubilados y viudas en el País Vasco. Según explicó Miguel González, de LAB, «seguimos sintiendo los problemas de los trabajadores. Estamos comprobando que nuestro poder adquisitivo está mermando a marchas preocupantes. Nos damos cuenta de que el pacto de Toledo ha servido para ir dejando este estatuto de los trabajadores sin contenido. Aun siendo jubilados, tenemos que seguir en activo».
domingo, 7 de junio de 2009
80.000 hogares vascos dependerán de la renta básica en un año si la crisis persiste
El agotamiento de las prestaciones por desempleo amenaza con duplicar el colectivo de perceptores de subsidios sociales en Euskadi
JAVIER MUÑOZ | BILBAO. DV.
El colectivo de perceptores de la renta básica, casi 40.000 ciudadanos que cobran el 88% del salario mínimo interprofesional (SMI) -624 euros en catorce pagas-, corre el riesgo de duplicarse en Euskadi si la crisis económica se prolonga y los 38.000 trabajadores que han perdido su empleo durante el último año agotan el paro. En principio, la previsión oficial es que el subsidio mensual alcance a unas 48.000 personas a finales de este año, frente a las 39.757 que lo recibían en abril pasado, lo que supone un aumento del 20%. Sin embargo, esa estimación fue realizada antes de que la recesión se manifestara en toda su crudeza, y por eso no contempla a los parados que aún subsisten con el seguro de desempleo, pero que, a medida que pasen los meses, estarán más cerca de quedarse sin él.
De momento, el incremento de beneficiarios calculado por el Gobierno Vasco corresponde esencialmente a las personas mayores que a lo largo de 2009 comenzarán a recibir un complemento económico para elevar sus bajas pensiones al 100% del SMI. Esa prestación se ha englobado ahora dentro del capítulo de la renta básica. En abril de 2008 ya habían empezado a cobrarla 5.903 individuos de edad avanzada, mientras que en los doce meses siguientes se han ido incorporando otros 5.547 beneficiarios. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta, espera que hasta diciembre próximo se vaya añadiendo un número similar o incluso superior de perceptores mayores de 65 años que todavía no han visto equiparada su pensión con el SMI.
Para hacer frente a ese escenario, recogido en el pacto social suscrito por el tripartito y el PSE-EE en la pasada legislatura, el Gobierno de Ibarretxe aumentó la dotación de la renta básica en un 14,6%, hasta llegar a los 217 millones de euros. Sin embargo, desde que se aprobaron aquellas cuentas, en diciembre pasado, el deterioro económico no ha hecho sino acentuarse. Sin ir más lejos, SOS Racismo ha alertado de que unos 38.000 inmigrantes afincados en Euskadi -casi la tercera parte de los extranjeros empadronados en la comunidad- pueden dejar de ser 'legales', ya que necesitan renovar en breve su permiso de trabajo, y ese requisito podría frustrarse debido a que el desempleo se ceba con los trabajadores foráneos.
Qué ocurrirá
La cuestión es qué ocurrirá cuando muchos parados empiecen a reclamar la renta básica, una prestación que la Ley de Garantía de Ingresos reconoce a cualquier persona sin recursos que esté empadronada en el País Vasco, si bien con condiciones. En el caso de los individuos en edad y posibilidades de trabajar -aproximadamente un tercio de todos los perceptores de renta básica- tiene dos años de duración y va unido al compromiso de apuntarse a programas de inserción laboral.
Ahora mismo, el impacto de los subsidios sobre las cuentas de la Administración vasca es incierto. No obstante, Gemma Zabaleta ha recalcado que ese asunto es «una prioridad política» para el gabinete de Patxi López. Pero aunque dejara de serlo, la Ley de Garantía de Ingresos establece que la renta básica es un derecho exigible como la sanidad y la educación.
Con este telón de fondo, el Gobierno Vasco se ha mostrado dispuesto a recurrir al endeudamiento, aunque «explicándolo y midiéndolo bien», en palabras de la consejera de Empleo. De momento, su equipo pretende agilizar la concesión de los subsidios contra la exclusión y mejorar otras prestaciones de carácter familiar, como las ayudas por hijo, que están concebidas para fomentar la natalidad, pero representan a fin de cuentas un dinero que puede ayudar a los hogares en un contexto difícil.
