El Ayuntamiento justifica la medida en la necesidad de abonar las ayudas y acelerar los trámites
El País. EUROPA PRESS - Santa Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha declarado la situación de emergencia social en el municipio ante el "importante" aumento de la demanda de los servicios sociales como consecuencia de la crisis económica, lo que implicará, entre otras medidas, abonar las ayudas solicitadas de manera inmediata así como acortar los plazos, tal y como ha manifestado esta mañana ante los medios el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo.
El alcalde ha señalado que con vistas a poder atender a las personas más necesitadas, el Ayuntamiento ha previsto un sistema de emergencia como los que se ponen en marcha ante una catástrofe natural, como por ejemplo, un terremoto o una riada. "De ahí que el pasado lunes se haya firmado el Decreto de Emergencia Social dada la delicada situación por la que pasan muchos ciudadanos de la capital", ha explicado.
Este sistema trae consigo una serie de consecuencias legales. En primer lugar, declara resueltas por silencio administrativo positivo todas las solicitudes de ayuda de subsistencia por alimentos, medicamentos, agua y luz cuya fecha de registro sea anterior al 10 de febrero de 2009.
En segundo lugar, todas las solicitudes de ayudas de subsistencia cuya fecha de registro sea posterior al 10 de febrero de 2009 se tramitarán por el procedimiento de urgencia y, en consecuencia, se reducirán a la mitad todos los plazos previstos en el procedimiento de concesión y abono.
Además, por la Intervención de Fondos se aplicará a todas ellas el procedimiento de fiscalización previa limitada; y, por último, el libramiento de dichas ayudas tendrá preferencia absoluta en el Plan de Pagos de la Tesorería Municipal.
De igual manera, el alcalde ha decretado que la Concejalía de Economía y Hacienda disponga el inicio del procedimiento de habilitación de los créditos necesarios en el Presupuesto General del Ayuntamiento por si el disponible no fuese suficiente para atender lo acordado en esta iniciativa.
miércoles, 13 de mayo de 2009
Receptores de ayudas piden al Síndico que investigue los servicios sociales de Vitoria
El colectivo Baladre denuncia anomalías, deficiencias e irregularidades en la capital
Reclama una respuesta rápida a las solicitudes y más agilidad en los trámites para no retrasar el cobro de las prestaciones
Noticias de Álava. Vitoria.
Perceptores de ayudas sociales agrupados en la asociación Baladre han remitido un escrito al Síndico en el que piden al defensor del vecino que abra una investigación "independiente y exhaustiva" que evalúe las anomalías, deficiencias e irregularidades de los servicios sociales de Vitoria. La oficina de Javier Otaola ha corroborado que analiza el caso sin que de momento se haya adoptado resolución alguna. Los afectados tienen intención de acudir más adelante al Ararteko, junto a otros colectivos vascos.
Los denunciantes pretenden que el Síndico ponga en marcha, de motu propio, una investigación similar a la abierta por el fiscal de Menores de Madrid para destapar posibles abusos en los internados, según explicó el portavoz de Baladre, Luis Carmona. Para ello, en la solicitud entregada el pasado 29 de abril, se adjuntan varios casos de particulares en los que, en su opinión, no se ha actuado de forma correcta.
Protestan por la falta de respuesta de una Administración local que se acoge al silencio administrativo y "te deja indefenso, sin margen de réplica". Por las largas tramitaciones y retrasos en las citas, que demoran hasta mes y medio el cobro de las ayudas. "Una tragedia si hablamos de personas sin recursos para sobrevivir". Antes -explica- el proceso era más ágil, se hacía en una semana: "ibas al centro cívico, rellenabas los papeles y te daban cita con la trabajadora social. Ahora, tienes que esperar a la primera entrevista para entregar la documentación y pedir día para una segunda entrevista". Y por otro tipo de anomalías: "¿por qué tienen que incluir en mi expediente una copia de un artículo de opinión que publiqué en una revista del barrio?", denuncia el afectado.
Entre los casos presentados al Síndico está el del propio Carmona. Traductor literario sin recursos suficientes, espera la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a una denuncia interpuesta en 2007. "El Ayuntamiento no hizo caso a la recomendación del Síndico y me negó las prestaciones", sostiene. Dos años y medio después ha vuelto a solicitar las ayudas y, "aunque me escamotean las AES, en marzo me concedieron, por silencio administrativo, la Renta Básica (640 euros para gastos de primera necesidad)", apunta.
Denuncia la falta de una respuesta. "Hasta que no acudí al Síndico no supe por qué no me correspondías las AES. ¿Han tardado seis meses en darse cuenta? Si tienen el servicio colapsado que contraten a más personal porque hablamos de dinero para sobrevivir". -Cabe recordar que el Ayuntamiento acaba de reforzar los servicios sociales con trece nuevos profesionales para hacer frente a la saturación que había en los servicios sociales-.
error de la policía El defensor del vecino también tiene sobre la mesa el caso de una vecina de Abetxuko que no cobra las ayudas desde hace siete meses porque la Policía Local certificó que no residía en su domicilio. Fueron una vez y como no la encontraron porque estaba en el Inem concluyeron que no vivía allí. ¿Cómo es posible? La denunciante ha tenido que justificar de nuevo el alquiler de la habitación y espera una respuesta. "¿Cómo se pueden perder las ayudas por algo con tan poca base legal?", se pregunta. De hecho, Carmona asegura que el Ayuntamiento ha perdido más de una vez en los tribunales por este tipo de informes tan poco rigurosos.
Otra denunciante, también de Vitoria, perdió las ayudas cuando su hijo se puso enfermo y por atenderlo no acudió a los cursos de formación. Ha reclamado y todo indica que se va a solucionar. "Están pasando cosas muy extrañas, se juega muy alegremente con los recursos de personas necesitadas. Es verdad que hay que controlar, pero a veces van más allá de lo razonable. Nos hacen percibir estas prestaciones como una limosna y no como un derecho. No es nada agradable tenerte que desnudar cada dos por tres delante de las trabajadoras sociales, explicarles todas tus miserias, ir a cursos que se eternizan y no sirven para nada... Hablamos de personas que recurren a las ayudas al final, cuando ya no tienen ningún otro colchón", lamenta.
Reclama una respuesta rápida a las solicitudes y más agilidad en los trámites para no retrasar el cobro de las prestaciones
Noticias de Álava. Vitoria.
Perceptores de ayudas sociales agrupados en la asociación Baladre han remitido un escrito al Síndico en el que piden al defensor del vecino que abra una investigación "independiente y exhaustiva" que evalúe las anomalías, deficiencias e irregularidades de los servicios sociales de Vitoria. La oficina de Javier Otaola ha corroborado que analiza el caso sin que de momento se haya adoptado resolución alguna. Los afectados tienen intención de acudir más adelante al Ararteko, junto a otros colectivos vascos.
Los denunciantes pretenden que el Síndico ponga en marcha, de motu propio, una investigación similar a la abierta por el fiscal de Menores de Madrid para destapar posibles abusos en los internados, según explicó el portavoz de Baladre, Luis Carmona. Para ello, en la solicitud entregada el pasado 29 de abril, se adjuntan varios casos de particulares en los que, en su opinión, no se ha actuado de forma correcta.
Protestan por la falta de respuesta de una Administración local que se acoge al silencio administrativo y "te deja indefenso, sin margen de réplica". Por las largas tramitaciones y retrasos en las citas, que demoran hasta mes y medio el cobro de las ayudas. "Una tragedia si hablamos de personas sin recursos para sobrevivir". Antes -explica- el proceso era más ágil, se hacía en una semana: "ibas al centro cívico, rellenabas los papeles y te daban cita con la trabajadora social. Ahora, tienes que esperar a la primera entrevista para entregar la documentación y pedir día para una segunda entrevista". Y por otro tipo de anomalías: "¿por qué tienen que incluir en mi expediente una copia de un artículo de opinión que publiqué en una revista del barrio?", denuncia el afectado.
Entre los casos presentados al Síndico está el del propio Carmona. Traductor literario sin recursos suficientes, espera la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a una denuncia interpuesta en 2007. "El Ayuntamiento no hizo caso a la recomendación del Síndico y me negó las prestaciones", sostiene. Dos años y medio después ha vuelto a solicitar las ayudas y, "aunque me escamotean las AES, en marzo me concedieron, por silencio administrativo, la Renta Básica (640 euros para gastos de primera necesidad)", apunta.
Denuncia la falta de una respuesta. "Hasta que no acudí al Síndico no supe por qué no me correspondías las AES. ¿Han tardado seis meses en darse cuenta? Si tienen el servicio colapsado que contraten a más personal porque hablamos de dinero para sobrevivir". -Cabe recordar que el Ayuntamiento acaba de reforzar los servicios sociales con trece nuevos profesionales para hacer frente a la saturación que había en los servicios sociales-.
error de la policía El defensor del vecino también tiene sobre la mesa el caso de una vecina de Abetxuko que no cobra las ayudas desde hace siete meses porque la Policía Local certificó que no residía en su domicilio. Fueron una vez y como no la encontraron porque estaba en el Inem concluyeron que no vivía allí. ¿Cómo es posible? La denunciante ha tenido que justificar de nuevo el alquiler de la habitación y espera una respuesta. "¿Cómo se pueden perder las ayudas por algo con tan poca base legal?", se pregunta. De hecho, Carmona asegura que el Ayuntamiento ha perdido más de una vez en los tribunales por este tipo de informes tan poco rigurosos.
Otra denunciante, también de Vitoria, perdió las ayudas cuando su hijo se puso enfermo y por atenderlo no acudió a los cursos de formación. Ha reclamado y todo indica que se va a solucionar. "Están pasando cosas muy extrañas, se juega muy alegremente con los recursos de personas necesitadas. Es verdad que hay que controlar, pero a veces van más allá de lo razonable. Nos hacen percibir estas prestaciones como una limosna y no como un derecho. No es nada agradable tenerte que desnudar cada dos por tres delante de las trabajadoras sociales, explicarles todas tus miserias, ir a cursos que se eternizan y no sirven para nada... Hablamos de personas que recurren a las ayudas al final, cuando ya no tienen ningún otro colchón", lamenta.
Las quejas sobre las ayudas sociales centraron la actividad del Ararteko
Durante el pasado año fueron presentadas un total de 1.696 reclamaciones.
DEIA. TXUS Díez. Gasteiz.
La crisis económica disparó durante el pasado año el número de quejas presentadas al Ararteko, Iñigo Lamarca, por cuestiones relacionadas con la acción social. De las 1.696 quejas presentadas el año pasado por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo vasco, 157 tuvieron que ver con el desempleo, la Renta Básica, las Ayudas de Emergencia Social, o el acceso a servicios y recursos sociales, lo que supone un incremento del 36,5% con respecto a 2007 que sitúa este ámbito como el segundo que más malestar genera en los ciudadanos, sólo por detrás de las Obras Públicas y los Transportes, que han generado tan sólo una queja más, hasta alcanzar las 158.
Así lo aseguró ayer Lamarca, poco después de entregar a la presidenta del Parlamento Vasco, la popular Arantza Quiroga, el informe de la institución correspondiente al ejercicio de 2008. El Ararteko afirmó, además, que "hay que prepararse para una segunda oleada" de este tipo de reclamaciones relacionadas con los servicios sociales; al menos hasta que la situación económica mejore para las economías domésticas, principalmente.
En todo caso, la crisis no es la única causa que ha propiciado este incremento "espectacular" de las quejas relacionadas con los servicios sociales, pues el envejecimiento de la población también hace más necesaria la optimización de los servicios sociales. En ese sentido, durante el año pasado el equipo de trabajo del Ararteko hizo especial hincapié en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, así como en otros ámbitos relacionados con las personas más necesitadas, como la accesibilidad, los menores en situación de desprotección, los puntos de encuentro de padres separados o la coordinación de las administraciones durante las inundaciones de la pasada primavera.
A lo largo del año se presentaron 1.696 quejas, un 9% más que en 2007, y el Defensor del Pueblo vasco actuó además de oficio en 389 ocasiones, un 527% más que el año anterior aunque éste punto no significa que las administraciones "actúen peor", sino que el Ararteko pone más celo en el seguimiento del devenir institucional, indicó.
Cerca del ciudadano Los ayuntamientos son las administraciones que más quejas presentan, un 44,3% del total; algo lógico si se tiene en cuenta que son las más cercanas al ciudadano. El Gobierno vasco se llevó, por su parte, el 35,26% de las reclamaciones, y las diputaciones forales fueron objeto de otro 14,17% de las quejas ciudadanas.
Cabe señalar que, a diferencia de años anteriores, las administraciones parecen tomarse más en serio la figura del Ararteko, y así no ha quedado pendiente ningún apercibimiento, el tirón de orejas que el Defensor del Pueblo vasco da a aquélla institución que no responde a los requerimientos que recibe para corregir determinada actitud.
"Vamos mejorando", señaló Lamarca con respecto a esta colaboración institucional, pese a que los plazos de contestación siguen estirándose y a que los Departamentos de Educación, Vivienda e Interior del Ejecutivo vasco, las diputaciones guipuzcoana y vizcaina y decenas de ayuntamientos siguen enterrando las cartas con el membrete del Ararteko en el último de sus cajones y en la parte inferior de sus bandejas con la pegatina Asuntos pendientes.
