miércoles, 20 de mayo de 2009

La huelga del 21-M, legítima y política

EN economía no existen fenómenos naturales, como las nubes o los montes. Todo se construye social y políticamente: los mercados, regulando lo que se compra y vende, prohibiendo por ejemplo el acceso al mercado del trabajo infantil, los cargos políticos o los virgos de las mujeres. Y también se construyen políticamente las crisis económicas, por lo que las respuestas ante ellas de trabajadores y sindicatos no pueden ser sino políticas.

DEIA. Behatokia. Francisco Letamendia

Todo régimen de acumulación se basa en una cierta convergencia entre producción y consumo. Esta convergencia, sometida a desequilibrios permanentes, se logra a través de un modo social de regulación, formado por las iniciativas de muchos agentes, sociales -entes culturales, patronales, sindicatos- y políticos. Los desacoplamientos entre producción y consumo son constantes; la forma más habitual es la crisis de superproducción, que se produce cuando los productos no se realizan en el mercado porque no existe suficiente capacidad pública y privada para adquirirlos. Los desacoplamientos pueden ser menores o mayores; en estos últimos casos, como la crisis de 1929, y después la de mediados de los 70, el régimen de acumulación da paso a otro nuevo, implantándose un nuevo modo social de regulación. A grandes rasgos, el régimen liberal-competitivo dio paso tras la posguerra al régimen fordista, y éste, en los 70, al posfordista.

Los modos sociales de regulación que han acompañado a estos regímenes de acumulación han sido fruto de decisiones conscientes de los agentes socio-económicos y los poderes públicos. El modelo fordista se basó en el Estado keynesiano de Bienestar, el cual se proponía impedir la repetición de la crisis del 29 elevando el gasto público y el salario social y legitimando a los sindicatos a fin de aumentar la capacidad adquisitiva de grupos sociales y trabajadores.

Desde fines de los 70, opciones políticas no menos conscientes dieron paso al posfordismo. Empresas y gobiernos decidieron que la competitividad en los mercados globales debía pasar por reducir los costos, especialmente el del trabajo. Pero no se redujeron los salarios en la cima, los de los trabajadores polivalentes que debían asegurar la innovación y la excelencia productiva; lo que se hizo fue alargar desmesuradamente la pirámide de la fuerza de trabajo, creando una bolsa cada vez más amplia de trabajadores flexibles de usar y tirar en la base. En ese pozo sin fondos malviven los grupos precarios que son ya en el siglo XXI una mayoría social: jóvenes a la búsqueda del primer empleo, mujeres condenadas al tiempo parcial, inmigrantes extracomunitarios... En ese esquema, el sindicalismo, o es de acompañamiento, convirtiéndose en un factor de impulsión de la competitividad empresarial y en la agencia de una elite obrera, o sobra y estorba.

Algunos modelos descollaron en esa línea; en la Unión Europea, el del Estado español. Los gobiernos socialistas de los años 80 y 90 aplicaron, con el doble pretexto de la modernización y la consolidación de la democracia, las recetas que en otras latitudes implantaban los gobiernos neo-liberales de Reagan y Margaret Thatcher. A través de unos Pactos Sociales que dieron luz verde a la flexibilidad laboral y a la construcción jurídica de la precariedad, forzaron una máquina que acabó estallando en diciembre de 1988. Posteriormente no ha habido reconducción de fondo del modelo; ni con los gobiernos de Aznar, ni con los de Zapatero. La consecuencia ha sido el aumento brutal de la precariedad. Mientras que en la Unión Europea el empleo temporal pasó de 1985 a 2001 de una media de 8,3% al 11,4%, en el Estado español el salto fue en los mismos años del 15,6% al 31,7%. En la Comunidad Autónoma, la temporalidad de los jóvenes ascendía en 2006 al 72,8%

Pero, si el Estado keynesiano del Bienestar era un mecanismo mundial anticrisis ¿qué ha ocurrido cuando el posfordismo ha arrinconado el modelo? Pues que la crisis de superproducción se ha disparado. Lo que ocurre es que durante décadas se ha ocultado gracias al subterfugio de la financiarización. Todo se compraba y vendía a crédito; el capital financiero, que se acabó imponiendo a la economía real de la agricultura, la industria y los servicios, obtenía gigantescos beneficios mediante ingenierías tan complejas que resultaban imposibles de comprender por casi todos. Y así hasta que la eclosión de las hipotecas-basura en el Gobierno Bush ha hecho explotar la burbuja inmobiliaria norteamericana. Todo el mundo descubrió entonces, como el niño del cuento, que el rey estaba desnudo; y la onda expansiva ha arrasado instituciones financieras, empresas y gobiernos a lo largo y ancho del mundo.

Las consecuencias de esta nueva gran crisis han sido demoledoras en aquellos modelos en los que la precariedad campaba por sus respetos. En el Estado español, el paro ha aumentado de marzo de 2008 a marzo de 2009 en 1,8 millones de personas, dos tercios de todos los parados de la eurozona.

Pero existen antídotos. Si la crisis es una construcción social y política consciente, también lo son los remedios.

Los trabajadores y sus sindicatos -al menos en Euskalherria- reivindican políticas de salarios altos sobre bases igualitarias, lo que no sólo no impide la excelencia productiva, sino que la fomenta; así como el fin de la precarización de los grupos discriminados. Exigen políticas fiscales y presupuestarias redistributivas, reparto de los beneficios (medidas todas ellas anticrisis, pues incrementarían su capacidad adquisitiva). Demandan asimismo el protagonismo debido en cuantas decisiones productivas, económicas y políticas les conciernen; modelo este de participación social que no se ha estrenado aún en la Comunidad Autónoma.

El instrumento por el que los trabajadores manifiestan su descontento ante las políticas perjudiciales de empresas y gobiernos ha sido siempre la huelga. La decisión de los sindicatos vascos de convocar la huelga general mañana es pues legítima. Y es política. No partidaria -cuando dicen que igual les hubiera dado convocarla con el gobierno actual que con el anterior hay que creerles-, sino política.

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