Un indicio de lo que se avecina en los próximos meses lo proporciona la imparable demanda de las ayudas de emergencia social (AES), un subsidio que no es mensual, sino que se concede a los ciudadanos sin recursos para afrontar gastos imprevistos en la casa, aunque en la práctica también se está utilizando para pagar el alquiler. Nada más tomar posesión de su cargo, la primera medida de la consejera Zabaleta fue aprobar una inyección de 20 millones de euros, a sumar a los 34,4 iniciales, para atender a 10.700 nuevos solicitantes de AES que se calcula que surgirán este año. Ese colectivo estará formado por ciudadanos golpeados por el paro que elevarán el total de beneficiarios de las AES hasta los 38.000.
Para hacerse una idea del impacto que está teniendo la crisis, el Gobierno Vasco ha advertido de que, si bien las dotaciones anuales para las ayudas de emergencia nunca han llegado a cubrir todas las necesidades, el dinero que se les había asignado este año se agotó casi por completo en mayo pasado. Las estadísticas oficiales son elocuentes: mientras que en 2008 el incremento de perceptores de AES ascendió a 903 personas -de 26.397 a 27.300-, un año más tarde, con la economía vasca oficialmente en recesión, el Ejecutivo autónomo ya trabaja con la hipótesis de que las solicitudes se multiplicarán, como mínimo, por doce.
Ello explica la rápida intervención del Departamento de Zabaleta para ayudar a los ayuntamientos, puesto que son ellos los que distribuyen las ayudas de emergencia y a veces han puesto el dinero de sus propias arcas. En principio, la Administración municipal aportará otros 9,6 millones al fondo general de las AES.
Tanto el Gobierno Vasco como los municipios están comprobando que junto a los perceptores tradicionales de esas prestaciones -jóvenes, mujeres solas con cargas familiares y mayores- aparecen ahora trabajadores con experiencia que han sido repentinamente expulsados del mercado laboral. «Los ayuntamientos están colapsados -aseguró Zabaleta-. Les llegan vecinos que no pueden pagar el préstamo del piso. Todavía no necesitan la renta básica, pero las AES están concebidas para ese tipo de situaciones».
JAVIER MUÑOZ | BILBAO. DV.
El colectivo de perceptores de la renta básica, casi 40.000 ciudadanos que cobran el 88% del salario mínimo interprofesional (SMI) -624 euros en catorce pagas-, corre el riesgo de duplicarse en Euskadi si la crisis económica se prolonga y los 38.000 trabajadores que han perdido su empleo durante el último año agotan el paro. En principio, la previsión oficial es que el subsidio mensual alcance a unas 48.000 personas a finales de este año, frente a las 39.757 que lo recibían en abril pasado, lo que supone un aumento del 20%. Sin embargo, esa estimación fue realizada antes de que la recesión se manifestara en toda su crudeza, y por eso no contempla a los parados que aún subsisten con el seguro de desempleo, pero que, a medida que pasen los meses, estarán más cerca de quedarse sin él.
De momento, el incremento de beneficiarios calculado por el Gobierno Vasco corresponde esencialmente a las personas mayores que a lo largo de 2009 comenzarán a recibir un complemento económico para elevar sus bajas pensiones al 100% del SMI. Esa prestación se ha englobado ahora dentro del capítulo de la renta básica. En abril de 2008 ya habían empezado a cobrarla 5.903 individuos de edad avanzada, mientras que en los doce meses siguientes se han ido incorporando otros 5.547 beneficiarios. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta, espera que hasta diciembre próximo se vaya añadiendo un número similar o incluso superior de perceptores mayores de 65 años que todavía no han visto equiparada su pensión con el SMI.