Hay que recordar que las administraciones no tienen la obligación de cumplir con las resoluciones del Ararteko (lo hacen en el 85,54% de las ocasiones), pero sí deben contestar a las mismas para poder cerrar los casos. El propósito de enmienda de ayuntamientos como el de Bilbao, por ejemplo, invita al optimismo en este sentido.
Quejas on line Por otro lado, las resoluciones del Ararteko, que dejan satisfecho o muy satisfecho al 82,2% de los reclamantes, se les de o no la razón, afectan a otros ámbitos más allá de las Obras Públicas, los Transportes y la Acción Social. Así, Interior, Función Pública, Educación, Hacienda, Vivienda y Medio Ambiente son las siguientes áreas que más quejas generan, aunque su trabajo abarca desde la protección de los animales hasta la cultura y el bilingüismo.
Internet se sitúa, por primera vez, como el canal más utilizado por los ciudadanos para presentar sus quejas, con un 38,9% de los casos, frente al 38,8% de atenciones presenciales de los demandantes de respuesta institucional por parte del Defensor del Pueblo vasco.
DEIA. TXUS Díez. Gasteiz.
La crisis económica disparó durante el pasado año el número de quejas presentadas al Ararteko, Iñigo Lamarca, por cuestiones relacionadas con la acción social. De las 1.696 quejas presentadas el año pasado por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo vasco, 157 tuvieron que ver con el desempleo, la Renta Básica, las Ayudas de Emergencia Social, o el acceso a servicios y recursos sociales, lo que supone un incremento del 36,5% con respecto a 2007 que sitúa este ámbito como el segundo que más malestar genera en los ciudadanos, sólo por detrás de las Obras Públicas y los Transportes, que han generado tan sólo una queja más, hasta alcanzar las 158.
Así lo aseguró ayer Lamarca, poco después de entregar a la presidenta del Parlamento Vasco, la popular Arantza Quiroga, el informe de la institución correspondiente al ejercicio de 2008. El Ararteko afirmó, además, que "hay que prepararse para una segunda oleada" de este tipo de reclamaciones relacionadas con los servicios sociales; al menos hasta que la situación económica mejore para las economías domésticas, principalmente.
En todo caso, la crisis no es la única causa que ha propiciado este incremento "espectacular" de las quejas relacionadas con los servicios sociales, pues el envejecimiento de la población también hace más necesaria la optimización de los servicios sociales. En ese sentido, durante el año pasado el equipo de trabajo del Ararteko hizo especial hincapié en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, así como en otros ámbitos relacionados con las personas más necesitadas, como la accesibilidad, los menores en situación de desprotección, los puntos de encuentro de padres separados o la coordinación de las administraciones durante las inundaciones de la pasada primavera.
A lo largo del año se presentaron 1.696 quejas, un 9% más que en 2007, y el Defensor del Pueblo vasco actuó además de oficio en 389 ocasiones, un 527% más que el año anterior aunque éste punto no significa que las administraciones "actúen peor", sino que el Ararteko pone más celo en el seguimiento del devenir institucional, indicó.
Cerca del ciudadano Los ayuntamientos son las administraciones que más quejas presentan, un 44,3% del total; algo lógico si se tiene en cuenta que son las más cercanas al ciudadano. El Gobierno vasco se llevó, por su parte, el 35,26% de las reclamaciones, y las diputaciones forales fueron objeto de otro 14,17% de las quejas ciudadanas.
Cabe señalar que, a diferencia de años anteriores, las administraciones parecen tomarse más en serio la figura del Ararteko, y así no ha quedado pendiente ningún apercibimiento, el tirón de orejas que el Defensor del Pueblo vasco da a aquélla institución que no responde a los requerimientos que recibe para corregir determinada actitud.
"Vamos mejorando", señaló Lamarca con respecto a esta colaboración institucional, pese a que los plazos de contestación siguen estirándose y a que los Departamentos de Educación, Vivienda e Interior del Ejecutivo vasco, las diputaciones guipuzcoana y vizcaina y decenas de ayuntamientos siguen enterrando las cartas con el membrete del Ararteko en el último de sus cajones y en la parte inferior de sus bandejas con la pegatina Asuntos pendientes.
Hay que recordar que las administraciones no tienen la obligación de cumplir con las resoluciones del Ararteko (lo hacen en el 85,54% de las ocasiones), pero sí deben contestar a las mismas para poder cerrar los casos. El propósito de enmienda de ayuntamientos como el de Bilbao, por ejemplo, invita al optimismo en este sentido.
Quejas on line Por otro lado, las resoluciones del Ararteko, que dejan satisfecho o muy satisfecho al 82,2% de los reclamantes, se les de o no la razón, afectan a otros ámbitos más allá de las Obras Públicas, los Transportes y la Acción Social. Así, Interior, Función Pública, Educación, Hacienda, Vivienda y Medio Ambiente son las siguientes áreas que más quejas generan, aunque su trabajo abarca desde la protección de los animales hasta la cultura y el bilingüismo.
Internet se sitúa, por primera vez, como el canal más utilizado por los ciudadanos para presentar sus quejas, con un 38,9% de los casos, frente al 38,8% de atenciones presenciales de los demandantes de respuesta institucional por parte del Defensor del Pueblo vasco.
Despedir barato permite crear empleo: la narrativa neoliberal
Antonio Baylos y Grau
Las monsergas neoliberales sobre la necesidad de abaratar y liberalizar el despido como condición de un eficiente funcionamiento del mercado de trabajo están a la orden del día. En el blog hermano Metiendo Bulla el invitado especial del mismo Don Lluis Casas ha dedicado un espacio bien interesante a criticar esta obsesión. Ésta bitácora es también partidaria de responder con cierto sentido crítico a este discurso que se repite machaconamente por los sicofantes del poder económico y que propagan como las verdades reveladas la práctica totalidad de los medios de comunicación. Para ello hemos utilizado unas páginas del libro de Antonio Baylos y de Joaquín Pérez Rey, El despido o la violencia del poder privado, Trotta, Madrid, 2009, como contribución a estas reflexiones.
Es un lugar común entender que el despido en tanto que fenómeno presente en las relaciones laborales tiene elementos que lo singularizan como objeto de estudio. De manera aproximada se le ha definido como una “zona sísmica” del derecho del trabajo, “clave de verdades absolutas” (Desdentado). Esta singularidad viene dada por varias circunstancias. La primera y posiblemente la más conocida, tiene su origen en la progresiva “orientación al empleo” del derecho laboral (Jeammaud) a partir de la crisis económica y la destrucción de puestos de trabajo consiguiente en los años 80, que induce a la llamada “culpabilización” del sistema jurídico normativo laboral según la cual el sistema de garantías articulado sobre el empleo estable resultaba la causa directa de la eliminación de empleos y de la incapacidad de la iniciativa económica para producir otros nuevos en tiempos de crisis. De esta manera se construye paulatinamente la funcionalización al mercado de la normativa laboral, sobre la base de su aptitud para estimular los procesos de generación o de destrucción de empleo, con la consecuencia que este tipo de regulación sólo resultará legitimada socialmente en la medida en que procure un nivel aceptable u óptimo de empleo en el país. En ese contexto, se coloca en un lugar central el coste del despido como elemento orientador de los procesos económicos que favorecen o distorsionan el mercado de trabajo y la creación de empleo.
En esta determinación predominantemente economic(ist)ta, el despido se mide en función de sus repercusiones sobre el mercado de trabajo y sobre la voluntad performativa del empresario como sujeto general al que se confía la creación de riqueza. En esta dimensión el despido resulta sumergido literalmente en los mecanismos económicos de regulación del mercado con mayúsculas, el de bienes y servicios, donde encuentra su lugar el mercado de trabajo con minúsculas, preorientado en su dinámica por la lógica general que se desprende de aquel que le contiene. Por eso mismo el despido resulta “incrustado” en las elucubraciones sobre la libertad (de empresa, de mercado) y sobre la liberalización (de empresas, de servicios, de mercados) que funcionan como fórmulas rituales que explican la gestión de los procesos económicos, de las crisis de los mismos y de las pautas de la producción y del consumo en un espacio económicamente determinado
Los ejemplos en este dominio son repetidos y constituyen una verdadera fórmula de estilo. Por sólo referirse al caso español en sus fechas más recientes, es decir, a partir de la victoria en marzo del 2004 del PSOE y mientras duraba la concertación sobre la reforma del mercado de trabajo emprendida entre sindicatos y patronal, se pueden encontrar los siguientes titulares de periódicos: “La OCDE aconseja a España abaratar el coste del despido” (Cinco Días, 8 de julio 2004); “El Banco Mundial constata que España es uno de los países de la OCDE con mayor coste en despedir a un trabajador” (Expansión, 7 de octubre de 2005); “Pedro Solbes afirma que generalizar el coste del despido a 33 días le parece positivo”, (Cinco días, 18 octubre 2005); “La OCDE hace recomendaciones para abaratar las elevadas indemnizaciones del sistema español” (Cinco días, 10 noviembre 2005); “El Banco de España apuesta por abaratar los costes de despìdo de los contratos indefinidos” (El Mundo, 7 de noviembre 2005); “Gary Becker, premio Nobel de economía, apuesta por abaratar el despido para mejorar la tasa de desempleo en una conferencia en la Fundación San Pablo-CEU de Madrid, organizado por la FAES presidida por Jose María Aznar” ( www.eleconomista.com , 15 de junio 2006); “El Fondo Monetario Internacional aconseja a España abaratar el despido y contener el gasto público” ( El País, 14 de junio 2006). Con la presencia reciente de la crisis a mediados del 2008, esta relación entre la reactivación del mercado y la economía y el coste del despido, vuelve a producirse. Así, en la reunión de expertos llamados a la Moncloa para conjurar la crisis, uno de los principales elementos barajados por los “sabios” convocados era la reducción de las indemnizaciones por el despido en el marco de la llamada “flexibilidad laboral” (El Pais, 25 de julio 2008). En medio del desencuentro del no diálogo social, en la crisis del 2009, el presidente de la CEOE lo reitera con gran capacidad sintética: “No pedimos el despido libre porque ya existe, lo que pasa es que es carísimo” (Público, 18 de febrero 2009)
Como es característico del sistema de economía de mercado, la situación personal del trabajador despedido no tiene ninguna relevancia frente a una “realidad brutal” que por cierto resulta indiferente a cualquier proyecto político, y deviene un simple elemento del “ambiente” en el que se producen las interacciones automáticas del mercado definido en términos de costes dinerarios (Bilbao)
Una insistencia tan constante en esta relación entre el empleo y la reducción de los costes derivados de la eliminación de puestos de trabajo se proyecta directamente sobre todo el espacio de la normatividad laboral y constituye un eje de explicación del tipo de regulación que sobre el despido se ha venido realizando en nuestro país, pero posiblemente también pueda tratarse de una característica exportable a otros ordenamientos. Al menos aparece como el elemento que directamente inspira tres movimientos típicos orientadores de las tendencias legislativas y jurisprudenciales sobre el tratamiento dado al despido. De forma algo esquemática se podrían condensar en una línea que parte del despido ante todo como desistimiento empresarial libre y que fundamentalmente reposa en la descausalización del despido o debilitamiento de los motivos del mismo, una segunda dirección que, como se ha visto, insiste ante todo en el coste indemnizatorio del despido para reducirlo, y, en fin, una tercera propuesta que de forma convergente con la primera, se esfuerza por la inmunización de la decisión empresarial frente a cualquier tipo de control posterior, colectivo o judicial. Aunque estos tres movimientos hay aspectos no reconducibles a su versión económica, suele ser ésta sin embargo la perspectiva que se maneja y que en última instancia resulta determinante como justificación ante la que no cabe oposición alguna desde el terreno de los valores jurídicos o políticos de un ordenamiento concreto. De cada una de estas líneas hay ejemplos evidentes tanto en la evolución de la reforma del ordenamiento jurídico laboral español como en el debate que actualmente se suscita sobre la necesidad de un “cambio” en el mercado de trabajo, la llamada “propuesta para la reactivación laboral en España” o el manifiesto de los 100 economistas.
Las monsergas neoliberales sobre la necesidad de abaratar y liberalizar el despido como condición de un eficiente funcionamiento del mercado de trabajo están a la orden del día. En el blog hermano Metiendo Bulla el invitado especial del mismo Don Lluis Casas ha dedicado un espacio bien interesante a criticar esta obsesión. Ésta bitácora es también partidaria de responder con cierto sentido crítico a este discurso que se repite machaconamente por los sicofantes del poder económico y que propagan como las verdades reveladas la práctica totalidad de los medios de comunicación. Para ello hemos utilizado unas páginas del libro de Antonio Baylos y de Joaquín Pérez Rey, El despido o la violencia del poder privado, Trotta, Madrid, 2009, como contribución a estas reflexiones.
