80.000 hogares vascos dependerán de la renta básica en un año si la crisis persiste

El agotamiento de las prestaciones por desempleo amenaza con duplicar el colectivo de perceptores de subsidios sociales en Euskadi

JAVIER MUÑOZ | BILBAO. DV.

El colectivo de perceptores de la renta básica, casi 40.000 ciudadanos que cobran el 88% del salario mínimo interprofesional (SMI) -624 euros en catorce pagas-, corre el riesgo de duplicarse en Euskadi si la crisis económica se prolonga y los 38.000 trabajadores que han perdido su empleo durante el último año agotan el paro. En principio, la previsión oficial es que el subsidio mensual alcance a unas 48.000 personas a finales de este año, frente a las 39.757 que lo recibían en abril pasado, lo que supone un aumento del 20%. Sin embargo, esa estimación fue realizada antes de que la recesión se manifestara en toda su crudeza, y por eso no contempla a los parados que aún subsisten con el seguro de desempleo, pero que, a medida que pasen los meses, estarán más cerca de quedarse sin él.

De momento, el incremento de beneficiarios calculado por el Gobierno Vasco corresponde esencialmente a las personas mayores que a lo largo de 2009 comenzarán a recibir un complemento económico para elevar sus bajas pensiones al 100% del SMI. Esa prestación se ha englobado ahora dentro del capítulo de la renta básica. En abril de 2008 ya habían empezado a cobrarla 5.903 individuos de edad avanzada, mientras que en los doce meses siguientes se han ido incorporando otros 5.547 beneficiarios. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta, espera que hasta diciembre próximo se vaya añadiendo un número similar o incluso superior de perceptores mayores de 65 años que todavía no han visto equiparada su pensión con el SMI.

Para hacer frente a ese escenario, recogido en el pacto social suscrito por el tripartito y el PSE-EE en la pasada legislatura, el Gobierno de Ibarretxe aumentó la dotación de la renta básica en un 14,6%, hasta llegar a los 217 millones de euros. Sin embargo, desde que se aprobaron aquellas cuentas, en diciembre pasado, el deterioro económico no ha hecho sino acentuarse. Sin ir más lejos, SOS Racismo ha alertado de que unos 38.000 inmigrantes afincados en Euskadi -casi la tercera parte de los extranjeros empadronados en la comunidad- pueden dejar de ser 'legales', ya que necesitan renovar en breve su permiso de trabajo, y ese requisito podría frustrarse debido a que el desempleo se ceba con los trabajadores foráneos.

Qué ocurrirá

La cuestión es qué ocurrirá cuando muchos parados empiecen a reclamar la renta básica, una prestación que la Ley de Garantía de Ingresos reconoce a cualquier persona sin recursos que esté empadronada en el País Vasco, si bien con condiciones. En el caso de los individuos en edad y posibilidades de trabajar -aproximadamente un tercio de todos los perceptores de renta básica- tiene dos años de duración y va unido al compromiso de apuntarse a programas de inserción laboral.

Ahora mismo, el impacto de los subsidios sobre las cuentas de la Administración vasca es incierto. No obstante, Gemma Zabaleta ha recalcado que ese asunto es «una prioridad política» para el gabinete de Patxi López. Pero aunque dejara de serlo, la Ley de Garantía de Ingresos establece que la renta básica es un derecho exigible como la sanidad y la educación.

Con este telón de fondo, el Gobierno Vasco se ha mostrado dispuesto a recurrir al endeudamiento, aunque «explicándolo y midiéndolo bien», en palabras de la consejera de Empleo. De momento, su equipo pretende agilizar la concesión de los subsidios contra la exclusión y mejorar otras prestaciones de carácter familiar, como las ayudas por hijo, que están concebidas para fomentar la natalidad, pero representan a fin de cuentas un dinero que puede ayudar a los hogares en un contexto difícil.

Un indicio de lo que se avecina en los próximos meses lo proporciona la imparable demanda de las ayudas de emergencia social (AES), un subsidio que no es mensual, sino que se concede a los ciudadanos sin recursos para afrontar gastos imprevistos en la casa, aunque en la práctica también se está utilizando para pagar el alquiler. Nada más tomar posesión de su cargo, la primera medida de la consejera Zabaleta fue aprobar una inyección de 20 millones de euros, a sumar a los 34,4 iniciales, para atender a 10.700 nuevos solicitantes de AES que se calcula que surgirán este año. Ese colectivo estará formado por ciudadanos golpeados por el paro que elevarán el total de beneficiarios de las AES hasta los 38.000.

Para hacerse una idea del impacto que está teniendo la crisis, el Gobierno Vasco ha advertido de que, si bien las dotaciones anuales para las ayudas de emergencia nunca han llegado a cubrir todas las necesidades, el dinero que se les había asignado este año se agotó casi por completo en mayo pasado. Las estadísticas oficiales son elocuentes: mientras que en 2008 el incremento de perceptores de AES ascendió a 903 personas -de 26.397 a 27.300-, un año más tarde, con la economía vasca oficialmente en recesión, el Ejecutivo autónomo ya trabaja con la hipótesis de que las solicitudes se multiplicarán, como mínimo, por doce.

Ello explica la rápida intervención del Departamento de Zabaleta para ayudar a los ayuntamientos, puesto que son ellos los que distribuyen las ayudas de emergencia y a veces han puesto el dinero de sus propias arcas. En principio, la Administración municipal aportará otros 9,6 millones al fondo general de las AES.

Tanto el Gobierno Vasco como los municipios están comprobando que junto a los perceptores tradicionales de esas prestaciones -jóvenes, mujeres solas con cargas familiares y mayores- aparecen ahora trabajadores con experiencia que han sido repentinamente expulsados del mercado laboral. «Los ayuntamientos están colapsados -aseguró Zabaleta-. Les llegan vecinos que no pueden pagar el préstamo del piso. Todavía no necesitan la renta básica, pero las AES están concebidas para ese tipo de situaciones».