Para hacer frente a ese escenario, recogido en el pacto social suscrito por el tripartito y el PSE-EE en la pasada legislatura, el Gobierno de Ibarretxe aumentó la dotación de la renta básica en un 14,6%, hasta llegar a los 217 millones de euros. Sin embargo, desde que se aprobaron aquellas cuentas, en diciembre pasado, el deterioro económico no ha hecho sino acentuarse. Sin ir más lejos, SOS Racismo ha alertado de que unos 38.000 inmigrantes afincados en Euskadi -casi la tercera parte de los extranjeros empadronados en la comunidad- pueden dejar de ser 'legales', ya que necesitan renovar en breve su permiso de trabajo, y ese requisito podría frustrarse debido a que el desempleo se ceba con los trabajadores foráneos.
Qué ocurrirá
La cuestión es qué ocurrirá cuando muchos parados empiecen a reclamar la renta básica, una prestación que la Ley de Garantía de Ingresos reconoce a cualquier persona sin recursos que esté empadronada en el País Vasco, si bien con condiciones. En el caso de los individuos en edad y posibilidades de trabajar -aproximadamente un tercio de todos los perceptores de renta básica- tiene dos años de duración y va unido al compromiso de apuntarse a programas de inserción laboral.
Ahora mismo, el impacto de los subsidios sobre las cuentas de la Administración vasca es incierto. No obstante, Gemma Zabaleta ha recalcado que ese asunto es «una prioridad política» para el gabinete de Patxi López. Pero aunque dejara de serlo, la Ley de Garantía de Ingresos establece que la renta básica es un derecho exigible como la sanidad y la educación.
Con este telón de fondo, el Gobierno Vasco se ha mostrado dispuesto a recurrir al endeudamiento, aunque «explicándolo y midiéndolo bien», en palabras de la consejera de Empleo. De momento, su equipo pretende agilizar la concesión de los subsidios contra la exclusión y mejorar otras prestaciones de carácter familiar, como las ayudas por hijo, que están concebidas para fomentar la natalidad, pero representan a fin de cuentas un dinero que puede ayudar a los hogares en un contexto difícil.
Un indicio de lo que se avecina en los próximos meses lo proporciona la imparable demanda de las ayudas de emergencia social (AES), un subsidio que no es mensual, sino que se concede a los ciudadanos sin recursos para afrontar gastos imprevistos en la casa, aunque en la práctica también se está utilizando para pagar el alquiler. Nada más tomar posesión de su cargo, la primera medida de la consejera Zabaleta fue aprobar una inyección de 20 millones de euros, a sumar a los 34,4 iniciales, para atender a 10.700 nuevos solicitantes de AES que se calcula que surgirán este año. Ese colectivo estará formado por ciudadanos golpeados por el paro que elevarán el total de beneficiarios de las AES hasta los 38.000.
Para hacerse una idea del impacto que está teniendo la crisis, el Gobierno Vasco ha advertido de que, si bien las dotaciones anuales para las ayudas de emergencia nunca han llegado a cubrir todas las necesidades, el dinero que se les había asignado este año se agotó casi por completo en mayo pasado. Las estadísticas oficiales son elocuentes: mientras que en 2008 el incremento de perceptores de AES ascendió a 903 personas -de 26.397 a 27.300-, un año más tarde, con la economía vasca oficialmente en recesión, el Ejecutivo autónomo ya trabaja con la hipótesis de que las solicitudes se multiplicarán, como mínimo, por doce.
Ello explica la rápida intervención del Departamento de Zabaleta para ayudar a los ayuntamientos, puesto que son ellos los que distribuyen las ayudas de emergencia y a veces han puesto el dinero de sus propias arcas. En principio, la Administración municipal aportará otros 9,6 millones al fondo general de las AES.
Tanto el Gobierno Vasco como los municipios están comprobando que junto a los perceptores tradicionales de esas prestaciones -jóvenes, mujeres solas con cargas familiares y mayores- aparecen ahora trabajadores con experiencia que han sido repentinamente expulsados del mercado laboral. «Los ayuntamientos están colapsados -aseguró Zabaleta-. Les llegan vecinos que no pueden pagar el préstamo del piso. Todavía no necesitan la renta básica, pero las AES están concebidas para ese tipo de situaciones».