Es un lugar común entender que el despido en tanto que fenómeno presente en las relaciones laborales tiene elementos que lo singularizan como objeto de estudio. De manera aproximada se le ha definido como una “zona sísmica” del derecho del trabajo, “clave de verdades absolutas” (Desdentado). Esta singularidad viene dada por varias circunstancias. La primera y posiblemente la más conocida, tiene su origen en la progresiva “orientación al empleo” del derecho laboral (Jeammaud) a partir de la crisis económica y la destrucción de puestos de trabajo consiguiente en los años 80, que induce a la llamada “culpabilización” del sistema jurídico normativo laboral según la cual el sistema de garantías articulado sobre el empleo estable resultaba la causa directa de la eliminación de empleos y de la incapacidad de la iniciativa económica para producir otros nuevos en tiempos de crisis. De esta manera se construye paulatinamente la funcionalización al mercado de la normativa laboral, sobre la base de su aptitud para estimular los procesos de generación o de destrucción de empleo, con la consecuencia que este tipo de regulación sólo resultará legitimada socialmente en la medida en que procure un nivel aceptable u óptimo de empleo en el país. En ese contexto, se coloca en un lugar central el coste del despido como elemento orientador de los procesos económicos que favorecen o distorsionan el mercado de trabajo y la creación de empleo.
En esta determinación predominantemente economic(ist)ta, el despido se mide en función de sus repercusiones sobre el mercado de trabajo y sobre la voluntad performativa del empresario como sujeto general al que se confía la creación de riqueza. En esta dimensión el despido resulta sumergido literalmente en los mecanismos económicos de regulación del mercado con mayúsculas, el de bienes y servicios, donde encuentra su lugar el mercado de trabajo con minúsculas, preorientado en su dinámica por la lógica general que se desprende de aquel que le contiene. Por eso mismo el despido resulta “incrustado” en las elucubraciones sobre la libertad (de empresa, de mercado) y sobre la liberalización (de empresas, de servicios, de mercados) que funcionan como fórmulas rituales que explican la gestión de los procesos económicos, de las crisis de los mismos y de las pautas de la producción y del consumo en un espacio económicamente determinado
Los ejemplos en este dominio son repetidos y constituyen una verdadera fórmula de estilo. Por sólo referirse al caso español en sus fechas más recientes, es decir, a partir de la victoria en marzo del 2004 del PSOE y mientras duraba la concertación sobre la reforma del mercado de trabajo emprendida entre sindicatos y patronal, se pueden encontrar los siguientes titulares de periódicos: “La OCDE aconseja a España abaratar el coste del despido” (Cinco Días, 8 de julio 2004); “El Banco Mundial constata que España es uno de los países de la OCDE con mayor coste en despedir a un trabajador” (Expansión, 7 de octubre de 2005); “Pedro Solbes afirma que generalizar el coste del despido a 33 días le parece positivo”, (Cinco días, 18 octubre 2005); “La OCDE hace recomendaciones para abaratar las elevadas indemnizaciones del sistema español” (Cinco días, 10 noviembre 2005); “El Banco de España apuesta por abaratar los costes de despìdo de los contratos indefinidos” (El Mundo, 7 de noviembre 2005); “Gary Becker, premio Nobel de economía, apuesta por abaratar el despido para mejorar la tasa de desempleo en una conferencia en la Fundación San Pablo-CEU de Madrid, organizado por la FAES presidida por Jose María Aznar” ( www.eleconomista.com , 15 de junio 2006); “El Fondo Monetario Internacional aconseja a España abaratar el despido y contener el gasto público” ( El País, 14 de junio 2006). Con la presencia reciente de la crisis a mediados del 2008, esta relación entre la reactivación del mercado y la economía y el coste del despido, vuelve a producirse. Así, en la reunión de expertos llamados a la Moncloa para conjurar la crisis, uno de los principales elementos barajados por los “sabios” convocados era la reducción de las indemnizaciones por el despido en el marco de la llamada “flexibilidad laboral” (El Pais, 25 de julio 2008). En medio del desencuentro del no diálogo social, en la crisis del 2009, el presidente de la CEOE lo reitera con gran capacidad sintética: “No pedimos el despido libre porque ya existe, lo que pasa es que es carísimo” (Público, 18 de febrero 2009)
Como es característico del sistema de economía de mercado, la situación personal del trabajador despedido no tiene ninguna relevancia frente a una “realidad brutal” que por cierto resulta indiferente a cualquier proyecto político, y deviene un simple elemento del “ambiente” en el que se producen las interacciones automáticas del mercado definido en términos de costes dinerarios (Bilbao)
Una insistencia tan constante en esta relación entre el empleo y la reducción de los costes derivados de la eliminación de puestos de trabajo se proyecta directamente sobre todo el espacio de la normatividad laboral y constituye un eje de explicación del tipo de regulación que sobre el despido se ha venido realizando en nuestro país, pero posiblemente también pueda tratarse de una característica exportable a otros ordenamientos. Al menos aparece como el elemento que directamente inspira tres movimientos típicos orientadores de las tendencias legislativas y jurisprudenciales sobre el tratamiento dado al despido. De forma algo esquemática se podrían condensar en una línea que parte del despido ante todo como desistimiento empresarial libre y que fundamentalmente reposa en la descausalización del despido o debilitamiento de los motivos del mismo, una segunda dirección que, como se ha visto, insiste ante todo en el coste indemnizatorio del despido para reducirlo, y, en fin, una tercera propuesta que de forma convergente con la primera, se esfuerza por la inmunización de la decisión empresarial frente a cualquier tipo de control posterior, colectivo o judicial. Aunque estos tres movimientos hay aspectos no reconducibles a su versión económica, suele ser ésta sin embargo la perspectiva que se maneja y que en última instancia resulta determinante como justificación ante la que no cabe oposición alguna desde el terreno de los valores jurídicos o políticos de un ordenamiento concreto. De cada una de estas líneas hay ejemplos evidentes tanto en la evolución de la reforma del ordenamiento jurídico laboral español como en el debate que actualmente se suscita sobre la necesidad de un “cambio” en el mercado de trabajo, la llamada “propuesta para la reactivación laboral en España” o el manifiesto de los 100 economistas.
Frente a la crisis de la propiedad privada, crear la propiedad compartida
Gerardo Ortega Mendiburu. Rebelión
La crisis actual no es del capitalismo, que sólo la evidencia descarnadamente. Lo es de la propiedad privada, y pese a lo atractivo que pueda resultar plantear su solución en términos de cambio de capitalismo a socialismo, o mejor, de orden económico mundial capitalista a socialista, su solución efectiva deberá transitar por el desarrollo efectivo de una nueva forma de propiedad, la compartida entre todos los habitantes de parte o todo un estado nacional, y que está pendiente de su ejercitación primera pese a las experiencias alcanzadas en estados proclamados socialistas, especialmente a través de su planificación.
La crisis mundial es resultante del dominante sistema capitalista que la desata, pero al analizarla se impone el cuestionamiento de su componente generador, la propiedad privada hoy desenfrenada, la que frustró primero valiosas experiencias de socialismos en desarrollo, y que para sanearla requiere coexistir con otra forma de propiedad, la compartida, pendiente de hacerse sentir en cada uno de los habitantes de un territorio cualquiera, y que será la que aporte los componentes sociales que también caracterizan, junto con los individuales, al pleno ser humano constructor del presente y hacedor del futuro.
La bien conocida propiedad privada es la que ha hecho crisis. No la de consumo personal o la resultante del trabajo creador de quien luego la disfruta. Es la resultante de la plusvalía denunciada por Marx como caracterizadora del capitalismo, la resultante de la esclavitud conocida desde mucho antes y no identificada como capitalista aunque todavía impera en el mundo actual con la explotación de inmigrantes, del trabajo infantil, la prostitución y las dependencias generadas por la drogadicción y el narcotráfico, además de las creadas por el engaño, el analfabetismo y la desesperanza promovidos por élites nacionales y extranjeras manipuladoras de la cultura y la economía popular.
En crisis está la propiedad privada que ampara el desenfreno egoísta de los ladrones de recursos estatales, sociales y naturales de todo tipo, apropiándose directamente de ellos o cediéndolos a sus iguales, como lo hecho por gobernantes prepotentes con la privatización de tierras durante siglos entregadas con todos sus contenidos, incluida su población originaria, con la privatización de los minerales de la profundidad de la tierra y los mares, con la del agua y el aire que nos rodean y con todas sus características naturales, como su capacidad de sostener la vida, o las comunicaciones por sus cualidades electromagnéticas. Ya las especies vivas son patentables para beneficio exclusivo de sus “propietarios”, y a ellos deberá pagarse tributo, como los intereses comerciales y financieros todavía vigentes, antes diezmos o gabelas que sin ser privativos del capitalismo, por siglos han nutrido las arcas privadas de los poderosos.
El pudoroso manto con que la propiedad privada ampara formas criminales de apropiación personal luego incuestionadas, desde las sutiles plusvalías o convites a dejar las tierras para evitar que sean los hijos huérfanos quienes las abandonen, hasta sangrientas imposiciones como la guerra del opio, o el despoblamiento esclavista africano, o las ocupaciones territoriales y explotación de aborígenes como la de un Congo Belga de propiedad internacionalmente reconocida como de un solo individuo. Y esa propiedad privada rige ciertamente en la sociedad capitalista que públicamente asesina cientos de miles de pobladores civiles y nutre las élites financieras, o del complejo industrial militar mundial, o a los funcionarios y sus compinches (contratistas o concesionarios) que disponen de fondos públicos estatales, y también genera, inocultablemente, las crisis diversas que identificadas como financiera, alimenticia, social, hidráulica, energética o ecológica, tienen junto a sus negativos sustentos éticos de codicia, ambición o rapacidad humanas, los amparos que la muy perceptible propiedad privada ofrece al yo de cada uno, sin la contravaloración que otra forma de propiedad, la vinculada al nosotros, todavía espera por su visibilidad y reconocimiento vivos.
Es conocida la práctica de los explotadores de asumir discursos populistas adormecedores de las masas, y aceptando que la crisis capitalista induzca una avalancha de estados que se proclamen socialistas por el hecho de tomar un protagonismo más activo en el uso de los recursos estatales, no ya solamente en su distribución pública, sino en su actuación como productores de bienes materiales y de servicios, ¿qué cambiará la comprensión de la propiedad estatal como compartida en una población dominada por la misma e incuestionada propiedad privada que esencialmente ha provocado las crisis de hoy, y también contribuyó a la crisis que en su momento volatilizó estados proclamados socialistas con decenios de maduración y descomposición de su experimento social?
Es necesario establecer una denominación nueva al tipo de propiedad, la compartida, que acepta el derecho de otros a también decidir sobre lo indivisible poseído por el yo exclusivo de la privada. En ambas propiedades está integrado el yo de cada miembro de la sociedad, y ambas deben ser percibidas como vivas y reales, como ya lo es la privada, y deben ser componentes incuestionadas de la existencia individual y social de cada persona. Su identificación genérica como propiedad estatal no satisface los casos en que su alcance corresponda a comunidades no constituidas como todo o parte de un estado nacional, o se trate de estados que no reconozcan las propiedades estatales como de todo el pueblo, y su calificación de socialista tampoco, por ser tal atributo empleado en múltiples lugares para significar el tipo de distribución hecha por los funcionarios y gobernantes así conceptuados, con atención priorizada a las clases desposeídas y humildes que sostienen su poder. Igual sucede en los estados capitalistas con el uso de la propiedad estatal, ya implícitamente aceptada como capitalista, y los beneficios preferentes que en consecuencia reciben sus constituidas clases dominantes.
No es equivalente la perceptibilidad que la propiedad privada tiene para quien la ejerce, a la que brinda la propiedad estatal. Quien decide y actúa sobre la propiedad estatal lo hace como cualquier trabajador lo hace con los bienes ajenos puestos a su disposición, cualquiera que sea su propietario. Sin la consideración de afectaciones personales que pueda tener quien actúa sobre lo propio, ni las satisfacciones o angustias por ello derivadas, quien actúa sobre cualquier propiedad ajena lo hace en base a las condicionantes y los valores éticos que posibilitan y rigen su actuación, y la conciencia de controles externos, de los jefes y colectivos que vinculados a la persona o a la propiedad considerada, podrán ejercer múltiples acciones, positivas y negativas, que influirán en la autovaloración del así actuante sobre la propiedad ajena. Le habrán faltado las sensaciones y percepciones derivadas de las macro y microdecisiones, desde destruirla hasta simplemente moverla por ejemplo, que independientes de valoraciones ajenas, caracterizan individualizadamente la actuación sobre la propiedad personal.
La actuación de gobernantes y funcionarios sobre las propiedades estatales, con la sola vivencia personal de la propiedad privada, hace que inconscientemente vayan diferenciándose del resto de la población por ser ellos quienes conocen, deciden y controlan, aún e independientemente a que lo hagan con la mejor intención del bien público, son los que reciben las propuestas y demandas del resto de la población, las evalúan, priorizan, contrastan los recursos o decisiones que demandan con los conocidos y disponibles a aplicar, y como propietarios activos deciden en definitiva el qué, cómo y dónde aceptan poner al servicio del resto de la población, la que reconocida por todos también como propietaria de los recursos y servicios estatales, resulta propietaria pasiva de ellos, peticionaria no participante en los procesos decisorios que inevitablemente transforman a la personalidad de sus protagonistas.
Propietarios pasivos también así formados por el distanciamiento que resulta entre su acción política vinculada a la selección y apoyo a los gobernantes reconocidos como efectivos transformadores de la sociedad requerida de cambios, y su limitada acción, si alguna fuera de sus pedidos de soluciones subordinadas a la acción de los primeros, y que distanciados de toda práctica participativa en el uso de sus propiedades estatales, pasan a conceptuarlas como de otros, o de nadie, con todas las derivaciones negativas que de ello resultan en la vida social.
Los propietarios activos que como gobernantes y funcionarios de entidades estatales reconocidamente solidarias son así selectiva e inconscientemente formados, demandan además cuidados derivados de la todavía vulnerable base social de que surgen como vanguardias reconocidos del proceso de cambio social que promueven, ejercitan y defienden. Enfrentan demandas en su acción cotidiana que por su diversidad, magnitud y complejidad mucho superan sus capacidades y vivencias previas, y se impone cierta tolerancia frente a posibles equivocaciones que su inexperiencia justifique. Junto al costo inevitable de esta protección a los cuadros revolucionarios, vale considerar soluciones como las empleadas por Che Guevara con sanciones administrativas de trabajo físico distante -Guanahacabibes- sin menoscabo alguno al reconocimiento político de los cuadros así madurados para nuevas tareas de gobierno.
Es tarea de los gobernantes progresistas hacer efectivo el logro de la perceptibilidad en todos del carácter compartido de la propiedad estatal, nada equivalente a la que pueda desarrollarse con intensa participación política ciudadana sobre los acontecimientos que puedan desarrollarse en cualquier pueblo en convulsión social. Las propiedades estatales a considerar serán de todo tipo, materiales, financieras e intangibles, como pueden serlo desde las organizativas que fundamentan la existencia de las entidades estatales, hasta las legales que las estabilizan, o patentes, o los derechos sobre la biodiversidad territorial. La participación efectiva de cada ciudadano sobre sus propiedades compartidas, en decisiones actuantes sobre lo que una planificación participativa y realista determine, hará que el funcionario sienta su subordinación, ya sentida tradicionalmente frente a sus jefes administrativos y políticos, a los anónimos ciudadanos que por mecanismos por establecer lleguen hasta ellos, de igual modo que ellos mismos podrán sentirse condueños de las otras propiedades estatales, todas compartidas y diferentes a las oficialmente asignadas a sus cargos.
Serán las fuerzas progresistas las que al crear el tipo de propiedad que aporte componentes sociales a la subjetividad de la hoy absolutamente individualista propiedad privada, comiencen el proceso de asimilación y extensión en toda la población que vaya formando las nuevas subjetividades imprescindibles para darle sostenibilidad y perfeccionamiento continuos a la deseada nueva sociedad (socialista, comunista, libertaria o como se quiera llamar).
La propiedad socialista identificada como “compartida” será la perteneciente al total de la población de un territorio, reconocida como perteneciente a la entidad estatal que allí gobierne, y sobre la que cada ciudadano adulto personalmente esté facultado para hacer pleno ejercicio de sus facultades como propietario activo en el sentido de (a) tener acceso en cualquier momento al conocimiento del alcance de tal propiedad, y de los destinos y responsables de su empleo, según lasa regulaciones hechas con tales propósitos; (b) solicitar informaciones específicas complementarias; (c) estar facultado para reclamar respuestas omitidas o insatisfactorias a tres instancias de la organización estatal: (c1) los responsables directos establecidos para el empleo de la propiedad investigada, y las entidades estatales de supervisión y control establecidas, (c2) los representantes ante el gobierno de la persona reclamante, elegidos por su voto directo, y
(c3) la Contraloría, que también elegida con su voto directo independientemente del correspondiente a los elegidos para el gobierno estatal, esté facultada para intervenir ante la omisión de respuesta por los precedentes, y a su vez esté sujeta a control gubernamental pasivo; y, con muy alta perceptibilidad, (d) participar en la decisión sobre el uso de los recursos asignados para la planificación local territorial que le corresponda, y en el control activo de su empleo para la adquisición, construcción, puesta en servicio y explotación de lo decidido con su participación personal.
Hay experiencias nacionales, en países tanto capitalistas como socialistas, exsocialistas y emergentes, donde la propiedad estatal se ha empleado eficientemente, con logros en producciones y servicios exitosos, y logros conceptuales e instrumentales de valioso potencial para la consolidación de sociedades más justas. Esos desarrollos se han basado en estructuras de capitalismo de estado, ya sea por su naturaleza incuestionada, o por ser el encontrado por las fuerzas progresistas en su acceso al poder, o por la aceptación coyuntural de ese paso atrás que luego se generalizó por el llamado socialismo real. En ningún caso a saber ha tenido tratamiento público y ejercitación colectiva la propiedad compartida entre todos sus habitantes, con acceso de cada uno a decisiones que en algún grado le hayan hecho perceptible la validez de su participación personal, con independencia de lo que sus delegados al gobierno hayan podido también aportar, y con quienes habrá debido sostener una relación estrecha, siempre voluntaria, y vinculada en este caso al empleo de los recursos estatales, independientemente de la multitud de otros temas políticos y de otros tipos que hayan podido tratar entre ellos.
El ejercicio de la propiedad compartida que con alcances familiares o comunitarios relativamente pequeños ha sido impugnada como primitiva, y ha carecido en consecuencia de desarrollos tecnológicos (conceptuales e instrumentales), hoy puede desarrollarse a escala estatal con apoyo de experiencias maduradas por naciones con dirección centralizada apoyadas en la planificación y en la automatización, y maduradas también por colectivos que descreídos del apoyo estatal central, por años han desarrollado acciones comunitarias en países como Brasil y Venezuela a través de los llamados presupuestos participativos. El estado indio de Kerala, con unos 29 millones de habitantes, ha desarrollado a escala estatal una experiencia de gran interés en la integración de todos los niveles de actuación del cuerpo social.
El crear una nueva sociedad demanda pensarla y también ejercitarla, y los inevitables ajustes que se deriven de la práctica exigen de cualquier modo tener un patrón de desarrollo en el que la propiedad estatal, como medio de formación ideológica y material de la sociedad, demanda un tratamiento público en que deben desecharse los economicismos chatos que en su momento tanto perjudicaron a los movimientos progresistas, pero que sin embargo demandan atención privilegiada, especialmente en estos tiempos de crisis global. Los países de tendencias progresistas deberán desarrollar y mostrar experiencias participativas sobre la propiedad estatal, que así sea sentida como compartida entre el yo y el nosotros, y consecuentemente propicie sociedades donde la propiedad privada alcance las racionalidades y éticas que ha perdido en el transcurso de siglos, especialmente en el último.
Deberán evitarse experiencias ya probadas en los estados llamados socialistas, donde la publicitada planificación participativa, con intercambio de criterios entre los niveles más altos de dirección estatal y los de obreros de producción directa aseguraría las óptimas determinaciones de los objetivos planificados rectores luego de la acción de todos. La ausencia de controles realmente participativos sobre lo así planificado pudo inutilizar la validez de los discursos motivadores de la participación popular. La voluntad política requerida para la instrumentación de tales tipos de planificación y control populares imprescindibles, deberá también considerar las limitantes que plantea el imprescindible equilibrio, acorde a las condiciones de cada momento, entre las asignaciones de recursos estatales dadas a cada uno de los niveles de dirección de la sociedad, desde el primer nivel de gobierno o actividad comunal, políticamente imprescindible, hasta el de la jefatura del estado nacional.
Las demandas acumuladas de todo tipo son reconocibles a escala de toda la sociedad, y con ese alcance deben identificarse, cuantificarse y evaluarse precisamente por los niveles globales y centrales de gobierno, también urgidos de acometer acciones que aseguren máxima efectividad, visibilidad y sostenibilidad en sociedades sometidas a fuertes cuestionamientos mediáticos por las anteriores fuerzas de poder económico y político ahora en peligro de la pérdida definitiva de sus privilegios ancestrales.
Deberá reconocerse por todos el predominio del aseguramiento de las mayores asignaciones de recursos estatales a los niveles centrales de dirección, gestores del cambio social en proceso y objetivos reconocidos de los ataques tanto de los enemigos de esos cambios, como de los inconformes con sus resultados inmediatos. Sin embargo será imprescindible también la asignación de recursos mínimos para que a nivel comunal cada habitante adulto del territorio pueda participar en decisiones sobre recursos de todos, compartidos, que se reflejen luego en resultados tangibles asegurados por su seguimiento y control permanente por sus así propietarios ya activos y efectivos.
El sistema de gobierno popular establecido demandará un efectivo acercamiento de cada ciudadano a cada uno de los representantes por él elegidos para actuar en su nombre en las distintas instancias de gobierno. Del diálogo así surgido deberán establecerse relaciones de respeto mutuo entre funcionarios y ciudadanos, y que no muestran los primeros cuando actitudes burocráticas corrompen las relaciones sociales, y refuerzan el distanciamiento entre propietarios activos, autoevaluados como sólo responsables ante sus superiores jerárquicos, y pedigüeños propietarios pasivos, sólo “propietarios” por recibir los beneficios que los primeros les otorgan.
Una permanente pugna de prioridades e intereses se establecerá entre los distintos niveles de dirección estatal, y deberá cuidarse la protección del nivel más vulnerable, el de base, por cuanto será en él donde se irá formando la persona nueva que establemente perfeccione la sociedad consensuada por todos. Podrán aparecer tecnicismos que de hecho inhabiliten decisiones tomadas por los niveles menos globales, como puede ser la monetización del plan para homogeneizar sumatorias, y con eso diluir en genéricas cifras financieras los contenidos específicos decididos por la base, propiciando su cambio por otros financieramente equivalentes con descrédito del movimiento político logrado con su determinación primera. Resultan también manipulables los planes en su medición exclusivamente monetaria, con incrementos de precios o de pagos que aparenten mayores producciones que las reales, y lo atractivas que puedan parecer así las estadísticas y evaluaciones de cuadros administrativos y políticos basadas en los “cumplimientos de plan” así logrados.
Las nueva propiedad por crear, la compartida, con espacio para el nosotros junto al yo antes solitario, deberá aportar las percepciones individuales que junto a las de la propiedad privada, tengan una coexistencia donde el protagonismo de cada una pueda variar según las experiencias que la sociedad brinde en apoyo de la nueva, pues la otra ha sido la única implícita y explícitamente promovida por las élites gobernantes de la sociedad globalizada hoy en crisis.
Será determinante en el avance de esta experiencia la voluntad política de las fuerzas progresistas que actuando en algún nivel de gobierno, y con acceso a recursos estatales siempre insuficientes frente a las demandas acumuladas por su base social, hagan dejación de su tradicional derecho a decidir institucionalmente sobre todos ellos, y cedan un porciento mínimo pero suficiente, para que su empleo sea decidido directamente por los habitantes de todas y cada una de las comunidades de base que puedan constituirse en el territorio por ellos gobernado.
La opción tangible de desarrollo de la propiedad compartida, como vertiente de actuación en gobiernos progresistas, estará facilitada por las comunidades de base que nombradas consejos comunales en Venezuela, o comités de defensa de la revolución en Cuba, o wards en Kerala, o de cualquier otro modo en naciones en profunda transformación social, motiven la participación de sus miembros en la selección, control activo y provecho de los recursos estatales que puestos a su disposición plena, acrecienten su percepción de la propiedad compartida.
Podrá también crearse la conciencia de la propiedad compartida, de cada uno, por la oposición pública a gobiernos, empresas o personas de cualquier tipo que actúen corrupta o ilegalmente sobre propiedades colectivas o estatales, y así las enajenen del usufructo de todos. Lo que así vale desde la escala de barrio o empresa a la de nación, hará de las demandas legales, parlamentarias o callejeras, formas de concientización pública de la obligación de los gobernantes a responder ante todos por las propiedades de todos, las estatales, empresariales o comunales. Para ello deberá movilizarse la mayor cantidad de población posible, ya sea como firmantes de solicitudes o denuncias, como manifestantes o como huelguistas. La movilización política podrá demandar soluciones sociales, educacionales, ecológicas o sanitarias entre muchas, pero las demandas económicas asociadas al empleo o la privatización presente o pasada de los recursos colectivos serán las que contribuyan a la conciencia de propiedad compartida imprescindible para la formación y supervivencia de la sociedad nueva, y serán especialmente efectivas en estados en que las fuerzas gobernantes no favorezcan la visibilidad de la trascendencia de las decisiones de gobierno sobre el empleo de sus propiedades.
El burocratismo, encontrado por igual en el capitalismo atomizador de pueblos y en el socialismo requerido de su máxima unidad social, ha sido reconocido desde el comienzo de los intentos del socialismo estatal que tiene menos de un siglo de maduración real, reiteradamente denunciado y periódicamente proclamado su combate, pero logra frustrar esas proclamas y corrompe valiosos cuadros revolucionarios sin que la conciencia de su existencia evite su resurgimiento triunfal. Lo promueven la propiedad privada en solitario, y la consecuente división entre propietarios activos y propietarios pasivos así inconscientemente cultivada.