«Hemos sido dominados por una ideología fundamentalista de mercado»
Vandana Shiva. Activista antiglobalización y defensora de la agricultura ecológica
Vandana Shiva ( 1952 Uttarakhand, India) es una figura mundial en la defensa del Medio Ambiente. Científica, filósofa y escritora es fundadora de varias organizaciones para la difusión de la agricultura ecológica y el mantenimiento de la diversidad. Símbolo del ecofeminismo, recibió el Premio Nobel Alternativo en 1993. Ayer ofreció la conferencia «Democracia en la tierra» en la feria Bioterra.
Maider EIZMENDI | GARA
Minutos antes de su intervención ante los medios de comunicación, Vandana Shiva caminaba pausada ante los stands de la feria anual Bioterra. Sin embargo y, a pesar su cara afable, su actitud es tajante cuando comienza a hablar de las grandes multinacionales, como Monsanto, a quienes acusa de ser las responsables de que un billón de personas no tengan en la actualidad acceso a la alimentación y al agua potable.
Vandana Shiva es un referente mundial en la lucha por los pobres, por el medio ambiente, contra la biopiratería, por los derechos de la mujer... «Mi objetivo en la vida es celebrar la vida en toda su belleza, en toda su alegría, y luchar ferozmente contra todo lo que no nos permita llegar a ello», resume ella.
Con contundencia afirma que «en las dos últimas décadas hemos sido dominados por una ideología fundamentalista de mercado», que «ha reducido el mundo a un mero supermercado, ha reducido al ser humano a un mero consumidor, ha robado trabajo a la gente, ha robado la producción...». Afirma convencida, sin embargo, que a ese sistema se le dio muerte en setiembre de 2008, «porque un sistema en el que los seres humanos consumen y no producen no puede durar, un sistema en el que explotamos la tierra sin límites no puede durar...».
Sobre la actual crisis mundial, Shiva sostiene que pueden darse dos eventuales escenarios: «La crisis actual puede profundizar aún más esta situación si la respuesta es salvar a los que la han originado. Si todos los rescates son para los bancos, que son quienes han creado el caos, o si las prestaciones son para los contaminantes que acuden a las negociaciones sobre el clima... Habría una convergencia más importante entre el poder del dinero y el poder político; eso se llama dictadura». En cambio, en opinión de Shiva, la crisis también podría traer consigo la oportunidad de crear alternativas: «Podemos formar economías adaptadas a la gente, que los estímulos que se den se dirijan a ello, y, al mismo tiempo, reclamar los derechos perdidos de la gente». Sí, «la crisis también puede ser una oportunidad».
Su propuesta principal es lo que denomina «democracia de la tierra»: «Lo llamo así porque debemos incluir todas las especies en esta nueva democracia; una democracia sólo humana, que no respete los derechos ecológicos de otras especies, también finalizará con la pérdida de los derechos del ser humano».
Subraya una y otra vez que a día de hoy un billón de personas no tiene acceso a alimentos ni a agua potable y que la única manera de poner remedio a esta situación «es impulsar un sistema en el que reconozcamos los derechos de todos a acceder a los recursos de la tierra». «La democracia de la tierra se basa en la economía sostenible, en economías vivas y también en la democracia viva porque la democracia actual esta muerta», explica.
Su propuesta tiene una base sólida y unas referencia previas: «Hace más de 25 años empecé a construir estas economías vivas, esta democracia viva semilla a semilla, agricultor a agricultor, persona a persona. En el pasado ha habido revoluciones basadas en lo que decidían unos pocos para el futuro y a menudo a través de la violencia. Pero los cambios radicales actuales solamente serán posibles si todo el mundo participa y si creamos un cambio no violento sino radical».
Pero a su juicio, además de la crisis económica, actualmente la población sufre una grave crisis ecológica y social «que se refleja en el aumento del terrorismo, del fundamentalismo y en la alineación de la gente, en el desencanto que sufre». Estas tres crisis tienen «las mismas raíces y, por lo tanto, pueden tener las mismas soluciones». Es posible atajarlas «simultáneamente a través de una economía inclusiva basada en lo local; una economía de la vida en lugar de una economía de la muerte».