Será preciso también localizar los escondites con que la propiedad privada se enmascara en populistas valores socializantes, como lo son las soluciones empresariales cooperativas, o de trabajadores accionistas, o de pequeñas y medianas empresas (PYME), todas promotoras del individualismo de sus miembros, que como sus propietarios privados, ajenos al resto de la sociedad a que pertenecen y aspirantes embozados o no a capitalistas de mayor alcance, se apoyan en la máxima explotación y precariedad de los empleados que de una u otra forma quedan subordinados a su gestión empresarial. El simple aumento de ingresos familiares populares por donación estatal, sin aumento de las capacidades de recuperación con producciones y comercializaciones estatales, de hecho nutrirá al empresariado privado, así solo quizás presionado por impuestos de permanente cuestionamiento para sus medios informativos y publicitarios. Con el apoyo financiero a estas soluciones populistas se habrán restado recursos estatales, de todos, a la capacidad de invertir en el desarrollo de la propiedad compartida en todos los niveles del estado, incluido el más tangible y novedoso, el comunal.
Ya en la histórica defensa del sistema presupuestario que Che Guevara practicó exitosamente en contraposición del sistema de autofinanciamiento empresarial promovido por el solapado capitalismo de estado soviético, se contrastaban los enfoques de la todavía hoy intangible propiedad compartida defensora del nosotros trabajando juntos, y la propiedad privada defensora del individualismo que a escala personal y empresarial promete eficiencias luego extendidas al complejo social del yo, del nosotros y de los otros...
Otro enmascaramiento de la propiedad privada está en el cuestionamiento del salario que no retribuye los nuevos valores creados por el trabajador considerado, y su reclamo de justicia a las entidades estatales comprometidas con su pago. Con la creación de una propiedad compartida con resultados tangibles en la vida social, tanto por la participación de cada uno en su control activo (conociendo y decidiendo) como en la visibilidad de sus resultados materiales, cambiará totalmente la valoración del salario y la justicia de su acercamiento al plusvalor generado por el trabajador.
Lo enjuiciado como justo conlleva la máxima entrega al trabajador de lo que personalmente haya aportado, suponiéndose que el individuo se sentirá así bien defendido. Sin embargo siempre le será cuestionable cuánto se le quita, suponiendo conocido lo aportado, y cuánto se asigna a quienes aseguraron la construcción, el equipamiento y la protección de su entidad y su puesto de trabajo, a quienes aportaron junto a él, o lo hicieron temporalmente en servicios indirectos como dirección, comercialización o transporte, así como cuánto se entrega al resto de la sociedad para la solución de necesidades colectivas elementales, como salud, educación, seguridad social, gobierno, infraestructura técnica como calles o acueductos, y otras muchas necesidades de ese trabajador, sus familiares, sus vecinos y sus no vecinos, todos requeridos de imprescindible atención social aunque no estén vinculados a actividades laborales, como niños, enfermos o jubilados.
La inconformidad derivada de la impracticable determinación de esos valores estará toda ella dominada por esa propiedad privada que cada uno deberá defender para la justa, o eternamente injusta paga salarial, y desaparece totalmente cuando se valora la justicia del salario en términos de ser parte de todo el aporte que el trabajo de cada uno hace a la propiedad compartida, la que brinda resultados tangibles y crecientes derivados de la participación consciente y activa de cada uno en ella.
La aceptación de trabajar por un salario a sabiendas que los valores producidos son mayores que los recibidos está reconocida por los millones de trabajadores que en todo el mundo contribuyen a la riqueza material y espiritual de sus pueblos. En cada sitio algo recibe el trabajador como salario, y la satisfacción del resto de sus necesidades llegará a él, o no, según la organización social en que viva.
Podrán establecerse gobiernos solidarios que aseguren salarios o ingresos mínimos en sus pobladores, pero no serán los tecnicismos de establecer el aporte individual de cada trabajador los que determinen la justicia del sistema social vigente. Lo será la calidad de vida alcanzable a partir de lo que personalmente pueda adquirirse con lo recibido como salario, de todo lo que la sociedad proporcione según el modo en que esté organizada, y de los valores culturales que la motiven. Si por ejemplo ayer la persona debía pagar con su salario los cuidados de salud, de educación y de vivienda de quienes de ella dependieran, y luego le son brindados gratuitamente, ello se habrá logrado por el plustrabajo no cobrado, pero disfrutado por su transferencia a la organización social por su institución de gobierno, el Estado. La pérdida de importancia del interés individual por retirar del uso por otros lo creado por esfuerzo propio, y que se le hará tangible en la medida en que participe en su empleo como propiedad compartida, será lo que abra la factibilidad de sociedades sustentadas en propiedades sociales, pero sensorialmente perceptibles como de cada uno, y de todos.
Con el ejercicio por todos los habitantes de un territorio de nuevas prácticas de actuación sobre la propiedad estatal, con nuevos referentes tangibles y conscientes, además de las valoraciones personales, éticas y legales, que por gobernantes y funcionarios han constituido frente a sus jefes y colectivos las prácticas tradicionales del enfrentamiento a la propiedad estatal, se evitarán graves divisiones entre prepotentes propietarios activos y pedigüeños propietarios pasivos que pueden frustrar cualquier intento de construir sociedades sin los individualismos extremos promovidos por la propiedad privada hoy impuesta al mundo y que tan costosa puede resultar para la unidad de un pueblo en proceso de crear una sociedad más justa y de todos.
La crisis actual no es del capitalismo, que sólo la evidencia descarnadamente. Lo es de la propiedad privada, y pese a lo atractivo que pueda resultar plantear su solución en términos de cambio de capitalismo a socialismo, o mejor, de orden económico mundial capitalista a socialista, su solución efectiva deberá transitar por el desarrollo efectivo de una nueva forma de propiedad, la compartida entre todos los habitantes de parte o todo un estado nacional, y que está pendiente de su ejercitación primera pese a las experiencias alcanzadas en estados proclamados socialistas, especialmente a través de su planificación.
La crisis mundial es resultante del dominante sistema capitalista que la desata, pero al analizarla se impone el cuestionamiento de su componente generador, la propiedad privada hoy desenfrenada, la que frustró primero valiosas experiencias de socialismos en desarrollo, y que para sanearla requiere coexistir con otra forma de propiedad, la compartida, pendiente de hacerse sentir en cada uno de los habitantes de un territorio cualquiera, y que será la que aporte los componentes sociales que también caracterizan, junto con los individuales, al pleno ser humano constructor del presente y hacedor del futuro.
La bien conocida propiedad privada es la que ha hecho crisis. No la de consumo personal o la resultante del trabajo creador de quien luego la disfruta. Es la resultante de la plusvalía denunciada por Marx como caracterizadora del capitalismo, la resultante de la esclavitud conocida desde mucho antes y no identificada como capitalista aunque todavía impera en el mundo actual con la explotación de inmigrantes, del trabajo infantil, la prostitución y las dependencias generadas por la drogadicción y el narcotráfico, además de las creadas por el engaño, el analfabetismo y la desesperanza promovidos por élites nacionales y extranjeras manipuladoras de la cultura y la economía popular.
En crisis está la propiedad privada que ampara el desenfreno egoísta de los ladrones de recursos estatales, sociales y naturales de todo tipo, apropiándose directamente de ellos o cediéndolos a sus iguales, como lo hecho por gobernantes prepotentes con la privatización de tierras durante siglos entregadas con todos sus contenidos, incluida su población originaria, con la privatización de los minerales de la profundidad de la tierra y los mares, con la del agua y el aire que nos rodean y con todas sus características naturales, como su capacidad de sostener la vida, o las comunicaciones por sus cualidades electromagnéticas. Ya las especies vivas son patentables para beneficio exclusivo de sus “propietarios”, y a ellos deberá pagarse tributo, como los intereses comerciales y financieros todavía vigentes, antes diezmos o gabelas que sin ser privativos del capitalismo, por siglos han nutrido las arcas privadas de los poderosos.
El pudoroso manto con que la propiedad privada ampara formas criminales de apropiación personal luego incuestionadas, desde las sutiles plusvalías o convites a dejar las tierras para evitar que sean los hijos huérfanos quienes las abandonen, hasta sangrientas imposiciones como la guerra del opio, o el despoblamiento esclavista africano, o las ocupaciones territoriales y explotación de aborígenes como la de un Congo Belga de propiedad internacionalmente reconocida como de un solo individuo. Y esa propiedad privada rige ciertamente en la sociedad capitalista que públicamente asesina cientos de miles de pobladores civiles y nutre las élites financieras, o del complejo industrial militar mundial, o a los funcionarios y sus compinches (contratistas o concesionarios) que disponen de fondos públicos estatales, y también genera, inocultablemente, las crisis diversas que identificadas como financiera, alimenticia, social, hidráulica, energética o ecológica, tienen junto a sus negativos sustentos éticos de codicia, ambición o rapacidad humanas, los amparos que la muy perceptible propiedad privada ofrece al yo de cada uno, sin la contravaloración que otra forma de propiedad, la vinculada al nosotros, todavía espera por su visibilidad y reconocimiento vivos.
Es conocida la práctica de los explotadores de asumir discursos populistas adormecedores de las masas, y aceptando que la crisis capitalista induzca una avalancha de estados que se proclamen socialistas por el hecho de tomar un protagonismo más activo en el uso de los recursos estatales, no ya solamente en su distribución pública, sino en su actuación como productores de bienes materiales y de servicios, ¿qué cambiará la comprensión de la propiedad estatal como compartida en una población dominada por la misma e incuestionada propiedad privada que esencialmente ha provocado las crisis de hoy, y también contribuyó a la crisis que en su momento volatilizó estados proclamados socialistas con decenios de maduración y descomposición de su experimento social?
Es necesario establecer una denominación nueva al tipo de propiedad, la compartida, que acepta el derecho de otros a también decidir sobre lo indivisible poseído por el yo exclusivo de la privada. En ambas propiedades está integrado el yo de cada miembro de la sociedad, y ambas deben ser percibidas como vivas y reales, como ya lo es la privada, y deben ser componentes incuestionadas de la existencia individual y social de cada persona. Su identificación genérica como propiedad estatal no satisface los casos en que su alcance corresponda a comunidades no constituidas como todo o parte de un estado nacional, o se trate de estados que no reconozcan las propiedades estatales como de todo el pueblo, y su calificación de socialista tampoco, por ser tal atributo empleado en múltiples lugares para significar el tipo de distribución hecha por los funcionarios y gobernantes así conceptuados, con atención priorizada a las clases desposeídas y humildes que sostienen su poder. Igual sucede en los estados capitalistas con el uso de la propiedad estatal, ya implícitamente aceptada como capitalista, y los beneficios preferentes que en consecuencia reciben sus constituidas clases dominantes.
No es equivalente la perceptibilidad que la propiedad privada tiene para quien la ejerce, a la que brinda la propiedad estatal. Quien decide y actúa sobre la propiedad estatal lo hace como cualquier trabajador lo hace con los bienes ajenos puestos a su disposición, cualquiera que sea su propietario. Sin la consideración de afectaciones personales que pueda tener quien actúa sobre lo propio, ni las satisfacciones o angustias por ello derivadas, quien actúa sobre cualquier propiedad ajena lo hace en base a las condicionantes y los valores éticos que posibilitan y rigen su actuación, y la conciencia de controles externos, de los jefes y colectivos que vinculados a la persona o a la propiedad considerada, podrán ejercer múltiples acciones, positivas y negativas, que influirán en la autovaloración del así actuante sobre la propiedad ajena. Le habrán faltado las sensaciones y percepciones derivadas de las macro y microdecisiones, desde destruirla hasta simplemente moverla por ejemplo, que independientes de valoraciones ajenas, caracterizan individualizadamente la actuación sobre la propiedad personal.
La actuación de gobernantes y funcionarios sobre las propiedades estatales, con la sola vivencia personal de la propiedad privada, hace que inconscientemente vayan diferenciándose del resto de la población por ser ellos quienes conocen, deciden y controlan, aún e independientemente a que lo hagan con la mejor intención del bien público, son los que reciben las propuestas y demandas del resto de la población, las evalúan, priorizan, contrastan los recursos o decisiones que demandan con los conocidos y disponibles a aplicar, y como propietarios activos deciden en definitiva el qué, cómo y dónde aceptan poner al servicio del resto de la población, la que reconocida por todos también como propietaria de los recursos y servicios estatales, resulta propietaria pasiva de ellos, peticionaria no participante en los procesos decisorios que inevitablemente transforman a la personalidad de sus protagonistas.
Propietarios pasivos también así formados por el distanciamiento que resulta entre su acción política vinculada a la selección y apoyo a los gobernantes reconocidos como efectivos transformadores de la sociedad requerida de cambios, y su limitada acción, si alguna fuera de sus pedidos de soluciones subordinadas a la acción de los primeros, y que distanciados de toda práctica participativa en el uso de sus propiedades estatales, pasan a conceptuarlas como de otros, o de nadie, con todas las derivaciones negativas que de ello resultan en la vida social.
Los propietarios activos que como gobernantes y funcionarios de entidades estatales reconocidamente solidarias son así selectiva e inconscientemente formados, demandan además cuidados derivados de la todavía vulnerable base social de que surgen como vanguardias reconocidos del proceso de cambio social que promueven, ejercitan y defienden. Enfrentan demandas en su acción cotidiana que por su diversidad, magnitud y complejidad mucho superan sus capacidades y vivencias previas, y se impone cierta tolerancia frente a posibles equivocaciones que su inexperiencia justifique. Junto al costo inevitable de esta protección a los cuadros revolucionarios, vale considerar soluciones como las empleadas por Che Guevara con sanciones administrativas de trabajo físico distante -Guanahacabibes- sin menoscabo alguno al reconocimiento político de los cuadros así madurados para nuevas tareas de gobierno.
Es tarea de los gobernantes progresistas hacer efectivo el logro de la perceptibilidad en todos del carácter compartido de la propiedad estatal, nada equivalente a la que pueda desarrollarse con intensa participación política ciudadana sobre los acontecimientos que puedan desarrollarse en cualquier pueblo en convulsión social. Las propiedades estatales a considerar serán de todo tipo, materiales, financieras e intangibles, como pueden serlo desde las organizativas que fundamentan la existencia de las entidades estatales, hasta las legales que las estabilizan, o patentes, o los derechos sobre la biodiversidad territorial. La participación efectiva de cada ciudadano sobre sus propiedades compartidas, en decisiones actuantes sobre lo que una planificación participativa y realista determine, hará que el funcionario sienta su subordinación, ya sentida tradicionalmente frente a sus jefes administrativos y políticos, a los anónimos ciudadanos que por mecanismos por establecer lleguen hasta ellos, de igual modo que ellos mismos podrán sentirse condueños de las otras propiedades estatales, todas compartidas y diferentes a las oficialmente asignadas a sus cargos.
Serán las fuerzas progresistas las que al crear el tipo de propiedad que aporte componentes sociales a la subjetividad de la hoy absolutamente individualista propiedad privada, comiencen el proceso de asimilación y extensión en toda la población que vaya formando las nuevas subjetividades imprescindibles para darle sostenibilidad y perfeccionamiento continuos a la deseada nueva sociedad (socialista, comunista, libertaria o como se quiera llamar).
La propiedad socialista identificada como “compartida” será la perteneciente al total de la población de un territorio, reconocida como perteneciente a la entidad estatal que allí gobierne, y sobre la que cada ciudadano adulto personalmente esté facultado para hacer pleno ejercicio de sus facultades como propietario activo en el sentido de (a) tener acceso en cualquier momento al conocimiento del alcance de tal propiedad, y de los destinos y responsables de su empleo, según lasa regulaciones hechas con tales propósitos; (b) solicitar informaciones específicas complementarias; (c) estar facultado para reclamar respuestas omitidas o insatisfactorias a tres instancias de la organización estatal: (c1) los responsables directos establecidos para el empleo de la propiedad investigada, y las entidades estatales de supervisión y control establecidas, (c2) los representantes ante el gobierno de la persona reclamante, elegidos por su voto directo, y
(c3) la Contraloría, que también elegida con su voto directo independientemente del correspondiente a los elegidos para el gobierno estatal, esté facultada para intervenir ante la omisión de respuesta por los precedentes, y a su vez esté sujeta a control gubernamental pasivo; y, con muy alta perceptibilidad, (d) participar en la decisión sobre el uso de los recursos asignados para la planificación local territorial que le corresponda, y en el control activo de su empleo para la adquisición, construcción, puesta en servicio y explotación de lo decidido con su participación personal.
Hay experiencias nacionales, en países tanto capitalistas como socialistas, exsocialistas y emergentes, donde la propiedad estatal se ha empleado eficientemente, con logros en producciones y servicios exitosos, y logros conceptuales e instrumentales de valioso potencial para la consolidación de sociedades más justas. Esos desarrollos se han basado en estructuras de capitalismo de estado, ya sea por su naturaleza incuestionada, o por ser el encontrado por las fuerzas progresistas en su acceso al poder, o por la aceptación coyuntural de ese paso atrás que luego se generalizó por el llamado socialismo real. En ningún caso a saber ha tenido tratamiento público y ejercitación colectiva la propiedad compartida entre todos sus habitantes, con acceso de cada uno a decisiones que en algún grado le hayan hecho perceptible la validez de su participación personal, con independencia de lo que sus delegados al gobierno hayan podido también aportar, y con quienes habrá debido sostener una relación estrecha, siempre voluntaria, y vinculada en este caso al empleo de los recursos estatales, independientemente de la multitud de otros temas políticos y de otros tipos que hayan podido tratar entre ellos.
El ejercicio de la propiedad compartida que con alcances familiares o comunitarios relativamente pequeños ha sido impugnada como primitiva, y ha carecido en consecuencia de desarrollos tecnológicos (conceptuales e instrumentales), hoy puede desarrollarse a escala estatal con apoyo de experiencias maduradas por naciones con dirección centralizada apoyadas en la planificación y en la automatización, y maduradas también por colectivos que descreídos del apoyo estatal central, por años han desarrollado acciones comunitarias en países como Brasil y Venezuela a través de los llamados presupuestos participativos. El estado indio de Kerala, con unos 29 millones de habitantes, ha desarrollado a escala estatal una experiencia de gran interés en la integración de todos los niveles de actuación del cuerpo social.
El crear una nueva sociedad demanda pensarla y también ejercitarla, y los inevitables ajustes que se deriven de la práctica exigen de cualquier modo tener un patrón de desarrollo en el que la propiedad estatal, como medio de formación ideológica y material de la sociedad, demanda un tratamiento público en que deben desecharse los economicismos chatos que en su momento tanto perjudicaron a los movimientos progresistas, pero que sin embargo demandan atención privilegiada, especialmente en estos tiempos de crisis global. Los países de tendencias progresistas deberán desarrollar y mostrar experiencias participativas sobre la propiedad estatal, que así sea sentida como compartida entre el yo y el nosotros, y consecuentemente propicie sociedades donde la propiedad privada alcance las racionalidades y éticas que ha perdido en el transcurso de siglos, especialmente en el último.
Deberán evitarse experiencias ya probadas en los estados llamados socialistas, donde la publicitada planificación participativa, con intercambio de criterios entre los niveles más altos de dirección estatal y los de obreros de producción directa aseguraría las óptimas determinaciones de los objetivos planificados rectores luego de la acción de todos. La ausencia de controles realmente participativos sobre lo así planificado pudo inutilizar la validez de los discursos motivadores de la participación popular. La voluntad política requerida para la instrumentación de tales tipos de planificación y control populares imprescindibles, deberá también considerar las limitantes que plantea el imprescindible equilibrio, acorde a las condiciones de cada momento, entre las asignaciones de recursos estatales dadas a cada uno de los niveles de dirección de la sociedad, desde el primer nivel de gobierno o actividad comunal, políticamente imprescindible, hasta el de la jefatura del estado nacional.
Las demandas acumuladas de todo tipo son reconocibles a escala de toda la sociedad, y con ese alcance deben identificarse, cuantificarse y evaluarse precisamente por los niveles globales y centrales de gobierno, también urgidos de acometer acciones que aseguren máxima efectividad, visibilidad y sostenibilidad en sociedades sometidas a fuertes cuestionamientos mediáticos por las anteriores fuerzas de poder económico y político ahora en peligro de la pérdida definitiva de sus privilegios ancestrales.
Deberá reconocerse por todos el predominio del aseguramiento de las mayores asignaciones de recursos estatales a los niveles centrales de dirección, gestores del cambio social en proceso y objetivos reconocidos de los ataques tanto de los enemigos de esos cambios, como de los inconformes con sus resultados inmediatos. Sin embargo será imprescindible también la asignación de recursos mínimos para que a nivel comunal cada habitante adulto del territorio pueda participar en decisiones sobre recursos de todos, compartidos, que se reflejen luego en resultados tangibles asegurados por su seguimiento y control permanente por sus así propietarios ya activos y efectivos.
El sistema de gobierno popular establecido demandará un efectivo acercamiento de cada ciudadano a cada uno de los representantes por él elegidos para actuar en su nombre en las distintas instancias de gobierno. Del diálogo así surgido deberán establecerse relaciones de respeto mutuo entre funcionarios y ciudadanos, y que no muestran los primeros cuando actitudes burocráticas corrompen las relaciones sociales, y refuerzan el distanciamiento entre propietarios activos, autoevaluados como sólo responsables ante sus superiores jerárquicos, y pedigüeños propietarios pasivos, sólo “propietarios” por recibir los beneficios que los primeros les otorgan.
Una permanente pugna de prioridades e intereses se establecerá entre los distintos niveles de dirección estatal, y deberá cuidarse la protección del nivel más vulnerable, el de base, por cuanto será en él donde se irá formando la persona nueva que establemente perfeccione la sociedad consensuada por todos. Podrán aparecer tecnicismos que de hecho inhabiliten decisiones tomadas por los niveles menos globales, como puede ser la monetización del plan para homogeneizar sumatorias, y con eso diluir en genéricas cifras financieras los contenidos específicos decididos por la base, propiciando su cambio por otros financieramente equivalentes con descrédito del movimiento político logrado con su determinación primera. Resultan también manipulables los planes en su medición exclusivamente monetaria, con incrementos de precios o de pagos que aparenten mayores producciones que las reales, y lo atractivas que puedan parecer así las estadísticas y evaluaciones de cuadros administrativos y políticos basadas en los “cumplimientos de plan” así logrados.
Las nueva propiedad por crear, la compartida, con espacio para el nosotros junto al yo antes solitario, deberá aportar las percepciones individuales que junto a las de la propiedad privada, tengan una coexistencia donde el protagonismo de cada una pueda variar según las experiencias que la sociedad brinde en apoyo de la nueva, pues la otra ha sido la única implícita y explícitamente promovida por las élites gobernantes de la sociedad globalizada hoy en crisis.
Será determinante en el avance de esta experiencia la voluntad política de las fuerzas progresistas que actuando en algún nivel de gobierno, y con acceso a recursos estatales siempre insuficientes frente a las demandas acumuladas por su base social, hagan dejación de su tradicional derecho a decidir institucionalmente sobre todos ellos, y cedan un porciento mínimo pero suficiente, para que su empleo sea decidido directamente por los habitantes de todas y cada una de las comunidades de base que puedan constituirse en el territorio por ellos gobernado.
La opción tangible de desarrollo de la propiedad compartida, como vertiente de actuación en gobiernos progresistas, estará facilitada por las comunidades de base que nombradas consejos comunales en Venezuela, o comités de defensa de la revolución en Cuba, o wards en Kerala, o de cualquier otro modo en naciones en profunda transformación social, motiven la participación de sus miembros en la selección, control activo y provecho de los recursos estatales que puestos a su disposición plena, acrecienten su percepción de la propiedad compartida.
Podrá también crearse la conciencia de la propiedad compartida, de cada uno, por la oposición pública a gobiernos, empresas o personas de cualquier tipo que actúen corrupta o ilegalmente sobre propiedades colectivas o estatales, y así las enajenen del usufructo de todos. Lo que así vale desde la escala de barrio o empresa a la de nación, hará de las demandas legales, parlamentarias o callejeras, formas de concientización pública de la obligación de los gobernantes a responder ante todos por las propiedades de todos, las estatales, empresariales o comunales. Para ello deberá movilizarse la mayor cantidad de población posible, ya sea como firmantes de solicitudes o denuncias, como manifestantes o como huelguistas. La movilización política podrá demandar soluciones sociales, educacionales, ecológicas o sanitarias entre muchas, pero las demandas económicas asociadas al empleo o la privatización presente o pasada de los recursos colectivos serán las que contribuyan a la conciencia de propiedad compartida imprescindible para la formación y supervivencia de la sociedad nueva, y serán especialmente efectivas en estados en que las fuerzas gobernantes no favorezcan la visibilidad de la trascendencia de las decisiones de gobierno sobre el empleo de sus propiedades.
El burocratismo, encontrado por igual en el capitalismo atomizador de pueblos y en el socialismo requerido de su máxima unidad social, ha sido reconocido desde el comienzo de los intentos del socialismo estatal que tiene menos de un siglo de maduración real, reiteradamente denunciado y periódicamente proclamado su combate, pero logra frustrar esas proclamas y corrompe valiosos cuadros revolucionarios sin que la conciencia de su existencia evite su resurgimiento triunfal. Lo promueven la propiedad privada en solitario, y la consecuente división entre propietarios activos y propietarios pasivos así inconscientemente cultivada.
Será preciso también localizar los escondites con que la propiedad privada se enmascara en populistas valores socializantes, como lo son las soluciones empresariales cooperativas, o de trabajadores accionistas, o de pequeñas y medianas empresas (PYME), todas promotoras del individualismo de sus miembros, que como sus propietarios privados, ajenos al resto de la sociedad a que pertenecen y aspirantes embozados o no a capitalistas de mayor alcance, se apoyan en la máxima explotación y precariedad de los empleados que de una u otra forma quedan subordinados a su gestión empresarial. El simple aumento de ingresos familiares populares por donación estatal, sin aumento de las capacidades de recuperación con producciones y comercializaciones estatales, de hecho nutrirá al empresariado privado, así solo quizás presionado por impuestos de permanente cuestionamiento para sus medios informativos y publicitarios. Con el apoyo financiero a estas soluciones populistas se habrán restado recursos estatales, de todos, a la capacidad de invertir en el desarrollo de la propiedad compartida en todos los niveles del estado, incluido el más tangible y novedoso, el comunal.