La soberanía alimentaria es, en su opinión, «vital», porque, «después de todo, nosotros somos lo que comemos». Pero también lo es a nivel económico y político, «porque las principales guerras se libran por el alimento».
Ante las afirmaciones de que una agricultura ecológica no sería capaz de dar repuesta a las necesidades alimentarias mundiales, se muestra tajante: «No creo que haya una mentira mayor. De hecho estamos viviendo una crisis porque la agricultura industrial ha gastado los recursos de la tierra. Invierte diez veces más energía para lograr el mismo resultado». En su opinión, proponer el uso fertilizantes químicos a día de hoy «es criminal», entre otras cosas, porque sabemos que es una de las causas del cambio climático, los fertilizantes emiten gases de efecto invernadero».
Para que los cambios que ella propone llegue a un buen puerto es importante la concienciación de la población. «Los cambios provienen de un cambio de mentalidad, nuestra mente ha sido capturada y tenemos que liberarla». Pero para ello, es imprescindible tener acceso a «la realidad que se nos oculta; la concienciación se basa en la información real, no en la propaganda».
La ecologista y feminista india incide además en el papel que deben jugar las mujeres. «Las mujeres han cuidado de las semillas alrededor de todo el mundo, han sido las agricultoras del mundo y ahora se les roba sus semillas, su figura en la producción; las mujeres son como el sexo dispensable y, por ellos, se ha experimentado un aumento de la violencia contra ellas. El reconocimiento de las mujeres como centro de la agricultura es vital para la soberanía alimentaria y para detener la violencia sobre las mujeres».
Su labor como el de toda la población para salvaguardar las semillas ha de ser enérgica. «Las semillas no son un invento de las corporaciones, por lo tanto, no pueden ser propiedad patentada; las semillas deben compartirse libremente». Con ese objetivo creó el movimiento Navdanya, que ha creado más de cincuenta bancos de semillas comunitarios.
Asegura, no obstante, que hay que ir más allá: «Espero que nos unamos y pongamos en marcha mecanismos legales, quizás debamos aprender del software libre».
Vandana Shiva ( 1952 Uttarakhand, India) es una figura mundial en la defensa del Medio Ambiente. Científica, filósofa y escritora es fundadora de varias organizaciones para la difusión de la agricultura ecológica y el mantenimiento de la diversidad. Símbolo del ecofeminismo, recibió el Premio Nobel Alternativo en 1993. Ayer ofreció la conferencia «Democracia en la tierra» en la feria Bioterra.
Maider EIZMENDI | GARA
Minutos antes de su intervención ante los medios de comunicación, Vandana Shiva caminaba pausada ante los stands de la feria anual Bioterra. Sin embargo y, a pesar su cara afable, su actitud es tajante cuando comienza a hablar de las grandes multinacionales, como Monsanto, a quienes acusa de ser las responsables de que un billón de personas no tengan en la actualidad acceso a la alimentación y al agua potable.
Vandana Shiva es un referente mundial en la lucha por los pobres, por el medio ambiente, contra la biopiratería, por los derechos de la mujer... «Mi objetivo en la vida es celebrar la vida en toda su belleza, en toda su alegría, y luchar ferozmente contra todo lo que no nos permita llegar a ello», resume ella.
Con contundencia afirma que «en las dos últimas décadas hemos sido dominados por una ideología fundamentalista de mercado», que «ha reducido el mundo a un mero supermercado, ha reducido al ser humano a un mero consumidor, ha robado trabajo a la gente, ha robado la producción...». Afirma convencida, sin embargo, que a ese sistema se le dio muerte en setiembre de 2008, «porque un sistema en el que los seres humanos consumen y no producen no puede durar, un sistema en el que explotamos la tierra sin límites no puede durar...».