Ya en la histórica defensa del sistema presupuestario que Che Guevara practicó exitosamente en contraposición del sistema de autofinanciamiento empresarial promovido por el solapado capitalismo de estado soviético, se contrastaban los enfoques de la todavía hoy intangible propiedad compartida defensora del nosotros trabajando juntos, y la propiedad privada defensora del individualismo que a escala personal y empresarial promete eficiencias luego extendidas al complejo social del yo, del nosotros y de los otros...
Otro enmascaramiento de la propiedad privada está en el cuestionamiento del salario que no retribuye los nuevos valores creados por el trabajador considerado, y su reclamo de justicia a las entidades estatales comprometidas con su pago. Con la creación de una propiedad compartida con resultados tangibles en la vida social, tanto por la participación de cada uno en su control activo (conociendo y decidiendo) como en la visibilidad de sus resultados materiales, cambiará totalmente la valoración del salario y la justicia de su acercamiento al plusvalor generado por el trabajador.
Lo enjuiciado como justo conlleva la máxima entrega al trabajador de lo que personalmente haya aportado, suponiéndose que el individuo se sentirá así bien defendido. Sin embargo siempre le será cuestionable cuánto se le quita, suponiendo conocido lo aportado, y cuánto se asigna a quienes aseguraron la construcción, el equipamiento y la protección de su entidad y su puesto de trabajo, a quienes aportaron junto a él, o lo hicieron temporalmente en servicios indirectos como dirección, comercialización o transporte, así como cuánto se entrega al resto de la sociedad para la solución de necesidades colectivas elementales, como salud, educación, seguridad social, gobierno, infraestructura técnica como calles o acueductos, y otras muchas necesidades de ese trabajador, sus familiares, sus vecinos y sus no vecinos, todos requeridos de imprescindible atención social aunque no estén vinculados a actividades laborales, como niños, enfermos o jubilados.
La inconformidad derivada de la impracticable determinación de esos valores estará toda ella dominada por esa propiedad privada que cada uno deberá defender para la justa, o eternamente injusta paga salarial, y desaparece totalmente cuando se valora la justicia del salario en términos de ser parte de todo el aporte que el trabajo de cada uno hace a la propiedad compartida, la que brinda resultados tangibles y crecientes derivados de la participación consciente y activa de cada uno en ella.
La aceptación de trabajar por un salario a sabiendas que los valores producidos son mayores que los recibidos está reconocida por los millones de trabajadores que en todo el mundo contribuyen a la riqueza material y espiritual de sus pueblos. En cada sitio algo recibe el trabajador como salario, y la satisfacción del resto de sus necesidades llegará a él, o no, según la organización social en que viva.
Podrán establecerse gobiernos solidarios que aseguren salarios o ingresos mínimos en sus pobladores, pero no serán los tecnicismos de establecer el aporte individual de cada trabajador los que determinen la justicia del sistema social vigente. Lo será la calidad de vida alcanzable a partir de lo que personalmente pueda adquirirse con lo recibido como salario, de todo lo que la sociedad proporcione según el modo en que esté organizada, y de los valores culturales que la motiven. Si por ejemplo ayer la persona debía pagar con su salario los cuidados de salud, de educación y de vivienda de quienes de ella dependieran, y luego le son brindados gratuitamente, ello se habrá logrado por el plustrabajo no cobrado, pero disfrutado por su transferencia a la organización social por su institución de gobierno, el Estado. La pérdida de importancia del interés individual por retirar del uso por otros lo creado por esfuerzo propio, y que se le hará tangible en la medida en que participe en su empleo como propiedad compartida, será lo que abra la factibilidad de sociedades sustentadas en propiedades sociales, pero sensorialmente perceptibles como de cada uno, y de todos.
Con el ejercicio por todos los habitantes de un territorio de nuevas prácticas de actuación sobre la propiedad estatal, con nuevos referentes tangibles y conscientes, además de las valoraciones personales, éticas y legales, que por gobernantes y funcionarios han constituido frente a sus jefes y colectivos las prácticas tradicionales del enfrentamiento a la propiedad estatal, se evitarán graves divisiones entre prepotentes propietarios activos y pedigüeños propietarios pasivos que pueden frustrar cualquier intento de construir sociedades sin los individualismos extremos promovidos por la propiedad privada hoy impuesta al mundo y que tan costosa puede resultar para la unidad de un pueblo en proceso de crear una sociedad más justa y de todos.
La crisis para los asalariados: Los trabajadores afectados por un ERE se multiplican por 16
El número de trabajadores afectados por ERE's se multiplicó casi por 16 hasta marzo debido a la crisis económica. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
Kaos. Laboral y Economía | agencias
El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se multiplicó casi por 16 hasta marzo debido a la crisis económica. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
En concreto, 180.579 trabajadores se vieron afectados por un ERE en el primer trimestre de 2009, frente a los 11.375 en el mismo periodo de 2008, lo que, en términos relativos, implica una subida del 1.487%. Por su parte, el número de ERE autorizados por Trabajo se incrementó un 466%, hasta sumar 4.660 expedientes, frente a los 823 de un año antes.
Hasta la fecha, el número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo supera ya en algo más de 30.000 personas a todos los trabajadores que se vieron inmersos en un ERE durante el conjunto de 2008 (148.088).
A diferencia de meses pasados, donde el sector de la construcción se adjudicó los registros más desfavorables, los trabajadores de la industria, donde se incluye el sector de la automoción, fueron los que se llevaron la peor parte en el primer trimestre, llegando incluso a multiplicarse por 22,5 el volumen de afectados por un ERE en este sector.
En total, 148.100 empleados de la industria se vieron inmersos en un ERE durante los primeros tres meses del año, cifra que representa un incremento del 2.157% respecto al mismo periodo de 2008, cuando fueron 6.562 los afectados.
La mayor parte de los trabajadores de la industria inmersos en regulaciones de empleo fueron objeto de suspensiones temporales, con 134.732 afectados, multiplicando por casi 63 las registradas entre enero y febrero de 2008 (2.147).
En la construcción, los trabajadores afectados por un ERE fueron 4.392, diez veces más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que en los servicios los afectados sumaron 25.254, un 535,8% más. La agricultura, por su lado, también ha experimentado un crecimiento exponencial de los afectados por regulaciones de empleo, pasando de 420 afectados en los tres primeros meses de 2008 a 2.833 en igual periodo de 2009.
Suspendidos de empleo
De los 4.660 ERE registrados hasta marzo, 4.187 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 473 no pactados, afectando, respectivamente, a 154.295 y 26.284 trabajadores.
Del total de expedientes autorizados en los tres primeros meses del año, 2.529 se encuadran en la industria, con un aumento del 635%, mientras que 1.468 lo hacen en los servicios (296,7%), 378 en la construcción (1.119%) y 285 en la agricultura (265,4%).
Hasta marzo, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por las autoridades laborales se incrementó un 119% en tasa interanual, con 1.163 procesos. Estos expedientes significaron el despido de 17.936 trabajadores, un 125,2% más.
Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo ascendieron a 3.122 hasta marzo, casi 12 veces más que en igual periodo de 2008, mientras que el número de afectados por estos expedientes se multiplicó por casi 49, con 157.807 trabajadores. Hoy mismo, la empresa Mecalux ha anunciado un ERE temporal para 987 trabajadores.
El Gobierno estima que, entre octubre de 2008, mes en el que empezó a repuntar el número de ERE, y diciembre de 2009, un total de 617.600 trabajadores se verán afectados por un expediente de regulación de empleo de suspensión temporal, de los que 247.000 acabarán siendo despedidos.
Los cálculos del Ejecutivo se refieren al periodo octubre 2008-diciembre 2009 porque son precisamente esos 15 meses los que se tendrán en cuenta a efectos de la reposición de prestaciones por desempleo y de la concesión de bonificaciones a las empresas que presenten un ERE de suspensión.
Estas dos iniciativas forman parte del Decreto-Ley de medidas urgentes contra el paro que aprobó el Gobierno sin el acuerdo de los agentes sociales y que el Congreso decidió tramitar como proyecto de ley. El plazo para introducir enmiendas a este texto termina mañana, aunque podría aprobarse una nueva ampliación.
Kaos. Laboral y Economía | agencias
El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se multiplicó casi por 16 hasta marzo debido a la crisis económica. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
En concreto, 180.579 trabajadores se vieron afectados por un ERE en el primer trimestre de 2009, frente a los 11.375 en el mismo periodo de 2008, lo que, en términos relativos, implica una subida del 1.487%. Por su parte, el número de ERE autorizados por Trabajo se incrementó un 466%, hasta sumar 4.660 expedientes, frente a los 823 de un año antes.
Hasta la fecha, el número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo supera ya en algo más de 30.000 personas a todos los trabajadores que se vieron inmersos en un ERE durante el conjunto de 2008 (148.088).
A diferencia de meses pasados, donde el sector de la construcción se adjudicó los registros más desfavorables, los trabajadores de la industria, donde se incluye el sector de la automoción, fueron los que se llevaron la peor parte en el primer trimestre, llegando incluso a multiplicarse por 22,5 el volumen de afectados por un ERE en este sector.
En total, 148.100 empleados de la industria se vieron inmersos en un ERE durante los primeros tres meses del año, cifra que representa un incremento del 2.157% respecto al mismo periodo de 2008, cuando fueron 6.562 los afectados.
La mayor parte de los trabajadores de la industria inmersos en regulaciones de empleo fueron objeto de suspensiones temporales, con 134.732 afectados, multiplicando por casi 63 las registradas entre enero y febrero de 2008 (2.147).
En la construcción, los trabajadores afectados por un ERE fueron 4.392, diez veces más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que en los servicios los afectados sumaron 25.254, un 535,8% más. La agricultura, por su lado, también ha experimentado un crecimiento exponencial de los afectados por regulaciones de empleo, pasando de 420 afectados en los tres primeros meses de 2008 a 2.833 en igual periodo de 2009.
Suspendidos de empleo
De los 4.660 ERE registrados hasta marzo, 4.187 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 473 no pactados, afectando, respectivamente, a 154.295 y 26.284 trabajadores.
Del total de expedientes autorizados en los tres primeros meses del año, 2.529 se encuadran en la industria, con un aumento del 635%, mientras que 1.468 lo hacen en los servicios (296,7%), 378 en la construcción (1.119%) y 285 en la agricultura (265,4%).
Hasta marzo, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por las autoridades laborales se incrementó un 119% en tasa interanual, con 1.163 procesos. Estos expedientes significaron el despido de 17.936 trabajadores, un 125,2% más.
Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo ascendieron a 3.122 hasta marzo, casi 12 veces más que en igual periodo de 2008, mientras que el número de afectados por estos expedientes se multiplicó por casi 49, con 157.807 trabajadores. Hoy mismo, la empresa Mecalux ha anunciado un ERE temporal para 987 trabajadores.
El Gobierno estima que, entre octubre de 2008, mes en el que empezó a repuntar el número de ERE, y diciembre de 2009, un total de 617.600 trabajadores se verán afectados por un expediente de regulación de empleo de suspensión temporal, de los que 247.000 acabarán siendo despedidos.
Los cálculos del Ejecutivo se refieren al periodo octubre 2008-diciembre 2009 porque son precisamente esos 15 meses los que se tendrán en cuenta a efectos de la reposición de prestaciones por desempleo y de la concesión de bonificaciones a las empresas que presenten un ERE de suspensión.
Estas dos iniciativas forman parte del Decreto-Ley de medidas urgentes contra el paro que aprobó el Gobierno sin el acuerdo de los agentes sociales y que el Congreso decidió tramitar como proyecto de ley. El plazo para introducir enmiendas a este texto termina mañana, aunque podría aprobarse una nueva ampliación.
CC OO del País Vasco se echa este sábado a la calle en contra de la crisis
El sindicato convoca una gran manifestación en Bilbao, en defensa de la protección social y la reactivación económica
El Correo J. L. GALENDE | BILBAO
Nunca antes el sindicato CC OO de Euskadi, el segundo de la comunidad tras ELA, ha realizado un esfuerzo tan importante para sacar a la gente a la calle como el llevado a cabo con motivo de la manifestación convocada para este sábado en Bilbao. Protestará contra la crisis y sus consecuencias y demandará medidas de protección social y de reactivación económica. Una movilización «abierta» a la que su secretario general invita «a toda la sociedad» y que tiene lugar cinco días antes de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos nacionalistas para el 21, que la central que dirige Unai Sordo no comparte.
Con mensajes personales a la mayor parte de los «55.000 afiliados de la central» y la previa celebración en las últimas semanas de asambleas y movilizaciones comarcales con todos los delegados, el sindicato pretende reunir el día 16 en Bilbao a «miles de personas» bajo una triple reivindicación, que su líder resume en «priorizar en el diálogo social las medidas que palíen la situación de los desempleados», aplicar fórmulas «de reactivación» de la economía y «transferir a Euskadi las políticas activas de empleo».
La huelga general no es un recurso que CC OO haya descartado, señala Sordo, y dependerá de cómo se desarrolle el diálogo social y las actuaciones de las administraciones en contra de la crisis. Pero se trata de una medida, advierte, que debe tener «unos objetivos» y la «última herramienta» en poder de los sindicatos. Desde la opinión de que una protesta de ese calibre «debe ser útil», no comparte la convocada por las centrales nacionalistas para el día 21, que además califica de «pretendidamente excluyente» dado que Comisiones no fue consultada para su convocatoria.
Respuesta sindical
Unai Sordo denuncia que CC OO está viendo intentos de «condicionar las relaciones laborales desde las empresas», que aprovechan las dificultades generadas por la crisis para buscar la «desregulación y la flexibilidad». Un ataque que, considera, «exige una respuesta y una atención sindical».
Respecto a la situación económica y su salida, subraya que hay «mucha inseguridad e incoherencia», y expresa su temor de que si se alarga va a tener efectos más graves que los conocidos hasta ahora. Las medidas que se apliquen para la reactivación no deben pasar, añade, por las que propugna el PP de reducir los impuestos y la intervención de las administraciones públicas: «pueden agravar la situación».
La manifestación del sábado comenzará a las 11:30 de la mañana en la Plaza del Sagrado Corazón y finalizará junto al Ayuntamiento de Bilbao. El lema escogido para la ocasión es 'Ez da zure krisia ba- ina bai zure eskubideak (No es tu crisis, pero sí son tus derechos). Díselo en la calle'.
Dos días antes de la marcha que CC OO de Euskadi celebra en Bilbao, medio millar de delegados del sindicato participarán en Madrid en una «euromanifestación» organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que se celebrará también de forma simultánea en Berlín, Praga y Bruselas y que tiene por objetivo la exigencia de medidas bajo el lema 'Combatir la crisis. Lo primero, el empleo'.
El Correo J. L. GALENDE | BILBAO
Nunca antes el sindicato CC OO de Euskadi, el segundo de la comunidad tras ELA, ha realizado un esfuerzo tan importante para sacar a la gente a la calle como el llevado a cabo con motivo de la manifestación convocada para este sábado en Bilbao. Protestará contra la crisis y sus consecuencias y demandará medidas de protección social y de reactivación económica. Una movilización «abierta» a la que su secretario general invita «a toda la sociedad» y que tiene lugar cinco días antes de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos nacionalistas para el 21, que la central que dirige Unai Sordo no comparte.
Con mensajes personales a la mayor parte de los «55.000 afiliados de la central» y la previa celebración en las últimas semanas de asambleas y movilizaciones comarcales con todos los delegados, el sindicato pretende reunir el día 16 en Bilbao a «miles de personas» bajo una triple reivindicación, que su líder resume en «priorizar en el diálogo social las medidas que palíen la situación de los desempleados», aplicar fórmulas «de reactivación» de la economía y «transferir a Euskadi las políticas activas de empleo».
La huelga general no es un recurso que CC OO haya descartado, señala Sordo, y dependerá de cómo se desarrolle el diálogo social y las actuaciones de las administraciones en contra de la crisis. Pero se trata de una medida, advierte, que debe tener «unos objetivos» y la «última herramienta» en poder de los sindicatos. Desde la opinión de que una protesta de ese calibre «debe ser útil», no comparte la convocada por las centrales nacionalistas para el día 21, que además califica de «pretendidamente excluyente» dado que Comisiones no fue consultada para su convocatoria.
Respuesta sindical
Unai Sordo denuncia que CC OO está viendo intentos de «condicionar las relaciones laborales desde las empresas», que aprovechan las dificultades generadas por la crisis para buscar la «desregulación y la flexibilidad». Un ataque que, considera, «exige una respuesta y una atención sindical».
Respecto a la situación económica y su salida, subraya que hay «mucha inseguridad e incoherencia», y expresa su temor de que si se alarga va a tener efectos más graves que los conocidos hasta ahora. Las medidas que se apliquen para la reactivación no deben pasar, añade, por las que propugna el PP de reducir los impuestos y la intervención de las administraciones públicas: «pueden agravar la situación».
La manifestación del sábado comenzará a las 11:30 de la mañana en la Plaza del Sagrado Corazón y finalizará junto al Ayuntamiento de Bilbao. El lema escogido para la ocasión es 'Ez da zure krisia ba- ina bai zure eskubideak (No es tu crisis, pero sí son tus derechos). Díselo en la calle'.
Dos días antes de la marcha que CC OO de Euskadi celebra en Bilbao, medio millar de delegados del sindicato participarán en Madrid en una «euromanifestación» organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que se celebrará también de forma simultánea en Berlín, Praga y Bruselas y que tiene por objetivo la exigencia de medidas bajo el lema 'Combatir la crisis. Lo primero, el empleo'.
«Aquí no sobra nadie», lema de otra campaña contra la Ley de Extranjería
Al objeto de aglutinar el rechazo social a la reforma de la Ley española de Extranjería, más de cien colectivos presentaron ayer en Bilbo la campaña «Aquí no sobra nadie». Sus promotores denuncian el «endurecimiento de las políticas migratorias que se materializan en la expulsión y el cierre de fronteras». Ante el recorte de derechos, animaron a agentes políticos, sociales y sindicales vascos a manifestar su oposición.
GARA. Agustín GOIKOETXEA
Los impulsores de la campaña ``Aquí no sobra nadie'', algo más de cien colectivos sociales, criticaron ayer el «oportunismo político» del Gobierno español, que dijeron que «aprovecha la coyuntura económica para endurecer su política migratoria, acentuando todavía más la vulnerabilidad del colectivo inmigrante». «Amparados bajo el discurso mediático de la crisis -añadieron-, incentivan el retorno disfrazándolo de ayudas al codesarrollo; incrementan las detenciones arbitrarias de personas en situación irregular; e instrumentalizan al colectivo inmigrante en función de intereses exclusivamente económicos, perpetuando así su situación de exclusión».
Los organismos y sindicatos agrupados en esta iniciativa afirmaron que la aprobación el 19 de noviembre de 2008 del anteproyecto de reforma de la Ley española de Extranjería es «un paso más hacia la violación de los derechos fundamentales» de las personas inmigrantes.
Citaron, por ejemplo, que la nueva legislación propuesta por el PSOE obstaculiza el reagrupamiento familiar de padres y madres. Para su llegada a Euskal Herria, las autoridades españolas piden a los inmigrantes autorización de residencia de larga duración y que la persona que venga tenga más de 65 años, lo que frena el reencuentro con sus seres queridos.
Por ello, reclamaron al Gobierno español que reconsidere sus planes, ya que éstos implican «un retroceso absoluto en los derechos del colectivo inmigrante, obstaculizando su plena integración». A Lakua, las diputaciones y los ayuntamientos le pidieron que se posicionen en contra del anteproyecto, al estimar que atenta contra «avances autonómicos en materia de inclusión activa». Esta solicitud la extendieron a las diferentes fuerzas políticas.
También acusaron al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de criminalizar a los menores inmigrantes, a quienes se niega la asistencia letrada en los procesos de repatriación y se les impone la expulsión en caso de infracción. En esta línea, censuraron que se haya pasado de 40 a 60 días la retención en los centros de internamiento para extranjeros por una simple infracción administrativa. Estos centros de retención, en su opinión, son «una vía de represión y marginación de personas que sólo han cometido una falta administrativa, y en ningún caso un delito que merezca como pena la privación de libertad».
Además, denunciaron que se considere una infracción grave la permanencia «irregular» de extranjeros, o la de consentir su inscripción en el padrón municipal cuando no es la vivienda su domicilio real. «Esta medida les cierra la puerta de acceso a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y la educación», subrayaron desde Harresiak Apurtuz y representantes del centenar largo de aso- ciaciones que apoyan la campaña en la CAV.
Persigue la integración
Destacaron que la nueva reforma persigue a los ciudadanos que luchan por la integración, al imponer multas de entre 501 a 10.000 euros por cada una de las personas a las que se apoye. Esta es la razón por la que reivindican la despenalización «total y absoluta« de la labor social, acompañamiento e integración» de agentes sociales y personas a los inmigrantes, especialmente a los «irregulares».
Los impulsores de ``Aquí no sobra nadie'' anunciaron que se movilizarán para dejar clara su oposición a la Ley de Extranjería y reivindicar la no discriminación y equiparación de derechos. «No cesaremos en la de- nuncia de las políticas migratorias que se materializan en la expulsión y el cierre de fronteras», manifestaron.
Lo expuesto ayer no es nuevo, pues la Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes Harresiak Apurtuz lleva más de una década denunciando la situación de «flagrante vulneración de derechos» en la que viven miles de inmigrantes. «Unas mujeres y hombres que bajo un sistema neoliberal son identificadas e identificados con el sentido más utilitarista de la mano de obra, que son constantemente criminalizadas y criminalizados en todos los discursos políticos y mediáticos, y que sufren a diario la violación de sus derechos más fundamentales», señalan.
Frente a este panorama, entienden que es «un momento de oportunidad» para denunciar la vulneración de derechos, «al tiempo que visibilizar el oportunismo del Gobierno español que pretende endurecer más si cabe la Ley de Extranjería, agudizar más si cabe la discriminación, crear más clases sociales y, en definitiva, ponerse al día con las políticas de cierre de fronteras que se están llevando a cabo en el resto de Europa», afirma Harresiak Apurtuz.
GARA. Agustín GOIKOETXEA
Los impulsores de la campaña ``Aquí no sobra nadie'', algo más de cien colectivos sociales, criticaron ayer el «oportunismo político» del Gobierno español, que dijeron que «aprovecha la coyuntura económica para endurecer su política migratoria, acentuando todavía más la vulnerabilidad del colectivo inmigrante». «Amparados bajo el discurso mediático de la crisis -añadieron-, incentivan el retorno disfrazándolo de ayudas al codesarrollo; incrementan las detenciones arbitrarias de personas en situación irregular; e instrumentalizan al colectivo inmigrante en función de intereses exclusivamente económicos, perpetuando así su situación de exclusión».
Los organismos y sindicatos agrupados en esta iniciativa afirmaron que la aprobación el 19 de noviembre de 2008 del anteproyecto de reforma de la Ley española de Extranjería es «un paso más hacia la violación de los derechos fundamentales» de las personas inmigrantes.
Citaron, por ejemplo, que la nueva legislación propuesta por el PSOE obstaculiza el reagrupamiento familiar de padres y madres. Para su llegada a Euskal Herria, las autoridades españolas piden a los inmigrantes autorización de residencia de larga duración y que la persona que venga tenga más de 65 años, lo que frena el reencuentro con sus seres queridos.
Por ello, reclamaron al Gobierno español que reconsidere sus planes, ya que éstos implican «un retroceso absoluto en los derechos del colectivo inmigrante, obstaculizando su plena integración». A Lakua, las diputaciones y los ayuntamientos le pidieron que se posicionen en contra del anteproyecto, al estimar que atenta contra «avances autonómicos en materia de inclusión activa». Esta solicitud la extendieron a las diferentes fuerzas políticas.
También acusaron al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de criminalizar a los menores inmigrantes, a quienes se niega la asistencia letrada en los procesos de repatriación y se les impone la expulsión en caso de infracción. En esta línea, censuraron que se haya pasado de 40 a 60 días la retención en los centros de internamiento para extranjeros por una simple infracción administrativa. Estos centros de retención, en su opinión, son «una vía de represión y marginación de personas que sólo han cometido una falta administrativa, y en ningún caso un delito que merezca como pena la privación de libertad».
Además, denunciaron que se considere una infracción grave la permanencia «irregular» de extranjeros, o la de consentir su inscripción en el padrón municipal cuando no es la vivienda su domicilio real. «Esta medida les cierra la puerta de acceso a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y la educación», subrayaron desde Harresiak Apurtuz y representantes del centenar largo de aso- ciaciones que apoyan la campaña en la CAV.
Persigue la integración
Destacaron que la nueva reforma persigue a los ciudadanos que luchan por la integración, al imponer multas de entre 501 a 10.000 euros por cada una de las personas a las que se apoye. Esta es la razón por la que reivindican la despenalización «total y absoluta« de la labor social, acompañamiento e integración» de agentes sociales y personas a los inmigrantes, especialmente a los «irregulares».
Los impulsores de ``Aquí no sobra nadie'' anunciaron que se movilizarán para dejar clara su oposición a la Ley de Extranjería y reivindicar la no discriminación y equiparación de derechos. «No cesaremos en la de- nuncia de las políticas migratorias que se materializan en la expulsión y el cierre de fronteras», manifestaron.
Lo expuesto ayer no es nuevo, pues la Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes Harresiak Apurtuz lleva más de una década denunciando la situación de «flagrante vulneración de derechos» en la que viven miles de inmigrantes. «Unas mujeres y hombres que bajo un sistema neoliberal son identificadas e identificados con el sentido más utilitarista de la mano de obra, que son constantemente criminalizadas y criminalizados en todos los discursos políticos y mediáticos, y que sufren a diario la violación de sus derechos más fundamentales», señalan.
Frente a este panorama, entienden que es «un momento de oportunidad» para denunciar la vulneración de derechos, «al tiempo que visibilizar el oportunismo del Gobierno español que pretende endurecer más si cabe la Ley de Extranjería, agudizar más si cabe la discriminación, crear más clases sociales y, en definitiva, ponerse al día con las políticas de cierre de fronteras que se están llevando a cabo en el resto de Europa», afirma Harresiak Apurtuz.
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