Sobre la actual crisis mundial, Shiva sostiene que pueden darse dos eventuales escenarios: «La crisis actual puede profundizar aún más esta situación si la respuesta es salvar a los que la han originado. Si todos los rescates son para los bancos, que son quienes han creado el caos, o si las prestaciones son para los contaminantes que acuden a las negociaciones sobre el clima... Habría una convergencia más importante entre el poder del dinero y el poder político; eso se llama dictadura». En cambio, en opinión de Shiva, la crisis también podría traer consigo la oportunidad de crear alternativas: «Podemos formar economías adaptadas a la gente, que los estímulos que se den se dirijan a ello, y, al mismo tiempo, reclamar los derechos perdidos de la gente». Sí, «la crisis también puede ser una oportunidad».
Su propuesta principal es lo que denomina «democracia de la tierra»: «Lo llamo así porque debemos incluir todas las especies en esta nueva democracia; una democracia sólo humana, que no respete los derechos ecológicos de otras especies, también finalizará con la pérdida de los derechos del ser humano».
Subraya una y otra vez que a día de hoy un billón de personas no tiene acceso a alimentos ni a agua potable y que la única manera de poner remedio a esta situación «es impulsar un sistema en el que reconozcamos los derechos de todos a acceder a los recursos de la tierra». «La democracia de la tierra se basa en la economía sostenible, en economías vivas y también en la democracia viva porque la democracia actual esta muerta», explica.
Su propuesta tiene una base sólida y unas referencia previas: «Hace más de 25 años empecé a construir estas economías vivas, esta democracia viva semilla a semilla, agricultor a agricultor, persona a persona. En el pasado ha habido revoluciones basadas en lo que decidían unos pocos para el futuro y a menudo a través de la violencia. Pero los cambios radicales actuales solamente serán posibles si todo el mundo participa y si creamos un cambio no violento sino radical».
Pero a su juicio, además de la crisis económica, actualmente la población sufre una grave crisis ecológica y social «que se refleja en el aumento del terrorismo, del fundamentalismo y en la alineación de la gente, en el desencanto que sufre». Estas tres crisis tienen «las mismas raíces y, por lo tanto, pueden tener las mismas soluciones». Es posible atajarlas «simultáneamente a través de una economía inclusiva basada en lo local; una economía de la vida en lugar de una economía de la muerte».
La soberanía alimentaria es, en su opinión, «vital», porque, «después de todo, nosotros somos lo que comemos». Pero también lo es a nivel económico y político, «porque las principales guerras se libran por el alimento».
Ante las afirmaciones de que una agricultura ecológica no sería capaz de dar repuesta a las necesidades alimentarias mundiales, se muestra tajante: «No creo que haya una mentira mayor. De hecho estamos viviendo una crisis porque la agricultura industrial ha gastado los recursos de la tierra. Invierte diez veces más energía para lograr el mismo resultado». En su opinión, proponer el uso fertilizantes químicos a día de hoy «es criminal», entre otras cosas, porque sabemos que es una de las causas del cambio climático, los fertilizantes emiten gases de efecto invernadero».
Para que los cambios que ella propone llegue a un buen puerto es importante la concienciación de la población. «Los cambios provienen de un cambio de mentalidad, nuestra mente ha sido capturada y tenemos que liberarla». Pero para ello, es imprescindible tener acceso a «la realidad que se nos oculta; la concienciación se basa en la información real, no en la propaganda».
La ecologista y feminista india incide además en el papel que deben jugar las mujeres. «Las mujeres han cuidado de las semillas alrededor de todo el mundo, han sido las agricultoras del mundo y ahora se les roba sus semillas, su figura en la producción; las mujeres son como el sexo dispensable y, por ellos, se ha experimentado un aumento de la violencia contra ellas. El reconocimiento de las mujeres como centro de la agricultura es vital para la soberanía alimentaria y para detener la violencia sobre las mujeres».
Su labor como el de toda la población para salvaguardar las semillas ha de ser enérgica. «Las semillas no son un invento de las corporaciones, por lo tanto, no pueden ser propiedad patentada; las semillas deben compartirse libremente». Con ese objetivo creó el movimiento Navdanya, que ha creado más de cincuenta bancos de semillas comunitarios.
Asegura, no obstante, que hay que ir más allá: «Espero que nos unamos y pongamos en marcha mecanismos legales, quizás debamos aprender del software libre».
Suscribirse a:
Entradas (Atom)